El Congreso de los Diputados abre un debate sobre paralización de los desahucios

El Congreso de los Diputados español abrirá un debate en torno a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada este martes con más de 1,4 millones para paralizar los desahucios horas después de que una pareja de ancianos se suicidara antes de ser desalojados, informó la Guardia Civil.

Contra todo pronóstico, la iniciativa popular recibió a última hora el apoyo del Partido Popular (PP) con lo que se abrió un proceso de debate que puede culminar en la aprobación como ley de este proyecto, que también contempla la aplicación de la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria.

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y el agravamiento de la crisis en España, muchas familias se han visto incapaces de pagar las hipotecas que pactaron durante los años del 'boom' y muchas de ellas han sido desahuciadas de sus casas.

Ante esta problemática social, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recogió 1.402.854 firmas, casi el triple de las necesarias en España para presentar una proposición de ley ciudadana, para solucionar "la cara más dramática de la crisis en España".

La petición de debate fue aceptada por el Congreso de los Diputados después de que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso, cambiara su intención de voto a última hora.

"Queremos dar el reconocimiento político a una iniciativa social que ha inspirado esta acción del Gobierno", explicó el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

La PAH, que lleva cuatro años luchando contra los desahucios, pide el fin de estos desalojos, el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias y la creación de un parque de alquiler social.

"Las personas que padecen un proceso de ejecución hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales sino que se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero", indicaban en su iniciativa.

Este mismo martes, pocas horas antes del debate, un matrimonio de jubilados de 69 y 68 años se suicidó en la isla balear de Mallorca tras recibir un aviso de desahucio, informó una portavoz de la Guardia Civil.

Una tragedia que empieza a ser habitual en los últimos meses y que en noviembre acabó provocando la aprobación por parte del Gobierno español de una moratoria de dos años en los desahucios que afectaban a las familias más vulnerables.

Desde 2008, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado alrededor de 350.000 órdenes de ejecución hipotecaria, aunque muchas de ellas no se corresponden a primeras viviendas, un dato difícil de conocer.

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