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Batalla por la ley de la Florida ‘Derechos de los padres/No digas gay’ se dirige al tribunal de apelaciones

La impugnación de una ley de 2022 que restringe la enseñanza en las aulas sobre la identidad de género y la orientación sexual entre escolares pequeños llegó a un tribunal de apelaciones federal, mientras los legisladores estatales y las autoridades educativas tratan de ampliar las restricciones.

Abogados de alumnos, padres y maestros presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelación del Onceno Circuito federal después que el juez de distrito Allen Winsor desestimó el mes pasado, por segunda vez, una demanda que sostenía que la ley es inconstitucional. El 15 de febrero, Winsor dictaminó que los demandantes no habían “alegado hechos suficientes” para demostrar que tenían capacidad legal para impugnar la ley.

Como es habitual, la notificación de apelación no detalla los argumentos que los demandantes expondrán ante el tribunal en Atlanta. Pero la notificación, presentada este mes, indica que los demandantes impugnarán el fallo de Winsor del 15 de febrero y una sentencia de 29 de septiembre por la que se desestimó el caso. Winsor permitió a los demandantes presentar un caso revisado después del fallo de septiembre.

La ley, que ha atraído la atención nacional, impide la instrucción sobre la identidad de género y la orientación sexual desde el preescolar hasta el tercer grado y requiere que dicha instrucción sea “apropiada para la edad ... de acuerdo con las normas académicas estatales” en los grados superiores.

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Los legisladores republicanos titularon la medida “Derechos de los padres en la educación”. Los opositores la etiquetaron como el proyecto de ley “No digas gay”.

En marzo de 2022, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firma el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación en la escuela Classical Preparatory, en Shady Hills, Florida.
En marzo de 2022, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firma el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación en la escuela Classical Preparatory, en Shady Hills, Florida.

La batalla legal continúa a medida que la Legislatura, controlada por los republicanos, sigue adelante con proyectos de ley que ampliarían hasta el octavo grado la prohibición de la instrucción sobre la identidad de género y la orientación sexual. La Comisión de Educación y Empleo de la Cámara de Representantes aprobó el jueves uno de los proyectos de ley (HB 1069), que está listo para ir ante el pleno de la Cámara.

Además, el 19 de abril, la Junta Estatal de Educación tiene programado aprobar un cambio propuesto que dice que los maestros “no proporcionen intencionalmente instrucción en el aula a los estudiantes de los grados cuarto a duodécimo sobre orientación sexual o identidad de género a menos que dicha instrucción sea expresamente requerida por los estándares académicos estatales ... o sea parte de un curso de salud reproductiva o lección de salud para la cual los padres de un estudiante tengan la opción de que el estudiante no asista”.

Tales cambios en las reglas no requieren aprobación legislativa.

La impugnación de la ley de 2022 sostiene que infringe los derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad de protección y la Primera Enmienda, junto con una ley federal conocida como Título IX, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos.

Los demandantes en la versión revisada del caso, presentada en octubre, son dos estudiantes de escuelas de los condados Miami-Dade y Manatee, dos parejas de lesbianas con hijos en escuelas de Miami-Dade, una mujer con hijos en escuelas del Condado Orange y dos maestros en los condados Broward y Pasco. Los demandados son la Junta Estatal de Educación, el Departamento de Educación de la Florida y las juntas escolares de los condados Broward, Manatee, Miami-Dade, Orange y Pasco.

En la demanda se alega que los demandantes han sufrido “daños concretos” a causa de la ley de 2022.

“Se les ha negado la igualdad de oportunidades educativas que les gustaría recibir, en el plan de estudios y más allá, y han sido sometidos a un entorno educativo discriminatorio que trata a las personas y temas LGBTQ como algo que debe rehuirse y evitarse, so pena de disciplina y responsabilidad”, expresa la demanda. “Este tipo de trato abiertamente discriminatorio no tiene cabida en una sociedad democrática libre y no debe permitirse que se mantenga”.

Pero Winsor rechazó el caso por cuestiones de legitimación.

“Los demandantes han mostrado un estridente desacuerdo con la nueva ley y han alegado hechos que demuestran que su mera existencia les causa un profundo dolor y decepción”, escribió Winsor. “Pero para invocar la jurisdicción de un tribunal federal deben alegar algo más. Si no lo hacen, la demanda debe ser desestimada”.

La ley también ha suscitado otro recurso de inconstitucionalidad en un tribunal federal de Orlando. El 20 de octubre, la jueza de distrito Wendy Berger desestimó el caso, pero, al igual que Winsor, dio a los demandantes la oportunidad de presentar una versión revisada, que sigue pendiente.