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Alberto Fernández intenta convalidar el ajuste con el apoyo de la CGT

·8  min de lectura
Alberto Fernández y Martín Guzmán, con empresarios y sindicalistas, en Olivos, en 2020
ESTEBAN COLLAZO

Después de la festiva plaza de la derrota, Alberto Fernández se siente empoderado en su pulseada interna con Cristina Kirchner. Inauguró esta semana otra dinámica en la toma de decisiones con un inusual gesto de autonomía. Todavía a ritmo cansino, como si las urgencias económicas no acecharan, el Presidente buscó el apoyo en la CGT para blindar políticamente un primer borrador del plan plurianual y la ley de presupuesto que enviaría al Congreso la semana próxima y que imagina como hoja de ruta para la negociación de la deuda millonaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su próximo paso, con la ayuda de los gremialistas, será involucrar a la suscripción de la iniciativa a la Unión Industrial y otras cámaras empresarias de peso.

Quién es quién en el tribunal que sobreseyó a Cristina Kirchner

La tropa de sindicalistas que lo visitó el martes a la noche se retiró de la quinta de Olivos con una sensación ambigua. Por un lado, fue la primera vez que los dirigentes perciben a un Presidente “liberado” para decidir. La muestra más cabal fue que al día siguiente Carla Vizzotti recibió a la cúpula de la CGT después de varios meses sin respuesta para garantizarle fluidez en el reparto de fondos a las obras sociales sindicales, sobre todo, en el reintegro por discapacidad o de los tratamientos más costosos cuyos insumos muchas veces son en dólares. “Antes Alberto tenía que validar todo en el Patria, con Máximo o con Cristina, y a veces hasta con Massa”, diferenció con satisfacción un jefe de la CGT que integró la comitiva.

La autonomía política se nubla cuando el debate se torna exclusivamente económico. En sus diálogos con referentes empresarios de la UIA y AEA, los sindicalistas abogan por un acuerdo con el FMI lo más pronto posible. Se lo dijeron al Presidente y al tucumano Juan Manzur durante el asado en el quincho de Olivos. No se concibe un escenario de default. En el Gobierno se comenzó a dar como un hecho el pago de US$ 1880 millones tres días antes de la Navidad para afrontar el vencimiento más cercano. El desembolso coincidirá con un diciembre caliente, con múltiples demandas internas: los piqueteros ya presionan por un pago adicional en los planes sociales y el incremento de bolsones de comida mientras que los gremios del sector privado y público gestionan bonos de fin de año, la excepción del medio aguinaldo del impuesto a las ganancias y piden la reapertura de las paritarias, en algunos casos por tercera o cuarta vez en lo que va de 2021.

Ningún sindicalista se lo enrostró de manera directa al Presidente, pero los planteos que surgieron en diferentes charlas de la semana fueron desde la falta de credibilidad y la incertidumbre jurídica para atraer inversiones a los vaivenes de la macroeconomía. “En el horizonte vemos un escenario de 60 por ciento de inflación, de ajuste y de un tipo de cambio ficticio”, alertó un dirigente que reclama desde antes de la caída electoral en las primarias una emancipación del kirchnerismo.

Alberto Fernández, en el acto por el Día de la Militancia
Presidencia


Alberto Fernández, en el acto por el Día de la Militancia (Presidencia/)

Guzmán expone en la CGT

Para despejar dudas internas y externas, pero también con la intención de dar un golpe escénico, Martín Guzmán visitará el miércoles próximo la sede de la CGT antes de la presentación de la iniciativa que el Gobierno buscará consensuar con la oposición. “Nos va a contar su plan económico”, dijo un jerárquico de la central con una mezcla de ironía y curiosidad. El ministro de Economía es un optimista. Mantiene por ahora sin correcciones la proyección inflacionaria en 33%, apenas cuatro puntos por encima del 29% que suponía para 2021. Este año, la suba de los precios acumulada ya alcanzó el 41,8%. Si se mantiene el ritmo de 3,5% mensual, como se registró en octubre, el período cerraría casi en 50%. Un dibujo casi tan errado como el cálculo que trazó Nicolás Dujovne en 2018, cuando comenzaron los resbalones económicos del macrismo.

Guzmán supo ser el blanco de las críticas sindicales por querer imponer “su Power Point” y no tener en cuenta el impacto social de algunas medidas. Hace exactamente un año, en medio de la incertidumbre por la pandemia y antes de que estallara el vacunatorio vip, la CGT se le paró de manos al Gobierno por el recorte de fondos a programas sociales y laborales. Apuntó al ministro por el cese del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la reducción de recursos para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). El ahorro no apagó las señales de alarma. De Washington a Azopardo, el ministro deberá por las dudas aprender la marcha peronista. No vaya a ser que el miércoles, al cierre de su exposición en el salón Felipe Vallese, los sindicalistas entonen el cántico solo para ponerlo a prueba.

La cúpula de la CGT elegida durante el congreso nacional
Silvana Colombo


La cúpula de la CGT elegida durante el congreso nacional (Silvana Colombo/)

Guzmán apuesta ahora a la segmentación de las tarifas de agua, luz y gas de acuerdo a los ingresos de cada contribuyente antes de levantar el congelamiento de los precios. Desde el Enargas, por ejemplo, se contactaron con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta para coordinar el entrecruzamiento de los datos de los vecinos. Al jefe de gobierno porteño el avance oficial le conviene en sus planes para 2023. En su equipo económico hacen la siguiente ecuación: Fernández aplica el fin de las tarifas subsidiadas y es el que paga el costo político de una medida de sinceramiento a la que consideran “necesaria”.

Un traje a medida y confeccionado de apuro para cumplir los deseos de Cristina en la causa que más temía

El problema es tal vez que hay muchos cepos, evaluaron gremialistas, empresarios y un funcionario opositor. Cepos tarifarios, cambiarios y hasta laborales. Claudio Moroni confirmó esta semana lo que ya se daba como un hecho en pasillos sindicales y empresarios: el cese de la prohibición de despidos y del pago de la doble indemnización a partir del 1° de enero de 2022. El Presidente, que dispuso estas medidas a las 48 horas de haber asumido, mostrará esta decisión como un gesto al FMI. “Si la actividad económica está en funcionamiento, sin limitaciones, no hay razón para mantener la prohibición de despidos”, dijo un gremialista industrial cercano al kirchnerismo. La CGT, con Pablo Moyano incluido, dio el aval al levantamiento de las restricciones. No así a flexibilizar el control de precios de los alimentos.

En las conversaciones entre funcionarios y sindicalistas hacen una cuenta que indica la desesperación por dinamizar las inversiones internas. Calculan que hay US$ 180.000 millones inactivos en el país. La cifra surge de lo que fue el blanqueo de capitales instrumentado durante la gestión de Macri y el dinero que se presume que estaría ahorrado en bancos o debajo del colchón. “El dinero de afuera no va a venir. Tenemos que dar garantías jurídicas y ser creíbles para que ese dinero se vuelque a la inversión”, le pidió un sindicalista al Presidente. Guzmán, Moroni y Gustavo Beliz trabajarían en una serie de incentivos fiscales para aquellos que tomen nuevos empleos que se cristalizaría después de un eventual acuerdo con el Fondo, según fuentes oficiales.

El rol de Pablo Moyano

Surge otra novedad en la renovada alianza entre Alberto y la CGT, lejos del kirchnerismo. Participó por primera vez de las charlas Pablo Moyano, quien hasta hace algunos meses cuestionaba a sus colegas cegetistas por explorar acuerdos con la UIA y AEA y hasta rechazaba un pacto con el FMI. ¿Convalidará ahora un acuerdo a pesar de su admiración por el venezolano Nicolás Maduro?

Pablo Moyano
Pablo Moyano


Pablo Moyano y Nicolás Maduro, en una visita a Caracas del sindicalista camionero

Pasaron apenas dos semanas del surgimiento de la nueva CGT y ya hay dudas internas sobre su duración en el tiempo. “Cuando se venga el ajuste, Daer y Acuña saldrán con los comunicados institucionales, de diagnóstico. A Pablo, que es más combativo, lo veo en la calle”, dijo un dirigente cercano al número dos de los camioneros.

Recién esta semana Pablo Moyano pisó el edificio histórico de Azopardo para ocupar una de las oficinas del tercer piso. Se apropió del despacho que fue durante 12 años una de las bases de operaciones de su padre. Recibió allí al petrolero Claudio Vidal, el sindicalista que relegó al kirchnerismo al tercer lugar en las elecciones legislativas en Santa Cruz. También estuvo su hermano Facundo. La intención de los Moyano es construir tropa propia e intentar equilibrar las fuerzas internas con “los Gordos” y los aliados de Luis Barrionuevo. “Vamos a caminar el país”, desafió. En esa lógica se enmarca el apoyo a la oposición de Armando Cavalieri, en Comercio, y a la del barrionuevismo, en la seccional marplatense de gastronómicos.

Si se mantienen las disputas internas, la convivencia del moyanismo con el resto de los gremios en la nueva CGT es todavía una incógnita. El aeronáutico Juan Pablo Brey, uno de los dirigentes de mayor confianza de los camioneros, reconoció “las diferencias históricas” con el resto de los sectores y dijo que el triunvirato será un paso intermedio para alcanzar una conducción con un líder único. ¿Repetirá Pablo Moyano la misma estrategia que su padre, cuando en 2004 quedó como secretario general en soledad tras disolver el triunvirato que integraba con Susana Rueda y José Luis Lingeri? Lo frena tal vez una diferencia de contexto: la economía por entonces encadenaba meses de repunte después de lo que fue la crisis de 2001.

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