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Quito, 19 abr (EFE).- Las personas mayores de 50 años con un alto grado de discapacidad fueron este viernes el segundo grupo en votar el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Después de que el jueves sufragasen en las cárceles los presos sin sentencia firme, este viernes fue el turno del programa 'Voto en casa', donde los funcionarios electorales acuden a los domicilios de los electores inscritos en este censo para que emitan su voto sin salir de su vivienda. El proceso del 'Voto en casa' contempla a 609 electores a escala nacional, entre ellos 280 mujeres y 329 hombres distribuidos en 178 mesas de votación, a través de 109 rutas establecidas, según detalló el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que este procedimiento permite ejercer el derecho al sufragio desde los hogares, a personas mayores de 50 años y que tienen discapacidad física igual o superior al 75 %. "Aspiramos que en esta segunda jornada de votación adelantada, siga resplandeciendo esta expresión genuina de elegir y decidir sobre los destinos de nuestro Ecuador diverso y multicolor”, destacó Atamaint. Por su parte, el consejero del CNE, José Cabrera Zurita, enfatizó en que la ejecución de este proceso democrático posiciona al Ecuador, como un referente, a escala regional, en la atención a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. El domingo será la votación general en la que más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para responder a las once preguntas que componen este plebiscito, enfocado mayoritariamente en establecer nuevas herramientas legales contra el crimen organizado. En ese sentido figuran cuestiones como permitir el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en operaciones contra las bandas criminales sin necesidad de expedir de manera constante estados de excepción. También propone que sean las Fuerzas Armadas las que se encarguen de controlar los accesos a las cárceles para evitar el ingreso de armas a las prisiones, donde en los últimos meses se han confiscado grandes arsenales de armas a las bandas criminales que dominan los centros carcelarios. A su vez, se busca elevar las penas de delitos ligados al crimen organizado y eliminar los beneficios penitenciarios para personas que estén condenadas por algunos de estos delitos, de manera que deban cumplir íntegramente su condena en la cárcel. Asimismo, el Gobierno plantea crear el delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y Fuerzas Armadas, además de hacer que el armamento decomisado a la delincuencia vaya destinado a equipar a las fuerzas estatales. Otra cuestión propone permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y agilizar el proceso de expropiación de bienes de origen ilícito, con la idea de golpear el entramado de lavado de activos de las bandas criminales. También se votará por la posibilidad de reconocer arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, establecer un sistema de juzgados en materia constitucional y permitir los contratos temporales por horas, como un modo de crear nuevos puestos de trabajo, principalmente para la población juvenil. (c) Agencia EFE
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