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Avanza en Argentina la causa contra cinco petroleras que operan en Malvinas
La causa penal impulsada por Argentina para frenar la exploración de hidrocarburos en aguas de Malvinas avanzó esta semana con la petición de un embargo contra cinco empresas que operan en esa zona, cuya soberanía está bajo disputa con Reino Unido.
La justicia federal dio lugar a una solicitud de la fiscalía y ordenó embargos por 156,4 millones de dólares y el secuestro de activos contra cinco petroleras, a las que les ordenó el cese inmediato de actividades, informó en su página web el sábado el ministerio Público Fiscal.
La medida es para afrontar las multas previstas en la legislación argentina, "dado que no cuentan con la autorización, concesión o permiso alguno" para operar, según la resolución de la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego, sur) Lilian Herraez.
La magistrada pidió al ministerio de Relaciones Exteriores que notificara el embargo a la justicia de los países donde se encuentren radicados los activos involucrados, pero no estaba claro en el auto de la decisión cuáles serían los mecanismos concretos para ejecutar el bloqueo del dinero y el secuestro de los activos.
El gobierno impulsó la denuncia el 21 de abril para frenar la exploración en aguas del archipiélago austral.
Las empresas involucradas son las británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil and Gas Limited y las estadounidenses Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
A éstas se les imputan "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", en la plataforma continental, que Argentina considera suya.
Argentina y Reino Unido se disputan la soberanía de las islas desde 1833, cuando las tropas británicas se apoderaron del archipiélago austral y expulsaron a una pequeña población argentina. En 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las islas y se desató una guerra que acabó con la rendición de Buenos Aires y un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Desde entonces, Argentina reclama sin resultado por vía diplomática la apertura de negociaciones con Reino Unido para recuperar las islas, apoyada por resoluciones internacionales.
El pasado jueves, Naciones Unidas lamentó que "a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación (...) que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las islas Malvinas, aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión".
Al respecto el titular de Exteriores argentino, Héctor Timerman, advirtió de que Reino Unido no sólo es reticente a abrir el diálogo, sino que da pasos que agravan "irresponsablemente" la controversia, al citar el incremento de la presencia militar en las islas y las iniciativas para explorar y explotar recursos naturales "más allá de los límites de la sustentabilidad".
- Embargos y daño ambiental -
En su resolución, la jueza ordenó "el cese inmediato de la exploración y explotación (de hidrocarburos) en territorio argentino debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas".
Argentina había hecho pública su preocupación sobre el daño ambiental de un potencial derrame de hidrocarburos cuando en abril dio cuenta de un fallo en una válvula de la plataforma Eirik Raude, que operan esas empresas en aguas de Malvinas. Para el gobierno argentino, un derrame en esa zona "tendría altas probabilidades tanto de alcanzar la costa de las Islas Malvinas como las de Tierra del Fuego", la provincia más austral argentina.
Por otra parte, la justicia solicitó el embargo de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible, un dique flotante y cuentas bancarias de las empresas imputadas, como medidas cautelares.
En 2012, la secretaría de Energía argentina había declarado ilegales las actividades en la plataforma continental argentina y había informado a las compañías involucradas en la denuncia.
La legislación argentina contempla penas de hasta 15 años de prisión para los directivos de las empresas y el decomiso de bienes vinculados a las actividades para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la Plataforma Continental sin la autorización pertinente.
