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El problema con las denuncias de agresiones sexuales en Uber: "Creó su propio sistema de justicia”

Terry Harman, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, en San José, California, el 26 de septiembre de 2022. (Jim Wilson/The New York Times)
Terry Harman, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, en San José, California, el 26 de septiembre de 2022. (Jim Wilson/The New York Times)

SAN JOSÉ, California — En febrero, Terry Harman, fiscal adjunta del condado de Santa Clara en California, escribió un memorándum en el que detallaba sus preocupaciones por las agresiones sexuales en los viajes de Uber.

El documento que le envió a su jefe, el fiscal de distrito Jeff Rosen, decía que aunque su oficina procesaba varios centenares de casos de agresión sexual al año, solo uno tenía que ver con un conductor de Uber.

Con base en datos proporcionados por Uber, ella calculaba que los usuarios de este servicio en el condado de Santa Clara habían reportado hasta 60 incidentes de agresiones sexuales a la empresa tanto solo en 2017 y 2018.

“Uber recibe una queja, la investiga, hace un hallazgo y maneja ese hallazgo de manera interna y en privado”, comentó Harman. “En la práctica, Uber ha creado su propio sistema de justicia”, agregó.

Desde entonces, Harman y otras autoridades locales, incluido Sam Liccardo, alcalde de San José, se han reunido en varias ocasiones con Uber, con la esperanza de convencer a la empresa de denunciar las agresiones sexuales a las autoridades de procuración de justicia, aunque sea a modo de prueba. Sin embargo, las autoridades dicen que Uber se ha negado, con el argumento de que las víctimas deben controlar cuándo y cómo dar a conocer sus experiencias.

Este estancamiento es parte de una batalla más extensa por la manera en la cual Uber y otras empresas de viajes compartidos denuncian las agresiones sexuales. En años recientes, tanto Uber como Lyft dieron a conocer datos que revelan el número de ataques e incidentes de acoso reportados a la empresa. Además, las dos empresas comenzaron a compartir entre sí datos sobre conductores peligrosos. Pero hay quienes creen que las empresas deberían hacer más.

En la última década, algunas víctimas de agresiones sexuales demandaron a estos corporativos de viajes compartidos, con el argumento de que no protegen a sus usuarios. Desde septiembre de 2021, al menos 40 mujeres han presentado demandas de este tipo contra Uber. En agosto, otras 13 demandaron a Lyft. Todas las demandas se encuentran en etapas iniciales y aún no han llegado a juicio.

Sandra Henriquez, directora ejecutiva de una asociación de centros de crisis por violación, en Pasadena, California, el 29 de septiembre de 2022. (Tag Christof/The New York Times)
Sandra Henriquez, directora ejecutiva de una asociación de centros de crisis por violación, en Pasadena, California, el 29 de septiembre de 2022. (Tag Christof/The New York Times)

En 2019, la Comisión de Servicios Públicos de California le ordenó a Uber que proporcionara información más detallada sobre agresiones sexuales en sus viajes, incluidos los nombres de los testigos. Como Uber no cumplió, el estado le impuso una multa de 59 millones de dólares. Después, Uber llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por más de 9 millones de dólares.

Seguridad pública

Ahora, la fiscalía de distrito de Santa Clara y el alcalde de San José argumentan que Uber —y otras empresas de transporte colectivo— deben denunciar todos esos incidentes a las autoridades para que puedan investigarse de manera oficial. Consideran que este acto es fundamental para mantener la seguridad pública. En su opinión, si bien las personas que agreden a un usuario en un automóvil de Uber pueden ser retiradas del servicio, eso no evita que agredan a alguien más en otras circunstancias.

“Solo queremos que Uber llame a la policía y la deje investigar”, comentó Rosen durante una entrevista reciente en su oficina de San José. “La víctima puede o no querer hablar con la policía y está bien. Pero Uber necesita dejarnos explicarle a la víctima cuáles son sus opciones”.

En diciembre de 2019, Uber hizo público su primer “informe de transparencia de seguridad”, en el que reveló que había recibido unas 6000 denuncias de agresión sexual en los viajes en 2017 y 2018. Más de 1240 de esas quejas se hicieron en California, según las cifras que dio a conocer la Comisión de Servicios Públicos de California.

Teniendo en cuenta que en el condado de Santa Clara reside el 5 por ciento de la población del estado, la fiscalía de distrito calcula que en ese condado ocurrieron 62 agresiones durante ese lapso de dos años. Pero solo un incidente se denunció ante la policía.

Uber se negó a hablar del cálculo. La cifra puede incluir incidentes que el fiscal de distrito no procesa.

En la primavera, la fiscalía de distrito se reunió en dos ocasiones con ejecutivos de Uber para intentar convencerlos de denunciar estos incidentes a las autoridades. Sin embargo, Uber insistió en que no lo haría, pero sí dio a conocer un nuevo informe de seguridad en el verano, que revela que la tasa de agresiones sexuales reportadas disminuyó un 38 por ciento en 2019 y 2020.

Las víctimas deben decidir, dice Uber

Desde hace tiempo, la empresa argumenta que las víctimas de agresión sexual debieran ser la únicas en controlar cuándo y cómo denuncian las agresiones que sufrieron. La empresa afirma que es la postura adoptada por los grupos de defensa que apoyan a los sobrevivientes de agresiones sexuales, incluyendo la Red Nacional Contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN, por su sigla en inglés), y la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica.

“Nuestra postura no es una ocurrencia nuestra”, afirmó la empresa en una declaración al New York Times. “Los principales expertos en este tema y los sobrevivientes mismos nos indicaron en todo momento que asumir que alguien quiere que la policía se involucre, o presionarlos para que lo hagan, presenta el riesgo de volver a traumatizarlos”, afirmaba la empresa.

Sandra Henriquez, directora ejecutiva de ValorUS, una asociación de centros de crisis por violación y programas de prevención de agresiones sexuales que ha trabajado desde hace tiempo con Uber en las políticas relacionadas con las agresiones sexuales, estuvo presente en una de las reuniones con la fiscalía de distrito de Santa Clara. Ella también le dijo al fiscal de distrito que Uber no debería compartir con la policía las denuncias de agresión sexual.

“Cuando los sobrevivientes se acercan y comparten algo, quieren tener el control sobre a quién se comparte dicha información. Esa decisión debe pertenecerles a ellos y a nadie más”.

Rosen, el fiscal de distrito, mencionó que las preocupaciones de las víctimas de agresiones sexuales deben equilibrarse con la necesidad de seguridad pública. En su opinión, si Uber revelara los incidentes a la policía la decisión de hablar con las autoridades o no seguiría en manos de las víctimas.

Rosen también se pregunta si Uber les explica a las víctimas de manera adecuada que tienen la opción de contactar a la policía. Resulta sorprendente que tan pocas víctimas denuncien las agresiones sexuales al condado.

Un vocero de Uber dijo que, desde 2020, algunas víctimas reciben un correo electrónico que proporciona una línea de atención operada por RAINN y menciona la opción de presentar una denuncia ante las autoridades.

“Creemos que la decisión de presentar una denuncia ante la policía depende totalmente de ti. Si decides denunciar este hecho a la policía, por favor, proporciona a las autoridades la dirección de nuestro portal en línea”, dice el correo electrónico de la empresa. “No es necesario hacer una denuncia a la policía para llamar al número de teléfono de atención al público indicado anteriormente”, agrega.

Liccardo, quien estuvo presente en otra reunión con Uber de fines de septiembre, dijo que la empresa debería al menos explicarle claramente a las víctimas que ellos no denuncia los incidentes de agresión sexual a la policía y que podría no haber una investigación o proceso oficial salvo que las víctimas mismas notifiquen lo sucedido a las autoridades.

“Nos sorprende escuchar que estas empresas se escudan en el lenguaje de la protección de la autoridad y la autonomía de las víctimas de agresión sexual, cuando de hecho no les están brindando la información en la que les expliquen que pueden tomar medidas para asegurarse de que sus agresores sean arrestados y procesados”, comentó.

© 2022 The New York Times Company

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