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Índice de Paz México: ¿qué nos dice sobre la seguridad en el país?


Este es el noveno año consecutivo que el Instituto para la Economía y la Paz publica el Índice de Paz México. En tal informe se busca producir datos para entender la seguridad y violencia en el país de acuerdo con indicadores que se usan para tener una visualización por tipo de delitos y la población afectada.

El informe de 2022 revela que, pese a que los homicidios disminuyeron 4 por ciento en 2021, las cifras se mantienen en niveles históricos, con más de 34,000 víctimas, equivalente a 94 homicidios por día. Esto suma 211,000 muertes desde 2015, lo que representa un aumento del 76 por ciento en siete años.

“Hemos seleccionado cinco grandes indicadores generales que tienen a su vez subindicadores: homicidios dolosos, delitos que se cometen con armas de fuego, delitos con violencia (que incluyen robo, asaltos, violencia familiar, violencia sexual), algunas actividades de la delincuencia organizada (como trata de personas, delitos mayores de alto impacto, extorsión y narcomenudeo), y el último indicador habla de cuántas personas están en prisión sin sentencia condenatoria”, señala Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, en entrevista con Newsweek en Español.

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Estos indicadores permiten comprender dinámicas de la delincuencia organizada, afectaciones por género y edad, así como identificar geográficamente qué regiones son más violentas y aventurar algunas hipótesis del motivo.

LOS CAMBIOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Carlos Juárez enfatiza que medir consistentemente con datos y a lo largo del tiempo con una metodología permite visualizar tendencias y cambios en la seguridad.

“Es muy evidente que hay una grave crisis de violencia homicida que comienza en diciembre de 2006. Como un punto de quiebre con la declaración de la guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón”, cuenta el presidente del IEP.

“En 2021, el homicidio con arma de fuego fue la principal causa de muerte para el rango de edad entre 15 y 35 años, así que claramente hay una crisis. Algunos estudios que nosotros recuperamos calculan que desde 2/3 partes hasta un 70 por ciento de los homicidios dolosos tienen que ver con la delincuencia organizada y sus dinámicas”, puntualiza Juárez.

Lo anterior, enfatiza Juárez, no significa que todas esas personas formen parte de un grupo de crimen organizado. Pero sí se ven atrapadas por la violencia que ha implicado la proliferación de estos grupos y las estrategias de seguridad para minarlos.

También hubo cambios importantes en el tipo de drogas que las organizaciones delictivas mexicanas han movido a nivel internacional en la última década. Y mientras el tráfico de marihuana ha caído en picada, el tráfico de fentanilo ha aumentado.

MARIHUANA VS. FENTALINO

Juárez atribuye dicho fenómeno a que la legalización de la marihuana hizo que la demanda en México cayera un 90 por ciento. Mientras que, “en los últimos seis años la demanda del fentanilo creció un 870 por ciento”.

Otro dato que ayuda a comprender cambios en la violencia es la estrategia de seguridad de descabezamiento de los grupos delincuenciales, lo cual ha provocado su fragmentación y dispersión. “Eso hace que pierdan estructura y que ya no les sea tan sencillo operar de manera transnacional ni transfronteriza. Y como consecuencia, voltean a mercados locales a extorsionar a los comerciantes”, explica Juárez.

A medida que la violencia causada por la delincuencia organizada se intensificó en algunas partes del país, hubo un aumento en el número de personas desplazadas por la inseguridad en 2021. Desde 2016, más de 117,000 personas fueron desplazadas internamente, y al menos 44,905 de esos desplazamientos ocurrieron en 2021.

La mayoría de estos desplazamientos se dieron en Guerrero, con 21,800 desplazamientos, seguido de Chiapas, con 14,900, y Michoacán, con 12,900.

ENTENDER LA VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

“Es muy claro que hay algunos patrones que van afectando de manera diferenciada a hombres y mujeres”, dice Juárez. Por ejemplo, sabemos que entre el 80 y el 88 por ciento de los homicidios dolosos en México son cometidos contra hombres o jóvenes varones. Pero también las muertes de mujeres vienen en aumento de manera alarmante.

“En el 71 por ciento de los casos de homicidios de hombres y en el 56 por ciento de los homicidios de mujeres se usa un arma de fuego. Pero cuando hablamos de feminicidios, ya registrados e investigados, la mayoría se cometen por otros medios. Ahí la lista ya es bastante tétrica, se habla de estrangulamientos, golpizas, etcétera”, explica el experto.

Además, a una de cada cinco mujeres que es asesinada le sucede en su hogar, mientras que solo pasa esto con uno de cada 13 hombres. Es decir, las dinámicas de violencia en el hogar afectan más a las mujeres.

El Índice de Paz México también revela que, en 2021, la violencia familiar creció 14 por ciento y las agresiones sexuales, 22 por ciento. En los últimos siete años, la violencia familiar aumentó 93 por ciento y las agresiones sexuales, 98 por ciento.

VIOLENCIA POR REGIONES GEOGRÁFICAS

Yucatán sigue siendo el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo. Mientras, Baja California es el estado menos pacífico por cuarto año consecutivo, seguido de Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora.

Como reflejo de esto, la tasa promedio de homicidios en los cinco estados menos pacíficos de México fue de 73 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 8.2 por cada 100,000 en los cinco estados más pacíficos.

Los cambios en las dinámicas del crimen organizado y el tráfico de drogas dan en parte una explicación de estos números a Carlos Juárez.

La subida de la demanda del fentanilo, explicada anteriormente, sugiere: “una reconfiguración de la geografía de la delincuencia y la violencia en nuestro país, por eso hay una clara concentración en el centro del país, en el Bajío.

“Sabemos que ahí empieza una serie de rutas de drogas hacia Estados Unidos y ya se tienen laboratorios en lugares como Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato”, explica el presidente de IEP.

“Sabemos que con la pandemia también cambiaron los proveedores asiáticos de precursores químicos, incluido el fentanilo. Esto tiene que ver con la concentración de violencia en el Pacífico Sur y los puertos internacionales, por ejemplo”, puntualiza Juárez.

Además, la presión del gobierno actual contra el huachicoleo ha provocado una intensificación de los conflictos en estas regiones.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA EL FUTURO

Juárez se torna sumamente precavido para sugerir algo generalizado como propuesta de política pública de seguridad. Sin embargo, reconoce que, a lo largo de nueve años de realización del Índice de Paz México, “las violencias que estamos enfrentando obedecen a dinámicas locales.

“Entonces, habría que empezar a privilegiar más el trabajo a nivel regional y local porque hasta ahora las estrategias han estado centradas en la federación a nivel nacional. Y esto no contribuye al entendimiento de las dinámicas locales sin mucho contexto”.

También se muestra preocupado por la militarización de los cuerpos de seguridad. Menciona que han monitoreado un crecimiento del 31 por ciento en gasto militar. Al mismo tiempo que una reducción del 37 por ciento en seguridad pública.

Por lo anterior, Juárez reitera: “Esto significa que no se ha estado favoreciendo el trabajo de las policías estatales y municipales y de nuevo volvemos a la necesidad de fortalecer actores locales. Todos los expertos que hemos revisado el tema sugerimos que las respuestas tienen que estar de lado de las instituciones civiles, más que de las instituciones militares, y no vemos esa tendencia”.

De acuerdo con el presidente de IEP, el gasto en el sistema judicial se ha reducido en un 7 por ciento. Y el promedio de jueces y juzgadores es de 16 por cada 100,000 personas en Latinoamérica, pero México tiene 3.

Comparativamente, México invierte 0.6 por ciento del PIB en su sistema de justicia. Mientras que, en promedio, países como Guatemala, Ecuador, Perú y Jamaica invierten hasta 1.5 por ciento del PIB.

INVERTIR EN SEGURIDAD

“No deberíamos darnos el lujo de no invertir en seguridad y justicia cuando tenemos niveles de impunidad arriba del 95 por ciento. Ni siquiera a los militares les conviene esta desproporción de inversión, porque están librando una batalla en las calles, arrestando sospechosos que después son liberados por las deficiencias del sistema de justicia. En los territorios las policías locales están claramente debilitadas”, enfatiza Juárez.

Por último, el experto invita a que se analicen los fenómenos desde la complejidad y su carácter sistémico. “Hoy no podríamos comprender uno solo de los problemas en México sin conectarlo y que se retroalimente con el resto de los asuntos. La corrupción, el manejo de recursos naturales, el crimen organizado, la calidad de los gobiernos, los medios de comunicación, entre muchos otros que se conectan”, explica Juárez.

El experto se acepta preocupado debido a que la polarización que interpreta en el país es un obstáculo para la articulación de políticas integrales y sistémicas.

“Ni siquiera vemos un perfil de política seria, para ser honestos. Las políticas no tienen indicadores que serían útiles para evaluar si funcionan o no las estrategias”.

Y concluye: “Entonces, la recomendación sería la colaboración intersectorial articulada y que resistamos a la polarización mediante una ética de diálogo y de entendimiento mutuo de los sectores para trabajar de manera colaborativa”. N

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