Colectivas denuncian falta de protocolos para castigar chat de fotos de mujeres; Anáhuac trata de silenciarlas

A más de una semana de la denuncia pública sobre la existencia del grupo “Zorritas de la UAM” -en referencia a la Universidad Anáhuac Mayab-, colectivas de las distintas escuelas cuyos estudiantes se encuentran relacionados con él, dicen que no hay avances en las investigaciones, y se muestran desconfiadas en que exista una sanción contra los responsables.

Autoridades de Yucatán y de varias universidades del estado investigan la existencia del grupo en la aplicación de mensajería Telegram, donde mil 280 usuarios compartían contenido íntimo de universitarias, así como sus datos personales.

En todos los casos -dentro de las universidades y por parte de la Fiscalía-, las investigaciones se han iniciado por las denuncias públicas realizadas desde el anonimato. Según las organizaciones estudiantiles, las jóvenes afectadas no han querido iniciar procedimientos formales, pues tienen miedo de ser estigmatizadas o amenazadas, y que al final los responsables queden impunes.

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Miedo a la revictimización y falta de protocolos

Cristina, integrante de la colectiva Violetas de Anáhuac, reclama que, desde que se dieron las denuncias sobre la existencia del grupo de Telegram, la universidad ha tratado de silenciar los cuestionamientos que ha habido por parte de estudiantes, quienes no cuentan con información de qué hacer en caso de ser víctimas, o de tener datos que pudieran contribuir a las investigaciones.

“La universidad lo único que ha hecho hasta ahora es publicar un comunicado en redes sociales y un video en el que tratan de promover la imagen de la institución como un espacio seguro. Pero todo ha seguido normal… nosotras seguimos esperando respuestas”, señala en entrevista.

A esta falta de información y el acallamiento de los reclamos se suma el hecho de que la Universidad Anáhuac Mayab no cuenta con un protocolo específico para atender casos de violencia contra las mujeres, menos de violencia digital.

María Paula Balam, del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) -organización ha mantenido contacto estrecho con colectivas de universitarias y con víctimas- señala que ante la falta de protocolos, se ha buscado que den seguimiento del caso a través de otras figuras institucionales.

“En la Anáhuac hay un reglamento que contempla faltas y violencias dentro de la comunidad, es muy general, no está diseñado para atender violencia contra las mujeres, pero sí la que se da entre alumnos o por parte de profesores. Con él estamos buscando que se atiendan los casos”, explica.

Sin embargo, aún con esta alternativa, que se proceda y no haya impunidad no es sencillo, pues tal como menciona Cristina “hay miedo, las compañeras se sienten intimidadas porque la universidad pueda tomar represalias, que se afecten las actividades académicas o los procesos de titulación… Por eso preferimos seguir asesorándonos”.

En respuesta a las denuncias anónimas, la Universidad Anáhuac Mayab se limitó a emitir un comunicado en el que expresa su “rechazo a este tipo de acciones (la existencia del grupo de Telegram) y cualquier otra que vulnere los derechos humanos y la dignidad de la persona”.

La institución dijo estar comprometida a identificar a los responsables y, en caso de ser alumnos, aplicar las sanciones correspondientes incluida la expulsión definitiva. Además, ofreció acompañamiento y apoyo psicológico y legal a las afectadas.

Por su parte, integrantes de la cuenta @SororidadAnahuac en la red Instagram, desde donde se compartieron las capturas de pantalla del grupo “Zorritas de la UAM”, denunciaron ser víctimas de amenazas.

Aún con protocolo, denuncias no avanzan

Otra de las universidades cuyos alumnos se encuentran presuntamente involucrados en el grupo de Telegram es la Autónoma de Yucatán (UADY).

Esta, de acuerdo con Rosa Cruz, directora de la organización UADY sin acoso, fue la primera institución educativa del sureste en contar con un mecanismo específicamente diseñado para investigar y resolver casos de violencia contra mujeres, aunque se ha denunciado en múltiples ocasiones que no funciona.

“UADY sin acoso ha registrado en tres años más de 500 casos que tienen que ver con violencia sexual y discriminación, pero son situaciones constantes que luego se lleva el viento y no queremos que esto pase de nuevo”, afirma.

Por ello, señala que actualmente exigen la renovación del protocolo existente, para que esté más apegado a derechos humanos, ya que tal como está “es muy revictimizante y eso provoca que las estudiantes que se encuentren en situación de violencia no quieran denunciar de manera formal”.

Para Rosa, es importante que las autoridades universitarias garanticen espacios seguros para la comunidad, pero también para la ciudadanía, “considerando que los presuntos implicados son futuros profesionistas, van a ser los abogados, maestros, psicólogos o médicos… eso es lo preocupante”.

Tras darse a conocer las denuncias públicas, la rectoría de la UADY emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a toda manifestación de violencia con las mujeres, y pidió que se esclarezcan los posibles hechos delictivos.

La UADY llamó a las estudiantes a acercarse e iniciar procesos a través de su “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales. Hasta ahora, según las autoridades escolares, no hay una sola denuncia por el caso referido.

Autoridades esperan denuncias

El pasado 18 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán informó que, desde que tuvo conocimiento del caso de violencia digital que involucra a instituciones públicas, inició una investigación de oficio, con el número de expediente G8 258/2022, en colaboración con la Policía Cibernética.

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres, “se ha mantenido en comunicación desde el conocimiento del caso con las autoridades de cada una de dichas instituciones educativas involucradas para brindar asesoría legal y psicológica a las posibles víctimas”, indicó la dependencia en un comunicado.

La Secretaría indicó que cada universidad, con base en sus protocolos y procedimientos internos, canalizará a las mujeres que hayan sido víctimas a la dependencia, para que se les brinde de manera gratuita acompañamiento para interponer las denuncias correspondientes.

En el caso de la Universidad Marista -cuyos alumnos no han sido señalados como integrantes del grupo de Telegram-, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la violencia contra las mujeres y llamó a las estudiantes a acercarse a las autoridades escolares en caso de haber sido víctimas.

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