En la convocatoria a una nueva colocación de deuda, el Gobierno admite la desconfianza que existe hacia el peso

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, sostiene un axioma de origen jurídico. Significa, ni más ni menos, que quien admite algo, libera a la contraparte de tener que probarlo. Y puede aplicarse para la señal que acaba de dar el Gobierno, al hacer la convocatoria para la primera de las tres licitaciones de deuda que tiene previstas durante agosto. Con ello no sólo intenta refinanciar lo que le vence (unos $310.000 millones), también busca fondos nuevos que le permitan cubrir un agujero fiscal que vuelve a crecer, pese a la sostenida creación de impuestos de los últimos meses y aunque la recaudación impositiva crece casi 12 puntos por encima de la inflación.

¿Por qué? Es simple: porque para ir en busca de unos $220.000 millones que le vencen la semana próxima el Ministerio de Economía decidió ofrecer al mercado siete instrumentos de deuda en pesos, cinco de los cuales (los de mayor volumen ofrecido) tienen algún tipo de “aditivo” (son pesos ajustables por inflación o según la variación que registre el dólar) y apenas dos (marginales) a tasa “pura”.

Así, reconoce que, a este nivel de tasas (del 36,9% al 41% son las últimas convalidadas, que apenas empatan o pierden contra el aumento que registra el costo de vida y la expectativa futura al respecto) la demanda de pesos “puros” no atrae más que a inversores “cautivos” (organismos públicos) o aquellos que pueden llegar explotar alguna ventaja normativa para hacerlos rendir más, como los bancos, a los que el Banco Central habilitó para que cambien Leliq por Letras del Tesoro.

La conclusión surge de la convocatoria oficializada hoy para el martes, una subasta con la que buscará conseguir $190.000 millones ($135.000 millones -o 71%- con bonos o Letras indexadas por CER) más el equivalente a otros US$450 millones (unos $43.650 millones al tipo de cambio mayorista previsible para ese día) para afrontar básicamente dos días después el pago de $221.000 millones por el vencimiento del remanente del Boncer TX21 que no se canjeó hace unas semanas.

De este modo, queda a la vista que el 77% lo intentarán captar con instrumentos que testimonian la desconfianza que hay en el mercado hacia el peso.

“Evidentemente, quieren aprovechar la demanda que hay por instrumentos de cobertura y, en el caso del dollar-linked, de aquellos que tengan vencimiento posterior a las elecciones. El escenario base del mercado es que habrá un acuerdo con el FMI en el primer cuarto del 2022 que exigirá reducir la brecha cambiaria para que pueda el BCRA comprar reservas”, explica el economista Juan José Vázquez, jefe de analistas en Cohen.

“Por eso ofrecen la reapertura del TV22D, que rinde -0,2%, y del T2V2D, que posee vencimiento a fin de noviembre del año que viene. Puede que con eso a su vez busquen desincentivar la demanda de dólar cable o MEP, ofertando este tipo de instrumentos que ajustan según el dólar oficial”, acotó.

La posibilidad de volver a emitir bonos que ajusten por el tipo de cambio, discontinuada desde el mes de mayo, había sido admitida desde la Secretaría de Finanzas, al reportarse a la prensa los resultados de la última subasta. “Un instrumento que ajuste según al tipo de cambio les permite a algunos grandes inversores diversificar y generar precios de referencia en el mercado”, explicaron entonces, aludiendo a que la opción que tendrían a través del mercado de futuros a muchos no les cierra. “Es una plaza no muy líquida para empresas grandes que buscan tomar cobertura”, dijeron.

Según la evaluación oficial, este tipo de instrumentos sirven además para “generar precios de referencia en el mercado” y buscan reforzar una señal: que el Gobierno se anima a emitirlos porque descarta una devaluación en el mediano plazo. Claro que la demanda que suelen tener es porque hay no pocos inversores que creen que al BCRA no le quedará más remedio que subir el ritmo de depreciación del peso dentro de algunos meses, tras haber permitido un retraso de 12 puntos respecto del IPC en lo que va del año para apoyar la estrategia con que el Gobierno busca llegar a las elecciones de término medio con una inflación algo más baja.

Los bonos dollar-linked son un instrumento de cobertura ante movimientos del tipo de cambio, pero que no implican para el inversor pasarse a moneda extranjera, ya que tanto la compra del título público como su cobro se realiza siempre en pesos. Lo que aseguran es mantener los pesos suficientes como para hacer el cambio de moneda al mismo nivel actual en adelante, si así se lo propusieran.

Su oferta apunta además a que el Gobierno pueda ampliar los plazos de colocación de su deuda, que se vienen acostando fuertemente en las últimas licitaciones, al punto que casi 6 de cada 10 pesos que el Gobierno captó en las últimas licitaciones le vuelven a vencer durante el presente ejercicio.