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Desestiman demanda que pretendía mantener cárceles para inmigrantes

Un juez federal desestimó una demanda de los funcionarios de los Condados McHenry y Kankakee, despejando el camino para poner fin a la detención de los detenidos por las autoridades de inmigración federales en las cárceles de sus condados.

Los funcionarios del Condado McHenry dijeron que apelarían el fallo y continuarían con sus esfuerzos para anular la Illinois Way Forward Act, que prohíbe que las cárceles de los condados se utilicen para detener a los acusados de estar en el país ilegalmente.

Este año, la cárcel de McHenry en Woodstock retuvo un promedio de 180 detenidos federales. En el pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pagaba al condado unos ocho millones de dólares al año por encarcelar a los detenidos mientras esperaban las audiencias judiciales sobre sus casos de inmigración.

Asimismo, Kankakee ganaba unos cuatro millones de dólares al año por encarcelar a unos 120 inmigrantes.

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El Condado Pulaski puso fin recientemente a su acuerdo con el ICE. La agencia federal transfirió a la mayoría de sus 50 detenidos a otros centros de detención.

Los activistas argumentan que encarcelar a los inmigrantes mientras esperan una audiencia es cruel, separa a las familias y es innecesariamente costoso. Un estudio de la Universidad de Syracuse reveló que el 80 por ciento de los detenidos por el ICE no tienen antecedentes penales, y muchos otros solo tienen delitos menores. Cualquier persona acusada de un delito pasa por un proceso diferente en los tribunales penales.

Los funcionarios de McHenry han argumentado que, si la cárcel se ve obligada a dejar de retener a los inmigrantes, el gobierno federal simplemente los trasladará a otras cárceles fuera del estado, más lejos de sus seres queridos.

El presidente de la Junta del Condado McHenry, Mike Buehler, republicano por Crystal Lake, calificó el fallo como “un golpe al control gubernamental local, así como a la supremacía de la Constitución de Estados Unidos, frente a un claro caso de extralimitación de la Asamblea General y del gobernador J.B. Pritzker”.

El fiscal estatal del Condado McHenry, Patrick Kenneally, y el alguacil Bill Prim, ambos republicanos, emitieron un comunicado en el que señalaban que la junta del condado votó 15-8 en marzo para continuar con el contrato del ICE. La votación se produjo a pesar de un intenso debate en medio de la presión de los activistas para poner fin a la práctica.

En mayo, después de una campaña por parte de activistas de inmigración en Springfield, Pritzker promulgó la ley para prohibir que las cárceles retengan a los inmigrantes.

“La Illinois Way Forward Act es otro ejemplo de cómo la actual asamblea legislativa es probablemente una de las más partidistas y dogmáticamente rígidas en la historia de Illinois”, decía la declaración de Kenneally y Prim, “... una asamblea legislativa que tiene muy poco tiempo para las perspectivas de los residentes en los condados periféricos como McHenry y Kankakee”.

Los funcionarios del condado argumentaron que la ley violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal que permite la detención de

inmigrantes tiene autoridad sobre la ley local. Argumentaron que la ley restringe ilegalmente la capacidad del gobierno federal para celebrar acuerdos intergubernamentales.

Pero el juez Philip Reinhard dictaminó el lunes que la ley no regula directamente al gobierno federal. Más bien, la ley permite a los legisladores de Illinois decidir si permiten a los gobiernos locales retener a los inmigrantes, lo cual es competencia del estado.

Fred Tsao, asesor político principal de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, emitió un comunicado en el que calificó el fallo como una victoria para cualquiera “que se preocupe por la justicia y la dignidad de los inmigrantes”.

“Esperamos el día en que los contratos restantes de ICE en nuestro estado finalmente terminen”, dijo, “y trabajaremos para conseguir la liberación para todos los que están en esas cárceles por motivos de inmigración y para todos los demás que permanecen en el inhumano, costoso e innecesario sistema de detención de inmigrantes”.