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El cepo no alcanza y ahora la IGJ persigue el alquiler de cautelares para importar

·5  min de lectura

El Gobierno cierra el cerrojo sobre las irregularidades en importaciones. Mientras que la Aduana retiene la mercadería de empresas acusadas de "alquiler de medidas cautelares" para importar a dólar oficial, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la nulidad de su aprobación como sociedad a la Justicia.

En julio, las importaciones fueron unos $8.000 millones, de los cuales $2.500 millones se debieron a la necesidad de importar energía, pero los otros $6.000 millones son mercaderías que entran y divisas que se van de las reservas del Banco Central a pesar de todos los cepos.

Así las cosas, el Gobierno ahora aprieta todos los cerrojos legales para reforzar el cumplimiento del cepo a las importaciones que tiene.

Y Ricardo Nissen, titular de la IGJ, firmó una resolución este viernes para iniciar acciones judiciales respecto de Yoko SA, solicitando ante la Justicia Comercial la declaración de nulidad de esa sociedad, por considerar que realizó actividades ilícitas.

La denuncia de Cristina por alquiler de cautelares

La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo una denuncia pública sobre "alquiler de medidas cautelares", luego de acciones de control de la Aduana sobre Yoko SA y Tropea SA.

Esas empresas dedicadas a la importación de mercaderías habrían realizado "maniobras en perjuicio del Estado Nacional, que se traducen en el "alquiler" de medidas cautelares otorgadas a una sociedad importadora y luego "cedidas" o "transferidas" a otras compañías", dijo la IGJ.

Nissen, titular de la IGJ, pidió la nulidad de las sociedades denunciadas por alquiler de cautelares
Nissen, titular de la IGJ, pidió la nulidad de las sociedades denunciadas por alquiler de cautelares

Nissen, titular de la IGJ, pidió la nulidad de las sociedades denunciadas por alquiler de cautelares

El objetivo de la maniobra era para nacionalizar ilegítimamente determinadas mercaderías importadas y percibir del Banco Central el pago en dólares correspondientes a valor oficial, indicó.

En concreto, afirmó la IGJ, Yoko SA obtuvo la medida cautelar del Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri, quien ordenó liberar las mercaderías para poder importarlas sin cumplir con el procedimiento SIMI (Sistema Integral de Monitereo de Importaciones).

Luego transfirió los efectos de esa medida, mediante una autorización de venta de los productos importados por un mes, obligando al Banco Central a girarle a Tropea SA los dólares correspondientes para el pago valor oficial.

Una sociedad fantasma sin domicilio conocido ni capital

Ante las denuncias, IGJ procedió a investigar a las sociedades Yoko y Tropea, dedicadas a la comercialización e importación de productos de marroquinería, entre otras actividades, llegando a las siguientes conclusiones, enumeró el organismo:

1. La sociedad Yoko SA es una sociedad que carece de domicilio social en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de estar inscripta ante la IGJ.

2. Las inspecciones efectuadas en la sede social inscripta revelaron que en ese lugar nunca funcionó ni estuvo instalada la aludida sociedad.

Las inspecciones de la IGJ revelaron que Yoko no tiene domicilio conocido
Las inspecciones de la IGJ revelaron que Yoko no tiene domicilio conocido

Las inspecciones de la IGJ revelaron que Yoko no tiene domicilio conocido

3. En su sede social inscripta en la IGJ, sita en la calle General Manuel A. Rodríguez 2373 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona un local de delivery de productos sushi.

4. Se trata de una sociedad fantasma, comúnmente denominada "sociedad desaparecida", lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla.

5. Yoko SA es una sociedad anónima constituida en 1999, pero que nunca funcionó en forma legítima, pues se constituyó con un capital de $12.000, que jamás aumentó, incurriendo en lo que se denomina "infracapitalización societaria".

6. Esta falta de capital suficiente para realizar cualquier actividad en el mercado resulta sumamente perjudicial para sus acreedores, en especial cuando la sociedad se dedica a una actividad tan onerosa como lo es la importación de mercaderías del exterior.

7. Además, adeuda a la Inspección General de Justicia sus estados contables desde 2013 y solo en una oportunidad inscribió sus autoridades ante dicho organismo, lo que aconteció en 2016, incumpliendo permanentemente con expresas normas legales.

8. De acuerdo con los registros obrantes en la IGJ, se trata de una sociedad cuyos integrantes son Marcelo Portnoy, quien es el accionista mayoritario y único director, y Silvina Sofía Cabuli, quien es accionista minoritaria y directora suplente.

El último balance presentado por Yoko a la IGJ es de 2013
El último balance presentado por Yoko a la IGJ es de 2013

El último balance presentado por Yoko a la IGJ es de 2013

Irregularidades de una marca muy conocida

Por su parte, la sociedad beneficiaria de la "transferencia" de la medida cautelar obtenida por la Yoko SA es la sociedad denominada Tropea SA que, constituida en 1989, dedicada fundamentalmente a la comercialización e importación de productos de marroquinería, cuenta con 11 locales y 70 empleados.

Aunque la empresa es muy conocida en el mercado, para la IGJ sus estados contables carecen de toda credibilidad, ya que la certificación de auditor externo consiste en lo que se denomina "certificación literal" del balance que se encuentra prohibida por el organismo.

Por otro lado, su sede social inscripta se encuentra en la calle Fragata Sarmiento 1239 de CABA, que dicha sociedad ha abandonado hace muchos años, pero que no ha constituido nueva sede social ante el organismo de control, señaló la IGJ.

Su "sede social", según lo informó un encargado de la sociedad, en oportunidad de la visita de inspección realizada por las autoridades de la IGJ en estos últimos días, se encuentra en el local y depósito de Martínez, provincia de Buenos Aires, esto es, fuera de CABA, donde Tropea lleva a cabo las reuniones de directorio y las asambleas.

Esta sociedad se encuentra siendo investigada por la IGJ, quien le requirió la exhibición de la totalidad de sus libros societarios, para estudiar la regularidad de la actuación de sus órganos sociales, pero la existencia de "certificaciones literales" de sus balances crea una fuerte sospecha en perjuicio de la legalidad de la actuación externa e interna de dicha sociedad, remarcó el organismo.