U.S. markets closed
  • F S&P 500

    4,014.75
    -17.75 (-0.44%)
     
  • F Dow Jones

    34,252.00
    -104.00 (-0.30%)
     
  • F Nasdaq

    11,717.25
    -65.50 (-0.56%)
     
  • RTY=F

    1,861.00
    -9.20 (-0.49%)
     
  • Petróleo

    75.99
    -0.29 (-0.38%)
     
  • Oro

    1,753.30
    -0.70 (-0.04%)
     
  • Plata

    21.32
    -0.11 (-0.54%)
     
  • dólar/euro

    1.0385
    -0.0019 (-0.19%)
     
  • Bono a 10 años

    3.6910
    -0.0150 (-0.40%)
     
  • Volatilidad

    20.50
    +0.08 (+0.39%)
     
  • dólar/libra

    1.2070
    -0.0021 (-0.17%)
     
  • yen/dólar

    139.0290
    -0.0710 (-0.05%)
     
  • BTC-USD

    16,481.36
    -0.07 (-0.00%)
     
  • CMC Crypto 200

    387.62
    +4.97 (+1.30%)
     
  • FTSE 100

    7,486.67
    +20.07 (+0.27%)
     
  • Nikkei 225

    28,164.92
    -118.11 (-0.42%)
     

Se cumplen ocho años de la masacre de Ayotzinapa bajo la sombra de la impunidad

© AP/Fernando Llano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró día de luto nacional en un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes y se comprometió a avanzar con las investigaciones, que hasta el momento han llevado a la detención de tres miembros del Ejército y el procurador general de la época, Jesús Murillo Karam.

Lo que originalmente fue atribuido exclusivamente a poderosos carteles de narcotráfico, la desaparición de 43 estudiantes que se dirigían a una protesta en Ciudad de México, ha sido designado como un crimen de Estado por la Comisión de la Verdad constituida para esclarecer el caso.

Los jóvenes cursantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa formaban parte de un centenar de estudiantes que habían secuestrado autobuses, una práctica habitual de protesta en medio de una lucha por mantener vivas este tipo de instituciones educativas, cuya existencia estaba amenazada.

Su objetivo era llegar a la capital para participar el 2 de octubre en una manifestación en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, un violento ataque de fuerzas del Ejército que dejó centenares de muertos, perpetrado en 1968 para contener una protesta estudiantil y evitar que una serie de marchas afectara la organización de los Juegos Olímpicos.

Horas de angustia y años de impunidad

Un primer grupo de estudiantes de la caravana se encontró con un acto político para celebrar la gestión del capítulo local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya dirección estaba en manos de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca y quien estaba por lanzar su candidatura para sucederlo en las próximas elecciones municipales.

Ambos, Abarca y Pineda, estaban señalados de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

La policía de Iguala atacó a tiros al primero de los autobuses que se acercó a la celebración, matando a un estudiante e hiriendo gravemente a otro. Los jóvenes afectados avisaron a sus compañeros de los otros autobuses, para que estos fueran a rescatar a los manifestantes que habían huido del cerco policial.

Dos estudiantes más de este nuevo grupo murieron abatidos por fuego policial y hasta un autobús de un equipo de fútbol de tercera división que regresaba de un partido fue atacado cerca de la medianoche del 26 de septiembre, causando la muerte de tres personas, al ser confundido con los transportes de los estudiantes.

Al día siguiente, 57 alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueron dados por desaparecidos, supuestamente secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala, pero 14 de ellos resultaron estar a salvo en sus casas. El destino de los 43 restantes sigue siendo un enigma que está lejos de aclararse.

Versiones confusas, confesiones bajo tortura y graves omisiones

Dos fosas comunes fueron encontradas en el curso de la búsqueda inicial, pero no se pudo establecer vinculación entre los restos hallados y los desaparecidos.

El 13 de octubre, el hoy detenido Murillo Karam, dio una conferencia de prensa en la que explicó que los jóvenes detenidos habían sido entregados por la policía de Iguala a la de Cocula, el municipio vecino, y que ésta a su vez los dejó en manos del grupo Guerreros Unidos, por órdenes del alcalde Abarca.

Su versión se basaba en testimonios obtenidos bajo tortura de los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, quienes habrían actuado por órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos. Éste habría ordenado dar muerte a los jóvenes en el entendido de que varios de ellos eran miembros del cártel rival Los Rojos.

El 7 de noviembre, Murillo Karam citó relatos de otros elementos de Guerreros Unidos, que hablaron también bajo tortura, según los cuales los estudiantes habían sido ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y las cenizas arrojadas a un río.

Cinco años después, investigaciones de la Fiscalía General de la República demostraron que la Procuraduría había empleado sistemáticamente la tortura para esclarecer el crimen. Algunos involucrados directos no pudieron ser imputados precisamente por ello, y otros, como Gildardo López Astudillo, que sería jefe regional de Guerreros Unidos, pasaron a la condición de testigos protegidos.

Los padres de los jóvenes desaparecidos han rechazado permanentemente las actuaciones en torno al caso, cuestionando el escaso sustento científico de algunas afirmaciones, como el de la incineración de los cuerpos. Hasta hace un par de años, estudios forenses habían logrado demostrar la identidad de una sola de las víctimas, Cristian Rodríguez, y valiosos elementos criminalísticos no fueron sometidos oportunamente a peritaje, como una bolsa con un kilo de presuntos indicios recolectados en la zona donde supuestamente se produjo la quema de los cuerpos.

Comisión de la Verdad tiene la meta de hacer justicia

El presidente López Obrador decretó el 4 de diciembre de 2018 la creación de una Comisión de la Verdad, en la que fueron incluidos familiares de los jóvenes. Año y medio después, la Fiscalía General ponía fin a la llamada “verdad histórica”, las versiones irregularmente obtenidas por la Procuraduría, y emitió una orden de captura contra el expresidente de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Cuando se cumplieron seis años de la masacre, López Obrador se reunió con familiares y les ofreció disculpas por las irregularidades durante la investigación y el pasado agosto la Comisión de la Verdad decretó como crimen de Estado la desaparición de los estudiantes, al comprobar que la versión dada originalmente por la Procuraduría había sido diseñada “en los más altos niveles del gobierno federal”, en ese entonces a cargo de Enrique Peña Nieto.

Interceptaciones de mensajes telefónicos han revelado que varios de los estudiantes fueron detenidos en instituciones militares y que al menos seis de ellos (los otros con identidad precisada) habrían muerto por orden del coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante de la base del Ejército en Iguala.

Nuevas evidencias han demostrado un involucramiento no declarado originalmente por parte del Ejército, que incluso habría infiltrado un elemento dentro del grupo de estudiantes. Además se ha demostrado que militares habrían facilitado armas y entrenamiento a grupos criminales como Guerreros Unidos.

No hay ni una condena firme en torno a este caso, 50 personas se encuentran en prisión a la espera de que se inicien los juicios y se han emitido órdenes de captura contra otras 80.

Con EFE y AP