Yahoo Finanzas Becas Benito Juárez dejan sin aclarar pagos por casi 265 mdp, 20% del presupuesto de 2019
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presenta irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos, según el informe forense de la Auditoría Superior de la Federación, que hizo público su informe sobre el gasto público de 2019.
Las becas están pensadas para garantizar la posibilidad de estudio en diversos niveles para las familias que se encuentran en dificultades económicas o exclusión social y se ejecutan por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Tras analizar el 80% de los casi mil 400 millones de pesos presupuestados para 2019, la auditoría consideró que la secretaría de Bienestar, encargada de los programas, “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia” en términos generales.
El monto que está por aclarar supone casi el 20% del presupuesto ejecutado de estas becas, uno de cada cinco pesos invertidos.
Entre las irregularidades observadas por la ASF están la falta de documentación que justifique pagos o el uso de los fondos para gastos de operación de otros programas presupuestarios, “situación que no se encuentra prevista ni autorizada en el marco normativo y legal aplicable”, según la auditoría. Además, un total de 355 de los denominados Servidores de la Nación recibieron 17 millones de pesos a pesar de estar cobrando por partida doble: de la Secretaría de Bienestar y como prestadores de servicios en este programa de becas.
De fondo aparece el descontrol en el programa para ayudar a estudiantes sin recursos: ni había una regulación clara ni se respetó la existente, por lo que se usó el dinero indistintamente en partidas que no correspondían. Además, no hubo claridad en los censos ni tampoco se explicó por qué se pagó a unas familias y por qué se dejó de ayudar a otras.
La auditoría analiza el ejercicio 2019, en el que se realiza la transición que va desde la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP) hasta las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que corresponde a la actual administración. Aquel cambio de estructura se dio a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019.
En un primer momento, la Coordinación de Prospera tenía presupuestados 20 mil 300 millones de pesos para estas ayudas a la educación de las familias en situación de pobreza, finalmente solo se terminaron por ejecutar casi 1 mil 400 millones. Esto se explica porque la dispersión de los fondos de Prospera abarcaba apoyos para diversos rubros como educación, salud y nutrición, mientras que el nuevo organismo de becas quedó limitado a los apoyos para educación básica y, temporalmente, educación media superior.
Sin embargo, también se utilizó para pagar gastos de operación de otros apartados como las becas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, lo que constituye una irregularidad por no existir marco legal que lo permita.
La propia auditoría llama la atención de que la mayor parte del gasto, el 36.5%, se ejerció en el rubro de “Honorarios” (507 millones 352 mil pesos), que tuvo un aumento respecto al presupuesto original, previsto en casi 143 millones, lo que supuso un incremento del 355%. Al mismo tiempo, el reparto de becas se quedó en 246 millones, el 17.7% del total de esta partida.
Este monto corresponde únicamente a las becas dispersadas en enero y febrero a casi 154 mil familias que formaban parte del censo de Prospera. Unas ayudas que, según la ASF, se otorgaron “sin que especificaran el marco legal y normativo al que se apegaron para realizar el pago de las becas”. A partir de entonces, ya no se desembolsó ninguna ayuda más.
Tres estados concentran la mayor parte de apoyos dispersados en estos dos meses: Guanajuato, con 38 mil 965 familias beneficiadas y 62 mdp desembolsados; Edomex, con 36 mil 776 familias que recibieron apoyos por casi 59 mdp y Jalisco, con 33 mil 350 familias y algo más de 53 mdp desembolsados.
Por el contrario, estados con Guerrero (mil 175 familias y casi dos millones de pesos), Oaxaca (una sola beca, por 5 mil 700 pesos) o Chiapas, donde no se repartió beca alguna, quedaron casi fuera del programa de ayudas.
La ASF llama la atención sobre el hecho de que, precisamente, sean estados como Chiapas, con alta proporción de población en pobreza o pobreza extrema los que no recibieron becas.
En relación a esta dispersión de recursos, la auditoría indica que ni siquiera se llegó a realizar “la verificación de la existencia de las familias, ni la validación de la información contenida en las bases de datos”. Esta labor debería haber correspondido en un primer momento a la secretaría de Bienestar Social encargada de prospera (es decir, que se trataría de un problema heredado del gobierno de Enrique Peña Nieto) pero posteriormente sería responsabilidad de la Comisión Nacional de Becas Benito Juárez.
De lo analizado en las cuentas se aprecian varias irregularidades: por un lado, 56 familias recibieron 834 mil pesos, lo que no se corresponde con los montos que debían haber percibido ya que la ayuda prevé un máximo de 8 mil pesos en diez meses. Según la comisión de becas, estas corresponden a la actualización de mandatos judiciales en relación a años anteriores de Prospera, lo que supondrían pagos sin autorización según la ASF.
Además, 18 mil 731 familias carecen de CURP, por lo que no se puede acreditar que haya duplicidad en las ayudas o incluso que existan.
Tampoco se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565 mil de pesos.
Por último, 72 titulares de las familias beneficiarias que recibieron la beca fallecieron antes de que esta fuese entregada por 115 mil pesos.
Aunque las ayudas dispersadas en enero y febrero (siguiendo el esquema Prospera, no el de Becas del Bienestar Benito Juárez) alcanzaron a casi 154 mil familias, el censo con el que contaba la comisión de Prospera era de 665 mil. De hecho, después del primer desembolso de 246 mdp quedó un remanente de otros 371 mdp que en mayo de 2019 fue reembolsado a la Tesorería de la Federación por el concepto de recursos no ejercidos “sin que se indicara la justificación o motivo del no ejercicio de los recursos, o por qué se dejó de atender a esas 498 mil 050 familias, y en su caso, se acreditara con documentación justificativa y comprobatoria que no cumplían con los requisitos” de las reglas de operación aprobadas en 2019 o del marco legal de un año antes.
Para comprobar si los apoyos verdaderamente llegaron desde el Banco del Bienestar a sus destinatarios, la ASF tomó una muestra de 1 mil 200 beneficiarios. De ellos no logró acceder al soporte documental de 317, más de una cuarta parte, con importes superiores a los 500 mil pesos.
Un hecho que la auditoría no pasa por alto es que se gaste más dinero en honorarios que en las propias ayudas a las familias necesitadas. Esta circunstancia es más sangrante si se observa que los estados de Chiapas y Oaxaca, que no recibieron apoyos para los estudiantes, son de los estados que más dinero gastan en honorarios: más de 64 millones de pesos entre las dos. Esto se explica porque las personas contratadas no solo trabajaron para entregar las becas específicas de este rubro, sino que también desempeñaron otras tareas de otro tipo de ayudas.
En cifras exactas, la auditoría también detectó, que se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en los Listados de Liquidación(sin especificar el monto total), y que y de 458 Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios (PSPH) por 15 millones 855 mil pesos, de los que no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización de los servicios prestados o presentan inconsistencias en sus informes.
En el ámbito de los prestadores de servicios, la auditoría observa diversas irregularidades. Señala que cinco de ellos en Chiapas desconocieron las firmas contenidas en los contratos de prestación de servicios e informes de actividades. Además, 355 recibieron pagos por 17 millones 237 mil pesos al cobrar al mismo tiempo como Servidores de la Nación y dentro de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, lo que se trata de una irregularidad ya que quienes son contratados para este trabajo deben garantizar que no cuentan con otro salario oficial.
Tampoco se realizó el reintegro de recursos no pagados personal de honorarios por 686.5 miles de pesos.
En el ámbito de los Servicios financieros y bancarios se identificaron pagos por 155 millones 939 mil pesos, de los que se realizaron erogaciones por concepto de comisiones por servicios prestados por las Instituciones Liquidadoras que no se encuentran contemplados ni establecidos en los gastos de operación del programa. Esto ocurrió en los Programas Presupuestarios U084 “Beca Universal de Educación Media Superior” y U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” componente educativo (Educación Superior). Es decir, que se utilizó esta partida para efectuar gastos operativos de otros programas sociales, algo para lo que no estaba pensada ni tenía base legal.
En este rubro además la ASF detectó pagos no se pueden vincular con ninguna beca y 4 CLC no cuentan con el oficio que justifique y ampare el pago de las facturas de BANSEFI y BBVA Bancomer.
Por último, de las partidas de combustible y arrendamiento de equipo y bienes informáticos no se proporcionó el reintegro por 311 mil pesos.
Tampoco se presentaron diversos entregables por 71 millones 885 mil pesos atribuibles a las empresas que no entregaron la documentación necesaria para justificar los trabajos por los que percibieron dinero público: se trata de Sinteg de México, S.A. de C.V. por 2 millones 307 mil pesos; D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V. por 17 millones 760 mil pesos; Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. por 2 millones 972 mil pesos y Soluciones Técnicas Especializadas, S.A. de C.V. por 48 millones 724 mil pesos.
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