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En campamento fronterizo mexicano, solicitantes de asilo esperan fin de orden de la era Trump

·4  min de lectura

Por Laura Gottesdiener y Daniel Becerril

REYNOSA, México, 22 jun (Reuters) - Cuando la solicitante de asilo Liset Ortiz fue raptada en la fronteriza Ciudad Juárez rumbo a Estados Unidos, un secuestrador halló el informe policial que llevaba como prueba de las amenazas de muerte que dice haber recibido en El Salvador por ser lesbiana.

Entonces, el sujeto la arrastró lejos de su hijo de ocho años, producto de un matrimonio previo a que ella se declarara homosexual, y la violó, relató Ortiz. "Me dijo que me iba a mostrar que era mejor que una mujer", confesó.

Ortiz, de 32 años, y su hijo fueron liberados del almacén donde estaban retenidos con otras mujeres retenidos solo después de que su familia en Estados Unidos transfirió 4,000 dólares a los secuestradores, confirmó su hermana en Texas.

Una vez liberados, cruzaron de México a Estados Unidos con la esperanza de buscar asilo debido a la discriminación que había enfrentado en su natal El Salvador.

No obstante, esa misma noche, los agentes migratorios estadounidenses los enviaron de regreso a México bajo una directriz de salud de la era del expresidente Donald Trump, que cerró la frontera a muchos solicitantes de asilo, dijo.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el relato de Ortiz.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su campaña presidencial, denunció un programa de la era Trump que devolvió a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a violentas ciudades fronterizas mexicanas para esperar mientras sus casos pasaban por los tribunales.

En su primer día en el cargo, Biden detuvo el programa. Sin embargo, mantuvo una orden de salud de su predecesor, conocida como Título 42, que permite a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras estadounidenses durante la pandemia del coronavirus.

Como resultado de esa decisión, a cinco meses de mandato de Biden, las escenas en la frontera con México apenas han cambiado.

Ortiz y su hijo son ahora una de las cientos de familias centroamericanas que acampan al pie del puente internacional en Reynosa, una de las ciudades más peligrosas de México.

Muchas de las familias que viven en carpas en Reynosa, justo enfrente de McAllen, Texas, llegaron después de que funcionarios estadounidenses las expulsaran a México sin la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo.

Desde que Biden asumió el cargo, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado más de 400,000 expulsiones bajo el Título 42, según datos de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La gran mayoría de los expulsados ​​son mexicanos y centroamericanos.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el Título 42 era una directiva de salud pública, no una herramienta de aplicación de la ley migratoria, y era necesario por motivos de salud. La administración de Biden dice que está trabajando para fortalecer el sistema de asilo a lo largo de la frontera.

Pero los grupos de defensa, funcionarios de Naciones Unidas e incluso algunos aliados demócratas aseguran que la preservación del Título 42 está sometiendo a los migrantes a los mismos peligros (secuestro, extorsión y violencia sexual) que durante el mandato de Trump (2017-2021).

"Creemos que es hora de poner fin al Título 42", dijo a Reuters Kelly Clements, alta comisionada adjunta de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. "Creemos que ahora está teniendo el efecto de poner a más personas, y niños en este caso, en peligro".

PATRULLA MIGRANTE

En Reynosa, los grupos criminales han luchado durante años por el control de las lucrativas rutas para el tráfico de drogas y personas. El sábado, hombres armados mataron a 19 personas aparentemente seleccionadas al azar en varios de sus vecindarios.

En la plaza, los migrantes realizan un patrullaje nocturno que ha abatido a algunos pandilleros que han intentado secuestrar a los residentes del campamento, dicen los migrantes.

Un testigo de Reuters no vio a ningún policía apostado cerca de la plaza. La oficina de Seguridad Pública a nivel estatal, el Gobierno de la entidad y las autoridades de migración federales no respondieron a preguntas sobre lo que estaban haciendo para proteger a los migrantes.

Los grupos criminales ejercen un control considerable a lo largo de la frontera en el noreste de México y requieren que los migrantes paguen por cruzar su territorio.

"Tengo miedo de estar aquí", confesó la madre hondureña Dolores Zúñiga, de 40 años, quien dice que fue secuestrada junto con sus hijos de siete y 11 años cuando llegó a Reynosa.

Tras cruzar la frontera y luego ser expulsada de regreso a México, su contrabandista le advirtió que, a menos que entregue 1,500 dólares a un grupo criminal para obtener permiso para estar en Reynosa, corre el riesgo de ser secuestrada nuevamente.

"Tienen fotos de mí", dijo, escondiéndose dentro de su sofocante carpa, donde mostró a Reuters mensajes de texto de su contrabandista advirtiéndole que no se aventurara siquiera al borde de la plaza.

(Reporte de Laura Gottesdiener y Daniel Becerril; Traducido por Sharay Angulo; Editado por Diego Oré)

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