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La CIDH ve falta de independencia en la justicia de Bolivia

BOLIVIA-CIDH (AP)
BOLIVIA-CIDH (AP)

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el viernes su informe preliminar sobre Bolivia, tras su visita en el país en medio de críticas de la oposición hacia el relator, y mencionó la ausencia de independencia judicial y las heridas aún sin sanar que dejó la crisis político-social de 2019.

Atribuyó la falta de acceso a la justicia a dos razones. "La primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales, y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”, señaló Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH en el reporte sobre su visita dado a conocer en un barrio al sur de La Paz.

La delegación, esperada por diferentes sectores, inició el lunes su visita para verificar la situación de derechos humanos en la nación andina. Pero en el segundo día surgieron fuertes críticas contra el relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, por haber participado el martes en un acto que organizó el gobierno del presidente Luis Arce.

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El ejecutivo convocó a un acto de desagravio ante la actuación de los ex vocales del Órgano Electoral, quienes administraron las fallidas elecciones de 2019, anuladas después por denuncias de fraude. El episodio de hace casi cuatro años derivó en un estallido social que dejó 37 fallecidos.

“Quiero reiterar que mi participación en el evento en el Ministerio de Justicia fue totalmente de buena fe, acorde al mandato de la Comisión y el mío propio para velar por la reparación de las víctimas...", se justificó el relator. "La imparcialidad de la Comisión no está, no estuvo y no estará comprometida”, dijo el viernes en su descargo.

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) dijo a The Associated Press que, en su reunión con la delegación de la CIDH, hizo conocer su posición ya que “en 2019 hubo un fraude electoral”. Añadió que no ve alguna “razón alguna para que el comisionado del CIDH esté presente en un acto organizado por el gobierno de Bolivia, porque es una forma de legitimar algo que fue algo absolutamente ilegítimo”.

Tras cuatro días de misión, los representantes de la CIDH se reunieron el viernes por la mañana, antes de presentar su informe preliminar, con el presidente Arce en el Palacio de Gobierno, tras haber visitado en las cárceles a los opositores procesados y condenados por la crisis de 2019 para verificar sus condiciones de encierro.

Con la justicia como uno de los puntos a observar por la delegación, la oposición denunció que tras la crisis social de 2019 hay más de 180 presos políticos. El gobierno alega que busca hacer justicia, ya que mantiene que hubo un golpe de Estado, a lo que fue considerado por la oposición como protestas contra el fraude que llevó a renunciar al Evo Morales a su cargo de presidente.

“En Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita”, mencionó Arosemena de Troitiño.

La primera vicepresidenta de la CIH aseguró que se necesita una “reforma del sistema de justicia, que garantice una plena y efectiva independencia judicial”, asi como elección de los representantes judiciales consensuada por todos los actores.

La misión visitó la cárcel de Miraflores en un barrio de la ciudad de La Paz, donde se encuentra la expresidenta Jeanine Áñez. Posteriormente, fue al penal de Chonchocoro en el altiplano de Bolivia, donde está en prisión preventiva desde finales de diciembre el gobernador opositor de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Tras su detención hubo fuertes protestas en Santa Cruz.

La comisión condenó todo tipo de violencia, pero también pidió al Estado velar por un uso de la “fuerza respetando principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad”. Camacho aún gobierna desde la cárcel en Santa Cruz, región considerada como el motor económico y reducto opositor en Bolivia. El mismo Camacho encabezó las protestas tras los comicios de 2019 denunciados de fraudulentos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en los que Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.

Añez está presa desde hace dos años y fue sentenciada a diez por ocupación ilegal del cargo. Tras la renuncia de Morales, Áñez asumió como presidenta interina y llamó a comicios un año después de la victoria de Arce, heredero político de Morales. La exmandataria reprochó que la CIDH haya tardado casi dos años en visitarla.