El coronavirus ya sirve incluso para justificar las 'puertas giratorias' de los políticos

Durante la última junta general de accionistas de Enagás (ENG), celebrada la semana pasada, se anunciaron los últimos fichajes para el Consejo de la compañía: los exministros socialistas José Blanco y José Montilla y Cristóbal José Gallego, especialista en energía afín a Unidas Podemos.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha justificado estos nombramientos alegando que “no les falta experiencia y conocimiento” del sector energético y podrán aportar un perfil “adecuado” en el escenario post-coronavirus, que requiere de profesionales con las competencias suficientes para adaptarse a esta nueva situación. Inaudito, lo nunca oido. Llardén declaró que estaban convencidos de que así lo iban a entender la mayoría de los accionistas y las tres incorporaciones estaban avaladas por la Comisión de Nombramientos de Enagás, una empresa controlada por el Estado pero con miles de accionistas privados y que cotiza en bolsa. El aval de esa comisión es como si las cuentas de una empresa fueran auditadas por sólo un auditor interno y no por uno externo que se juega su credibilidad ane el mercado en cada informe.

No es así como lo ha entendido la población, puesto que se trata de un caso más de políticos que acaban con un cargo en empresas privadas, el conocido fenómeno de las puertas giratorias. De hecho, el nombramiento de José Blanco es especialmente polémico porque el exministro fue responsable del departamento de Fomento, ajeno a cualquier asunto vinculado al gas o la luz. Al menos, Montilla fue ministro de Energía en su momento.

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No obstante, no es la primera vez que se incorporan expolíticos a Enagás: en el consejo también se han sentado ministros de diferentes ideologías, como Isabel Tocino y Ana Palacio (PP) o Ramón Pérez Simarro (PSOE). Podemos, que en muchas ocasiones ha criticado este asunto, subrayando que “no se trata de una buena práctica en democracia”, también ha sorprendido al conocerse la noticia de que uno de los asesores de su partido aceptase este cargo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Cristóbal Gallego respaldó algunas campañas en contra del gas en el pasado, como “Gas no es la solución” en 2018, junto a organizaciones como Greenpeace.

Un práctica que va en contra de la democracia

El concepto de puertas giratorias, una metáfora para explicar el movimiento de personas destacadas entre los sectores público y privado en ambos sentidos, se produce cada vez que un alto cargo público es contratado por una empresa privada en el momento en el que deja de ejercer su puesto Desgraciadamente, esta práctica se ha vuelto bastante habitual en España, hasta el punto en el que se ha convertido en un tipo de corrupción legal e institucionalizada.

Dos de los ejemplos más sonados de esta práctica, además de los ya citados, son el socialista Felipe González, que fue consejero de Gas Natural entre 2010 y 2015; y el popular Jose María Aznar, consejero de Endesa desde 2011 a 2014. No es un problema de ahora, sino que lleva ocurriendo desde los primeros años de la democracia.

Estas prácticas dañan la imagen de transparencia de un país y van en contra de la idea de democracia. El asunto no es que un político no pueda cambiar su rumbo profesional, sino que, en muchas ocasiones, los altos cargos comienzan a hacer favores- como ocultar delitos- a las grandes multinacionales cuando todavía trabajan en el sector público, con la esperanza de que, una vez que se retiren, estas compañías les devuelvan el favor en forma de contrato multimillonario. El sueldo de los políticos debe venir, en todo caso, de sus partidos o de sus cargos públicos y no de arreglos con empresas del sector privado.

Lo cierto es que hay quienes están a favor de prohibirlas por completo y quienes defienden que son inevitables y que es injusto que los políticos no puedan ‘reciclarse’. Una solución podría ser seguir el ejemplo de Francia y Canadá, dos de los países referentes en gestionar este problema. El primero cuenta con una autoridad superior para vigilar los conflictos de intereses entre el gobierno y el sector privado; en el segundo, los políticos de alto rango tienen que esperar hasta cinco años para entrar en el sector privado y una vez que entran no pueden cambiar de bando de nuevo. Lo que está claro es que esta práctica supone un riesgo para nuestra democracia, al beneficiar a unos pocos e ignorar los intereses de la ciudadanía.

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