Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de incumplimientos e impunidad

México llegó este lunes a las más de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un contexto en el que varios mecanismos previstos por la Ley General en la materia —de 2017— no se han puesto en marcha y mientras instancias internacionales señalan la prevalencia de la impunidad en torno al tema.

El RNPDNO considera a las personas desaparecidas y no localizadas en todo el país desde el 15 de marzo de 1964. De acuerdo con esta contabilización, 88 mil 598 permanecen con el estatus de desaparecidas, es decir, cuando se presume que este hecho está definitivamente relacionado con la comisión de un delito, y 11 mil 394 con el de no localizadas.

Hasta ahora, Jalisco ocupa el primer lugar con 14 mil 951 personas; Tamaulipas, el segundo con 11 mil 971; el Estado de México, el tercero con 10 mil 994, y Nuevo León, el cuarto con 6 mil 218. Del total de personas desaparecidas y no localizadas, 74.7% son hombres y 24.7% mujeres, aunque en los últimos 12 meses las mujeres han llegado a representar 30% del total.

Además, de los 14 mil 507 casos que permanecen sin año de referencia, luego de registros que van de una a 322 personas entre 1964 y 2006 (el más alto en 1974), la cifra comenzó a dispararse en 2007, un año después del inicio del sexenio de Felipe Calderón, cuando se registraron 838 personas desaparecidas, para llegar a 5 mil 157 en 2011, 4 mil 180 en 2012 y 4 mil 118 en 2013. Los siguientes años, la cifra anual de personas desaparecidas siguió incrementándose. En 2018, se registró un total anual de 7 mil 643, mientras que en 2021 fue de 9 mil 732.

El Comité contra la Desaparición Forzadas de la ONU (CED) apunta que entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98% tuvo lugar en ese periodo. “Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios”, dice el informe de su última visita a México, entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.

Por rango de edad, la mayoría de personas desaparecidas se ubica en los grupos de hombres de 20 a 45 años de edad. En el caso de las mujeres, el grupo mayoritario de desaparecidas está en el rango de los 15 a 19 años de edad (6 mil 225), mientras que el 42.6% del total de mujeres desaparecidas es menor de 19 años.

El CED de la ONU precisa en su informe que, a nivel nacional, “las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus”.

“Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.

Pendientes frente a la desaparición de personas

Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años, publicó Animal Político el pasado 20 de abril.

El CED destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.

Uno de los instrumentos esenciales para la identificación de estos restos es el Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017. Sin embargo, este no ha sido creado en más de cuatro años.

De acuerdo con el CED, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.7% de los cuerpos no identificados.

La operación de este Banco Nacional requeriría de una coordinación clara entre fiscalías locales, así como entre estas, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda. A esto se suma que la cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor. La ausencia del banco impide contar con una estadística actualizada.

Igualmente, el CED urge a avanzar con la mayor celeridad en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y a crear centros regionales debidamente equipados para la identificación de restos, priorizando un enfoque masivo, es decir, un sistema multidisciplinario para los casos de desaparición que analice toda la información disponible.

El CED destaca que el RNPDNO es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General de 2017, e incluso en torno a este colectivos y organizaciones han señalado las carencias que podría tener. Data Cívica explicó de manera reciente que, si bien el Registro Nacional pone de manifiesto la emergencia nacional, es imposible dejar de notar que hay estados que no reportan ninguna desaparición en todo 2019 o 2018. “Esto implica que es probable que los datos oficiales estén subestimando la magnitud de la crisis”, señaló la organización.

Aunado a esto, el CED precisa que, de acuerdo con la información disponible, las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de su perpetración, lo cual limita las posibilidades de extraer conclusiones definitivas a partir del análisis de las cifras más recientes.

Este lunes, al rebasar las 100 mil personas desaparecidas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también hizo énfasis en la necesidad de crear una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones, que recomendó el CED y aún está pendiente.

Diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas

En el reciente informe de su visita a México, el CED explica que si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y Fuerzas Armadas, cuyas víctimas eran principalmente grupos sociales de oposición, “a partir de 2006 reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas”.

El comité recibió información preocupante, según indica en su informe, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en la gran mayoría de las entidades federativas.

“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señala el CED.

De esa manera, a lo largo del informe enuncia preocupaciones específicas por desapariciones cometidas en contra de personas en contextos migratorios, personas indígenas en defensa de sus territorios, defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha contra ese delito, desapariciones en contextos carcelarios, de personas pertenecientes a poblaciones LGBT, así como en centros de tratamiento de adicciones.

Todo ello en un contexto en el que, para finales del año pasado, solo entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición en todo el país había sido judicializado, con únicamente 36 sentencias emitidas.

Para el CED, la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, y a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. “La lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es, por tanto, impostergable”, subraya el comité.

Centro Nacional de Identificación Humana, un nuevo esfuerzo

Ante la crisis forense a la que se enfrenta el país, con más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, el Congreso aprobó en abril la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que no contará con recursos propios para su operación este año, sino que dependerá de un subsidio federal ya autorizado que se destina a las comisiones de búsqueda estatales, y hasta ahora ha sido insuficiente.

Son mil 729 millones 815 mil 554 pesos de recursos federales otorgados a las comisiones locales de búsqueda entre 2019 y 2022, de los cuales, además, se contempla canalizar dinero al laboratorio de genética, al centro de resguardo de cuerpos, al laboratorio móvil forense, al Sistema de Administración y Control de Panteón Forense y Cadáveres, al sistema de reconstrucción facial, al software de medidas antropométricas, al vehículo refrigerante y a la cámara de conservación para segmentos anatómicos.

Esto, en un contexto en el que el CED ha señalado como destacables la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales en todas las entidades federativas, de la misma manera que ha subrayado su preocupación en torno a la insuficiencia de recursos que tienen hasta ahora.

Al poner en marcha la primera brigada de toma de muestras para el Centro Nacional de Identificación Humana, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, informó que el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, que ya trabaja con el enfoque de identificación masiva que se plantea para el Nacional, ha recuperado más de 750 cuerpos de fosas comunes de diferentes panteones municipales y recopilado más de mil muestras referenciales principalmente en Coahuila, pero también mediante brigadas en Nuevo León y Durango.

La próxima entidad para tomar muestras referenciales destinadas al Centro Nacional podría ser Jalisco, donde desde hace tiempo se trabaja en implementar el enfoque de identificación masiva. A finales de mayo, la CNB iniciará la primera exhumación de cuerpos en esa entidad en una fosa común, a la que seguiría la toma de muestras de familiares. La idea es continuar con los lugares en los que ya existen centros de resguardo de cuerpos, como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y, próximamente, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

De acuerdo con la comisionada, el Centro Nacional no será un servicio médico forense nuevo. La diferencia radica en que estará dirigido exclusivamente a personas desaparecidas y con un enfoque masivo, que no busca identificar uno a uno, sino a todas las personas sin vida que no han sido identificadas frente a todos los grupos familiares que buscan a una persona desaparecida. El sistema forense tradicional no trabaja así, ni en México ni en ninguna parte del mundo. El sistema masivo ha sido creado ante crisis como la de la ex Yugoslavia, Guatemala, Argentina o Chile, y permite avanzar de manera más rápida.

Como parte de su informe, hace poco más de un mes el CED destacó su llamado al Estado mexicano a erradicar todas las causas estructurales de la impunidad: “El conjunto de las instituciones del sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto”.

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