Fernanda apostó su sueldo en un sitio de apuestas en línea en Brasil. "Lo he perdido todo, he vendido mi televisor, mi lavadora, todo lo que tenía en casa", lamenta esta limpiadora de 34 años.
Residente en Rio de Janeiro, Fernanda, cuyo nombre ha sido cambiado para garantizar su anonimato, está lejos de ser un caso aislado en el mayor país de América Latina.
Con carácter de urgencia, los poderes públicos buscan regular una actividad que funciona prácticamente sin ley ni orden desde 2018 y que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, tachó de "pandemia".
Las apuestas en línea "van a vaciar las neveras de los brasileños", advirtió Joao Pedro Nascimento, presidente de la autoridad bursátil, la Comisión de Valores Mobiliarios.
Los llamados "bets" ofrecen apuestas sobre partidos y juegos como el Tigre de la Fortuna o el Aviador, al que solía jugar Fernanda.
Hay unos 24 millones de adeptos en un país de 212 millones de habitantes, según el Banco Central.
Las plataformas patrocinan a la mayoría de los grandes clubes de fútbol e inundan el espacio público con anuncios protagonizados por estrellas, como el futbolista Vinicius Jr.
La prensa se ha dado un festín con supuestos escándalos de blanqueo de dinero en sitios ilegales.
- "Acoso televisivo" -
Un reciente estudio del Banco Central cayó como una bomba.
En agosto, cinco millones de beneficiarios de Bolsa Familia, la ayuda que el Estado paga a los más pobres, transfirieron un total de 3.000 millones de reales (unos 546 millones de dólares) a sitios de apuestas.
Esto representa una cuarta parte de los receptores y casi una quinta del pago mensual del programa social estrella del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
"Muchos pobres se endeudan intentando ganar dinero con apuestas. Tenemos que regular esto, de lo contrario pronto tendremos un casino en la cocina de cada hogar", declaró Lula el mes pasado.
Los casinos y otras actividades de juego están prohibidos en Brasil desde 1941. Pero en 2018 una ley autorizó los sitios de apuestas en línea, -muchos ubicados en paraísos fiscales en el extranjero-, condicionado a que la actividad se regulara y gravara posteriormente.
La nueva normativa entrará en vigor en enero pero una primera operación del gobierno ilegalizó la mayoría desde el viernes: unos 2.000 sitios serán bloqueados, mientras que más de 200 seguirán operando tras haberse comprometido a someterse a las reglas.
Estas subrayan la prohibición de apostar para los menores de edad y la obligación de los usuarios de registrar las cuentas con las que hacen las apuestas.