Yahoo Finanzas Cómo la batalla legal por el muro fronterizo de Trump podría perjudicar a la economía
Dieciséis estados que se unieron a la primera de una serie de demandas judiciales contra la maniobra del presidente Donald Trump decretando la emergencia nacional para financiar un muro en la frontera sur podrían bloquear casi 7.000 millones de dólares en gastos adicionales si los fondos quedan bajo la jurisdicción del tribunal.
La demanda presentada en un tribunal federal del distrito del Norte de California busca una orden judicial para impedir que la administración de Trump use 7.000 millones de dólares en fondos federales ya asignados a los estados para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
“Es probable que el desvío de fondos sea retenido en los tribunales en la mayor parte o la totalidad del primer mandato del presidente Trump”, eso dice un informe de Rabo Research, una firma global de investigaciones económicas y de mercado.
Las batallas en los tribunales retendrán los fondos de la economía, dijo la firma, lo que podría impactar negativamente en el crecimiento del PIB. La confianza del consumidor, las empresas y los inversores también podrían verse impactados de forma negativa.
‘Muy difícil crear el caso legal’
Se puede cuestionar si los tribunales permitirán o no impugnaciones legales. Ninguna de las partes que han demandado a la administración satisface fácilmente los requisitos permanentes que generalmente se requieren para sostener acciones contra el gobierno federal sobre la acción ejecutiva.
“A menos que el decreto de emergencia se dirija a una clase de gente que tiene derecho a recibir un trato diferente al que reciben en la declaración universal, en realidad es muy difícil crear un caso legal que impugne la declaración de la emergencia”, eso dijo a Yahoo Finance Kim Lane Scheppele, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Princeton.
Los demandantes deben tener “perjuicio de hecho”, lo que significa un perjuicio que ya ha ocurrido o que es inminente, y que no es hipotético. También deben poder vincular el supuesto perjuicio y demostrar que el tribunal es capaz de mitigarlo.
Los 16 estados nombrados en la demanda de California alegan diversas lesiones. Algunos dicen que desviar fondos de los estados causan un perjuicio a los ciudadanos del estado porque el estado ya no puede usar los fondos para detener el flujo de drogas ilegales y llevar a cabo otras actividades para el cumplimiento de la ley. Otros dicen que los fondos desviados de los proyectos militares obstaculizarán el crecimiento económico en general, lo cual a su vez disminuirá los ingresos fiscales del estado.
Es una incógnita si este tipo de perjuicios son suficiente para que el tribunal otorgue una orden judicial que detenga temporalmente el uso de 7.000 millones de dólares.
“Si California dice que se han tomado los fondos que necesitaremos para la temporada de incendios del año que viene, eso es un perjuicio hipotético y queda un largo camino por recorrer, por lo que el Congreso podría volver a pasar por encima de los fondos”, dijo Scheppele. Aunque los tribunales se adentran en un territorio desconocido, Scheppele dijo que pueden encontrar formas de fundamentar la demanda del estado.
En total, el presidente anunció 8.000 millones de dólares para proteger la frontera. De ellos, 1.475 millones de dólares no están sometidos a escrutinio inmediato porque fueron asignados por el Congreso para construir vallas fronterizas. De acuerdo a la administración, los restantes 7.000 millones de dólares podrían financiar la construcción del muro de verdad, incluidos 3.500 millones de dólares a los que se accedió mediante la declaración de la emergencia, 2.500 millones de dólares extraídos de una cuenta del Departamento de Defensa para reducir el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos y 600 millones de dólares de un fondo de confiscación usado para combatir el crimen.
La administración dijo que primero planea conseguir los fondos que no dependen de la declaración de emergencia. Si los tribunales consideran que esos fondos están fuera de su ámbito competencial, eso podría disminuir los impactos negativos que se proyectan sobre el PIB.
Otras posibles demandas judiciales
En 2014, un tribunal federal de distrito allanó el camino para que la Cámara de Representantes de Estados Unidos demandara a un presidente en el ejercicio de sus funciones. En ese momento, un tribunal de distrito otorgó a los republicanos de la Cámara la posibilidad de presentar una demanda contra el entonces presidente Barack Obama. Esto debido a que fue quien eludió la capacidad económica del gobierno para reasignar fondos gubernamentales no asignados a la Ley de Asistencia Médica Asequible.
Dado que la Ley de Emergencia Nacional de 1976 otorga al presidente la autoridad de invocar emergencias nacionales y ofrece una medida para que el Congreso corrija los excesos ejecutivos, los tribunales se han mostrado reacios a conceder al Congreso el derecho de demandarlo conforme a esta ley.
“Hay un grupo llamado Proteger la Democracia que está planeando presentar una demanda”, dijo Scheppele. La organización está compuesta por exabogados del Consejo de la Casa Blanca de administraciones demócratas y republicanas que confían en un cuerpo de leyes del poder ejecutivo informal dictadas por gobiernos anteriores.
“Desde hace décadas, ha sido una especie de ley secreta del poder ejecutivo”, dijo Scheppele. El grupo, explicó, puede tener prestigio debido a su gran participación para que haya continuidad en las restricciones legales del ejecutivo.
Los dueños de propiedades privadas cuyos terrenos el gobierno federal necesitaría para construir muros fronterizos y vallas son otro grupo de posibles demandantes, aunque sus reclamos serán considerados en sí mismos como un desafío directo a la constitucionalidad de la emergencia nacional.
‘No necesitaba hacer esto’
Trump pudo haber socavado su postura de que las drogas, la trata de personas y las bandas que cruzan a Estados Unidos respaldan la necesidad de declarar la emergencia nacional. Mientras contestaba a una pregunta de la NBC sobre la declaración, el presidente dijo que “no necesitaba hacer esto, quería hacerlo más rápido”.
Los críticos cuestionan la interpretación del presidente de una situación de emergencia a la velocidad con la que eligió declararlo. Si las drogas, la trata de personas y las bandas fueran una verdadera emergencia nacional, dice, se debería haber declarado tan pronto como el presidente fuera consciente de la supuesta crisis.
Este argumento, dice Scheppele, podría no ser tan potente como creen los críticos.
“La Ley de Emergencia Nacional no define qué es una emergencia”, dijo, al tiempo que explicaba que, en circunstancias normales, los tribunales diferirían en la definición de qué constituye una emergencia nacional.
