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Argentina aprueba ley para indemnizar a Repsol

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Cristina Fernández obtuvo el jueves la autorización del Congreso para el pago de 5.000 millones de dólares en títulos públicos a Repsol de España en compensación por la expropiación de YPF hace dos años, un arreglo con el que el país sudamericano apuesta a limpiar su imagen ante inversores internacionales y atraer capitales para aumentar su producción energética.

La ratificación parlamentaria del acuerdo suscrito en febrero por las autoridades argentinas y Repsol se logró con 135 votos a favor, 59 en contra y 42 abstenciones tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles al mediodía.

El acuerdo reconoce el derecho de la petrolera española a percibir 5.000 millones de dólares en un paquete fijo de títulos públicos en valor nominal y 500 millones adicionales en intereses capitalizados, menos de la mitad de lo que exigió en un primer momento, por la expropiación del 51% de YPF en abril del 2012.

A cambio de la indemnización Repsol desistió de todas las demandas que había iniciado contra YPF y sus socios por la nacionalización de la petrolera, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

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El gobierno de Fernández nacionalizó YPF, controlada por Repsol desde 1999, con el argumento de que la compañía española no invertía lo suficiente en la exploración y desarrollo de hidrocarburos, obligando al país a gastar millones en la importación de combustibles.

Si bien la medida contó con el respaldo de la mayoría de la población, empeoró la ya deteriorada imagen del país en el exterior por la cesación de pagos de su millonaria deuda externa en 2002 y las políticas intervencionistas de la última década.

La necesidad de obtener financiamiento para el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petroleo y gas no convencionales del mundo y cuyo potencial le aseguraría al país sudamericano la soberanía energética, chocó además con la amenaza de Repsol de demandar a todo potencial interesado en invertir en ese proyecto.

En un contexto de deterioro de sus índices económicos y con el nivel más bajo de reservas internacionales en una década, el acuerdo con Repsol se interpreta como un cambio en el rumbo del gobierno y una señal a los inversores extranjeros.

La indemnización fijada en el acuerdo está compuesta por un nuevo bono con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75% por 3.250 millones de dólares; otro título con vencimiento en 2017 y una tasa de 7% por 500 millones de dólares, y un tercero por 1.250 millones de dólares con vencimiento en 2033 y un interés de 8,28%.

Argentina emitiría bonos de hasta 1.000 millones de dólares adicionales en caso de que la cartera de títulos no llegue, en promedio, a un valor de mercado de 4.760 millones.

El gobierno argentino ha puntualizado además que Repsol devolverá al país "cualquier importe obtenido por la enajenación de los títulos públicos o su cobro regular (en los respectivos vencimientos) que supere los 5.000 millones de dólares, deducidos gastos e intereses".

Repsol conservará 12% de las acciones de YPF.