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California valora cobrar un impuesto por los mensajes de texto

Algo se cuece en California que tiene a muchas personas preocupadas. El estado está valorando seriamente gravar los mensajes de texto que sean emitidos desde su territorio.

Con el dinero recaudado, según ha trascendido, las autoridades pretenden financiar programas públicos de telecomunicaciones como el servicio 911 y planes telefónicos subsidiados para los californianos de bajos ingresos.

Aunque los programas mencionados anteriormente ya son sostenidos por los gravámenes a las telecomunicaciones, el nuevo plan de la Comisión de Servicios Públicos del estado (CPUC, por sus siglas en inglés) busca aumentar su capacidad financiera mediante gravámenes a los mensajes de texto.

La tecnología está centrando la atención de muchos gobiernos en todo el mundo a la hora de crear nuevos impuestos. Foto: Digital Trends.
La tecnología está centrando la atención de muchos gobiernos en todo el mundo a la hora de crear nuevos impuestos. Foto: Digital Trends.

Muchos proveedores de servicios inalámbricos agrupan servicios y cobran una tarifa fija, y esos consumidores ya pagan un recargo en el costo de sus mensajes de texto. Para planes estructurados con costos separados para servicios de voz y mensajes de texto, el recargo sería nuevo.

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La tasa actual es inferior al 7 por ciento, dijo la comisión, por lo que por 20 dólares en cargos de mensajes de texto, el impuesto le costaría a los consumidores otros 1,40 dólares.

Sin embargo, valga aclarar que no se trataría para nada de un impuesto por cada texto redactado y enviado, sino más bien de un importe que se sumaría cada mes a la tarifa que paga cada usuario.

Oposición de las empresas

Como era de esperar, esta propuesta que se someterá a votación el próximo 10 de enero de 2019 ya enfrenta una oposición de peso por parte de grupos comerciales de la industria inalámbrica como CTIA, que representa a T-Mobile, Sprint y AT&T Mobility.

“Someter el tráfico de mensajes de texto de los proveedores de servicios inalámbricos a recargos que no se pueden aplicar a la mayor parte del tráfico de mensajes y los proveedores de mensajes es ilógico, anticompetitivo y perjudicial para los consumidores”, declaró por su parte la CTIA en un comunicado.

Si bien no ha quedado claro por el momento cuál será el importe mensual que se le exigirá a los usuarios por el derecho a textear mensajes, la idea ya ha empezado a levantar no pocas ronchas.

“Es una idea estúpida -aseguró para Mercury News Jim Wunderman, presidente del grupo de defensa patrocinado por el consejo de negocios del Área de la Bahía. Así es como tienen lugar las conversaciones en esta época, y es casi como decir que debería haber un impuesto sobre las conversaciones que tenemos”.

El mismo Wunderman dijo que desconoce si otros estados han puesto en práctica esta medida, pero de cualquier manera le parece innecesaria y abusiva.

“Gravar los textos no es solo regresivo, también es innecesario -estimó Marie Waldron, republicana por San Diego y miembro de la Asamblea estatal-. El estado tiene bastante liquidez, mientras que los californianos comunes batallan para subsistir. La idea de aumentar los impuestos sobre cualquier cosa en este momento es absurda”.

Los problemas legales

En paralelo, la industria inalámbrica insiste en que la comisión estatal californiana carece de fundamentos legales para llevar a cabo su plan, toda vez que esta semana la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) definió a los mensajes de texto como un “servicio de información”, al mismo nivel que el correo electrónico.

Por esta razón de peso, la CPUC no tendría autoridad sobre ellos, por lo que no podría agregarles recargos. De hacerlo, iría en contra de una ley federal.

Por su parte, en un documento de medio centenar de páginas, Carla J. Peterman, Comisionada de la CPUC, insiste en que mientras el Programa de Propósito Público estatal no ha dejado de crecer, los fondos que deberían asumirlo en su totalidad han decrecido.

Además de a los servicios del 911 y al servicio telefónico subsidiado para residentes de bajos ingresos, el dinero a recaudar sería destinado al programa de ayudas técnicas para usuarios sordos y con dificultades auditivas.