El fiasco de las millones de pastillas contra la malaria que acaparó el gobierno de EEUU (y no sabe qué hacer con ellas)

WASHINGTON —Tras el abrupto anuncio hecho esta semana por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) sobre su decisión de revocar la autorización para el uso de urgencia en casos de coronavirus de dos fármacos que por lo regular se emplean para combatir la malaria, mismos que el presidente Donald Trump había calificado de posibles “alternativas revolucionarias”, los funcionarios federales no saben qué harán con los 66 millones de dosis que tienen ahora.

El anuncio de la FDA el lunes sobre su decisión de suspender la “autorización para el uso de emergencia” de cloroquina e hidroxicloroquina no tuvo una buena acogida en la Casa Blanca, y es lógico, dado que los principales asesores de Trump actuaron con toda presteza en marzo para obtener la mayor cantidad posible de dosis para las reservas federales. Las dosis que se tienen en las reservas incluyen un donativo de la gigante farmacéutica Bayer de tres millones de tabletas provenientes de una fábrica ubicada en Pakistán que la FDA no había certificado como segura.

“Se trata de una táctica de burócratas coludidos del Estado profundo para quienes es más importante atacar al gobierno que les da trabajo que salvar vidas estadounidenses”, vociferó Peter Navarro, asesor comercial de Trump y responsable de la distribución de 19 millones de píldoras de hidroxicloroquina, en una entrevista realizada el lunes por la noche.

Expertos médicos de todo el país, incluso aquellos que investigan la hidroxicloroquina, elogiaron el martes la decisión de la FDA de retirar la autorización tras concluir que los posibles beneficios del fármaco no superan los riesgos involucrados.

Un vocero de la FDA afirmó que la decisión se comunicó a la Casa Blanca y al secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar antes del anuncio. Sin embargo, la reacción de Navarro pareció sintetizar la futilidad de las acciones precipitadas del gobierno para promover el uso de ambos fármacos con tal de cumplir los deseos del presidente, en un ejemplo más de las posturas encontradas de la política y la ciencia en el Washington al mando de Trump.

Además de Navarro, en el debate interno sobre los medicamentos contra la malaria participó un conocido reparto: Trump, quien tomó hidroxicloroquina dos semanas y recalcó el lunes que “eso sí, no me hizo ningún mal”; Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno; Rick Bright, quien dijo que fue despedido de su cargo como director de una agencia de investigación federal después de quejarse porque la cloroquina de Bayer no era segura, y distintas personalidades de Fox News.

“Para empezar, el fundamento para obtener la autorización de uso de urgencia era dudoso”, señaló Peter Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público. “Es claro que existieron presiones para emitirla no solo de Navarro sino también de otros, sin mencionar la radio, los comentaristas de programas de televisión, los cuates del presidente y cierto doctor de Nueva York. Ahora deben tragarse su orgullo porque tardaron en recapacitar y tomar la decisión correcta”.

A fin de cuentas, no se distribuyó nada del suministro de cloroquina; los médicos prefirieron la hidroxicloroquina, que es más nueva y tiene menos efectos secundarios, según dijeron. De cualquier forma, la posibilidad de que sirva en el tratamiento de la COVID-19 también parece remota.

Hasta el lunes, el gobierno había distribuido 31 millones de tabletas de hidroxicloroquina a los departamentos de salud estatales y locales, así como a hospitales e instituciones de investigación; quedan 63 millones de tabletas, según Carol Danko, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Algunos funcionarios trabajan con las empresas que donaron los medicamentos para “determinar las opciones disponibles” para los productos.

Bright, en una publicación hecha en Twitter el lunes por la noche, compartió su idea: “Esos fármacos nunca deberían haber ingresado al país y deberían ser destruidos. Al Departamento de Salud y Servicios Humanos le tomó demasiado tiempo revocar esta autorización”.

Las acciones frenéticas para obtener la autorización de urgencia de la FDA se originaron a mediados de marzo, unos días después de que Donald Trump declaró que la pandemia de coronavirus era una emergencia nacional, según algunos correos electrónicos incluidos en la demanda del informante Bright, algunos de los cuales no se habían dado a conocer al público antes, así como entrevistas con las personas involucradas.

Se veían pacientes moribundos acostados en camillas por los corredores de los hospitales de Nueva York, los gobernadores le rogaban al gobierno federal que les enviara mascarillas y otros suministros y los médicos no contaban con ningún tratamiento. Un doctor francés, Didier Raoult, creó interés en la hidroxicloroquina debido a que en un video promovió su uso para la COVID-19. A continuación, los fármacos atrajeron la atención de inversionistas en tecnología de Silicon Valley y un abogado de Nueva York, quien apareció en Fox News con la conductora Laura Ingraham a mediados de marzo.

En Nueva York, Vladimir Zelenko, quien se describió como “un humilde doctor de provincia”, les daba a sus pacientes de coronavirus un coctel de tres fármacos, uno de ellos la hidroxicloroquina y, según dijo, todos sobrevivieron sin necesidad de ser hospitalizados (un fiscal federal abrió hace poco una investigación en torno a las afirmaciones de Zelenko).

Ya que la derecha republicana y varias personalidades de Fox News como Ingraham, Sean Hannity y Tucker Carlson habían comenzado a promover la hidroxicloroquina, Trump se sumó al coro. Para el 17 de marzo, Bayer le había ofrecido a la Casa Blanca tres millones de dosis de cloroquina, fármaco descubierto en los años treinta que se obtiene de la corteza del árbol conocido como quino.

Algunas versiones de cloroquina están aprobadas en Estados Unidos, pero no la de Bayer. Los principales funcionarios de la antigua agencia de Bright, conocida como Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA, por su sigla en inglés), no se mostraron muy entusiasmados por el donativo debido a que, según dijeron, los estudios “in vitro”, o en tubos de ensayo, no resultaron prometedores.

“No es posible generar mucho entusiasmo solo a partir de datos ‘in vitro’”, escribió Robert Johnson, funcionario de esa agencia, en un correo electrónico dirigido a uno de los principales colaboradores de Robert Kadlec, subsecretario de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Se ha demostrado que la cloroquina tiene efectos ‘in vitro’ en otros microbios, pero esto no se ha traducido en ningún beneficio clínico”.

Sin embargo, Kadlec y sus asistentes no dejaron de insistir, según demuestran los correos. Querían distribuir ampliamente el donativo de cloroquina como parte de una prueba clínica patrocinada por BARDA y para la cual los Institutos Nacionales de Salud aportarían el panel de ética encargado de supervisar la prueba, conocido como “junta de revisión institucional”. Por su parte, el gigante tecnológico Oracle comenzó a desarrollar una plataforma que, según esperaba la Casa Blanca, serviría como medio para que los doctores ingresaran datos sobre el fármaco.

El problema es que los funcionarios de más alto rango de la FDA, al igual que Fauci, no vieron con buenos ojos la idea de la prueba clínica, en especial la plataforma de Oracle, pues consideraron que no funcionaría, según tres personas que participaron en la toma de decisiones. Bright también expresó su oposición; si era necesario aceptar la inclusión de esos fármacos en las reservas nacionales, quería establecer un control estricto para su distribución.

Janet Woodcock, quien dirige el Centro de Investigación y Evaluación de Medicamentos de la FDA, decidió emitir la autorización para el uso de urgencia, pero solo para pacientes hospitalizados que no podían participar en pruebas clínicas. En una entrevista reciente, Kadlec dijo que no hubo ningún tipo de presión de la Casa Blanca.

“Todo se hizo con la intención de respetar la política establecida del presidente sobre el derecho de hacer pruebas y el interés del secretario de explorar todas las oportunidades posibles para descubrir medidas adecuadas”, aseveró. “No fue, como se dice desde hace unos días, que no nos importara el aspecto científico; por supuesto que nos interesa”.

La autorización se emitió el 28 de marzo. Menos de un mes después, la FDA emitió una advertencia sobre esos medicamentos, en la que citó “informes sobre problemas graves relacionados con el ritmo cardiaco en pacientes con COVID-19 que recibieron tratamiento con hidroxicloroquina o cloroquina”.

En el anuncio del lunes sobre la cancelación de la autorización, la FDA destacó que “la revisión constante de las pruebas científicas” permitió a los funcionarios concluir que no es muy probable que estos dos medicamentos “sean efectivos en el tratamiento de la COVID-19” para los usos descritos en la autorización. La agencia explicó que ese hallazgo, sumado a las inquietudes en torno a los efectos de los fármacos en el corazón, determinó su decisión.

El representante Greg Walden de Oregon, el republicano de mayor rango en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, encargado de supervisar a la FDA, expresó su respaldo a la decisión.

“Confío en el Dr. Hahn; creo que se apega a los hechos científicos”, afirmó Walden, en referencia a Stephen Hahn, comisionado de la FDA, quien testificará ante su comité la próxima semana. “El uso de emergencia es una herramienta poderosa que tiene a su disposición. Ya que no se cuenta con mejores datos, creo que lo más lógico era suspenderlo”.

This article originally appeared in The New York Times.

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