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Le robaron su salario: los casos de trabajadores estafados empeoran con la recesión

Noam Scheiber
·6  min de lectura
Kymami Hill, quien afirmó haber renunciado recientemente a un trabajo en un restaurante en el que a veces le pagaban 8 o 10 dólares por una noche de trabajo, en Chicago, el 3 de septiembre de 2020. (Lucy Hewett/The New York Times)
Kymami Hill, quien afirmó haber renunciado recientemente a un trabajo en un restaurante en el que a veces le pagaban 8 o 10 dólares por una noche de trabajo, en Chicago, el 3 de septiembre de 2020. (Lucy Hewett/The New York Times)

Fredy Moreno había estado trabajando como pintor de casas durante unas semanas en marzo, cuando empezó a sospechar que su jefe no tenía intención de pagarle. “Me dijo que me pagaría en una fecha determinada y luego cambió esa fecha”, afirmó Moreno a través de un intérprete. “Después me dio la excusa de que estaba en el hospital”.

Pero, como la pandemia acababa de iniciar y temía no poder conseguir otro empleo durante la recesión, decidió seguir trabajando. Para el momento en que decidió dejar de perder dinero algunas semanas después, a Moreno, quien vive en Minneapolis y ha buscado la ayuda del Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), ya le debían más de 13.000 dólares, de acuerdo con sus estimaciones. Moreno dijo que todavía no ha recibido ningún pago.

Incluso en las mejores épocas, los trabajadores de industrias como las de la construcción, la ropa, los alimentos y el servicio doméstico pueden tener problemas para cobrar parte o la totalidad del dinero que se les debe, en especial si son personas de color, mujeres o si no tienen ciudadanía estadounidense o representación sindical. Pero durante una recesión este problema, conocido como robo de salarios, tiende a incrementarse de forma significativa.

Un restaurante al aire libre en el vecindario Tribeca de Manhattan, el 26 de agosto de 2020. (Hiroko Masuike/The New York Times)
Un restaurante al aire libre en el vecindario Tribeca de Manhattan, el 26 de agosto de 2020. (Hiroko Masuike/The New York Times)

De acuerdo con un informe publicado el 3 de septiembre por el Centro Washington para el Crecimiento Equitativo, un centro de investigaciones liberal, la tasa de violaciones de la ley del salario mínimo en perjuicio de los trabajadores se incrementó casi al mismo ritmo que la tasa de desempleo durante la última recesión. En promedio, los trabajadores que sufrieron estas violaciones perdieron alrededor de una quinta parte de su salario por hora.

Las cifras del informe revelan que más del 20 por ciento de los trabajadores con salarios bajos recibieron probablemente menos dinero de lo que la ley exige en abril, cuando la tasa de desempleo alcanzó su punto máximo, en comparación con un poco más del 10 por ciento antes de la pandemia.

Hay dos razones clave, más allá del problema evidente de que los empleadores tengan menos dinero durante la recesión. En primer lugar, como en el caso de Moreno, los trabajadores tienen menos opciones de empleo cuando la economía es débil, lo que hace que sea más difícil confrontar a los empleadores abusivos.

“En mercados laborales flojos con alto desempleo, sabemos que los trabajadores van a ser menos propensos a enfrentarse a sus jefes porque temen más la posibilidad de perder su empleo”, dijo Janice Fine del Centro para la Innovación en Organización Laboral de la Universidad Rutgers, quien lideró el equipo que realizó la investigación.

Además, los reguladores laborales suelen tener menos recursos para hacer cumplir las leyes durante una recesión, debido a la reducción de presupuestos municipales y estatales.

Según escriben Fine y sus colegas, hay una falta de regulación eficaz en industrias enteras: el robo de salarios sin control permite a los empleadores sin escrúpulos vender más barato que sus competidores respetuosos de la ley, lo que a su vez presiona a esta misma competencia a estafar a sus empleados.

Varios trabajadores y activistas laborales corroboraron las conclusiones del informe y afirmaron que el problema del robo de salarios se había agudizado en los últimos meses.

“El robo de salarios y una infinidad de otros abusos laborales se han incrementado durante la pandemia, y han aumentado en una población que ya de por sí era vulnerable”, afirmó Angeles Solis, líder organizadora de Make the Road New York, un grupo que promueve los intereses de los trabajadores inmigrantes.

En algunos casos, empleadores que obedecían las leyes salariales antes de la pandemia sencillamente dejaron de hacerlo luego de su inicio, ya que confiaban en la renuencia de los trabajadores a defenderse.

Sin embargo, a menudo los cambios que reducen la paga de los trabajadores a niveles por debajo del salario mínimo son menos evidentes. Proveedores de restaurantes como las panaderías, por ejemplo, redujeron las horas de los trabajadores y despidieron a muchos de ellos durante la pandemia, lo que obligó a empleados que ganaban el salario mínimo o un poco más a aceptar trabajos menos estables y peor remunerados, afirmó Gabriel Morales, el director de programas de Brandworkers, un grupo de organización laboral en la industria alimentaria especializada.

“Se está empujando a la gente a sectores aún más explotadores de la economía”, dijo Morales.

Una de esas trabajadoras es Eloisa Veles, de Nueva York, quien perdió su empleo en una fábrica durante la pandemia y recurrió al trabajo doméstico. Veles afirmó que hace unos meses una familia acordó pagarle 600 dólares por una semana de tareas domésticas, pero al final de la semana le ofrecieron solo 300 dólares. Veles dice que se negó a aceptar el pago inferior e incluso involucró a la policía en el asunto, pero todavía no ha recibido nada de lo que le deben.

De acuerdo con Fine y sus colegas, las violaciones persisten en parte debido al proceso establecido por los reguladores para hacer cumplir la ley. Los investigadores señalan que en la mayoría de las ciudades y estados los trabajadores tienen que presentar denuncias para que se inicien las investigaciones, en vez de que se realicen inspecciones en los lugares de trabajo sin que antes sea necesario que haya una queja.

Los autores argumentan que el problema es que los trabajadores más vulnerables a la explotación son por lo general los menos propensos a pronunciarse —tanto porque suelen estar menos conscientes de sus derechos como por el temor a represalias—, por lo que los reguladores terminan dedicando más recursos a industrias más respetuosas de la ley. Además, las recesiones tienden a agravar ese patrón, ya que a los trabajadores les da aún más miedo quejarse.

Una alternativa recomendada por los autores, conocida como vigilancia estratégica del cumplimiento, consiste en que los reguladores se enfoquen en los empleadores influyentes de industrias en las que suelen cometerse muchas violaciones de la ley y actúen agresivamente cuando las detecten.

“Existe una creencia de que, cuando tienes alto desempleo en una economía como esta, tienes que apoyar a los pequeños negocios y flexibilizar el cumplimiento de las leyes”, dijo Fine. “En nuestra opinión, eso en realidad es una pésima idea. Al hacer eso, puedes terminar perjudicando de forma permanente los estándares salariales. Y es exactamente en esos momentos cuando tienes que garantizar que los estándares salariales se respeten”.

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This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company