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Definir un rumbo económico y bajar la presión tributaria, las políticas que se consideran necesarias para mejorar la productividad

·6  min de lectura

La actualización tecnológica resultó ser el factor más crítico cuando se les pidió definir, a ejecutivos y dueños de empresas, qué acciones permitirían que haya mejoras en la productividad. A la vez, gran parte de los entrevistados dijo que el contexto económico del país es la principal barrera que se enfrenta a la hora de incorporar tecnologías en las organizaciones.

Las conclusiones surgen de una encuesta sobre “productividad inclusiva”, de la que participaron 412 empresas con 10 ocupados o más, hecha entre julio y agosto de 2021 en el marco de un proyecto que desarrolla el IAE Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. El corazón del plan, según lo describió el economista y profesor Juan Llach, es “aumentar sustancialmente, en calidad y cantidad, la inversión en capital humano y en capital físico, para dar lugar a la creación de millones de puestos de trabajo”. Impulsar las exportaciones es uno de los ejes principales. Según Llach, el rebote de 2021 en la economía local “no puede considerarse como una tendencia”. Debe tenerse en cuenta, dice, que “ocurrió en la mayoría de los países por la recesión de 2020 y el éxito de las vacunas anti-Covid”.

Ante una pregunta con posibilidad de respuestas múltiples, casi 8 de cada 10 consultados optaron por apuntar al contexto económico, cuando se les pidió identificar las principales trabas con las que se enfrentan para incorporar tecnologías. Cuatro de cada 10 señalaron como problemas el alto nivel de inversión requerida y el costo de laboral, a la vez que poco más de 28% apuntó a las dificultades para el acceso al financiamiento.

En un informe sobre los resultados de la encuesta se concluye que, al menos en la visión predominante, reducir personal no es la receta para mejorar la productividad. La mayoría considera que esta última variable depende más de combinar la implementación de mejoras en los procesos con la actualización tecnológica y la capacitación.

Cuando se les preguntó a los directivos qué conduciría a elevar el nivel de lo que se produce medido por ocupado, el 56,8% señaló que el camino no es variar el número de empleados; un 21,6% eligió la opción de tomar más personal, y el 3,9% dijo que el sendero es reducir la plantilla. Un 17,7% sostuvo que no es posible en sus empresas aumentar la producción por empleado.

El proyecto sobre productividad inclusiva se basa en el supuesto de que adoptar de forma adecuada las herramientas que surgen en el campo tecnológico ampliaría la capacidad de generación de empleos. Para que se dé el escenario que haga eso posible, se definen ocho ejes sobre los cuales se debería actuar.

El primero se refiere a la productividad del Estado. Se sostiene que debería haber informes anuales de los tres niveles (nacional, provincial y municipal), que muestren la producción y la productividad de las dependencias públicas. Este factor está vinculado con el hecho de que, ante la consulta respecto de qué política sería más necesaria para ayudar a mejorar la productividad, la respuesta más elegida –38,1%– fue “una menor presión impositiva”. Le siguieron las opciones “rumbos más claros de la economía” (31,6%) y “rumbos más claros del país” (18,9%). La opción “menor costo laboral” fue elegida por el 5,8%, un porcentaje similar al que obtuvo la respuesta alusiva a que “no hace falta ninguna política pública”.

Otro de los puntos a trabajar, según el proyecto, es la mejora de la información estadística. Se menciona la necesidad concreta de que se corrija la subdeclaración de ingresos en las encuestas de hogares, algo que afecta la posibilidad de conocer fehacientemente la realidad social.

Mejorar el capital humano es el tercer factor en la lista. Y se mencionan ideas para el debate, como una ley de financiamiento del sistema educativo; la extensión de jornadas escolares sobre todo para los más pobres; nuevas políticas para definir los ingresos y la formación de los docentes; la inducción al estudio de carreras de ciencias duras y tecnológicas; la mejora de la articulación del secundario con ciclos superiores, y el aumento de la cantidad de becas, financiadas, por ejemplo, con un impuesto a los graduados.

También la inversión en capital físico y la inversión en ciencia y tecnología están en los ejes del plan. Según un informe publicado por el IAE se necesita invertir “no menos de un 20% del PBI, 6 puntos o US$25.000 millones más que en 2020″. Para eso, se apunta, “es esencial un rumbo claro y acordado del país” que aporte previsibilidad. Eso “requiere seguridad jurídica protegida por un Poder Judicial independiente, temas aún irresueltos”.

En el eje referido a “empleos formales y formalización”, se señala que una productividad inclusiva se caracteriza por no reducir el número de ocupados, sino por sentar bases para la creación de puestos. “Es esencial reemplazar los planes sociales permanentes, salvo la AUH, por capacitaciones laborales personalizadas”. La promoción de una mejor nutrición y de la inserción laboral para grupos más postergados son otras de las metas del plan.

“En una embarcación, cuando alguien cae al agua, se le tira un salvavidas; esa primera reacción de urgencia y preventiva debe ser transitoria. El objetivo final es abandonar el salvavidas y subirse al barco. Esta analogía sirve para explicar cómo creemos que el Gobierno debe manejar la esencia de la política social en el contexto actual”, describió Agustín Carbo, profesor e investigador en la Universidad Austral. Y agregó que, si bien la emergencia obliga a ser cortoplacista, deben repensarse medidas a partir de lo decidido en esos tiempos de crisis.

El proyecto del IAE tiene en cuenta un hecho que excede a la pandemia: la transformación del mundo del trabajo. “La cuarta revolución industrial constituye una gran oportunidad para la economía global, principalmente por el impulso sobre la productividad; sin embargo, establece riesgos potenciales que ameritan una intervención de las políticas públicas y un trabajo en conjunto con el sector privado, para evitar que los cambios productivos generen costos sociales de envergadura”, expresa en un informe el docente Eduardo Fracchia.

Más allá de marcar que es necesario incentivar la elección de carreras vinculadas con las oportunidades actuales y futuras, la encuesta indagó sobre la implementación o no de programas de perfeccionamiento o mejora del personal por parte de las empresas: mientras que tres de cada 10 dijeron aplicarlos para “la mayoría” de sus ocupados, un 27% respondió que tiene planes que abarcan a todo el personal y un 13%, que solo se los ofrece a una minoría. Y en tres de cada 10 firmas, directamente no se implementan programas.

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