Destruir lo que estábamos construyendo es un camino al fracaso

En abril, el gasto público primario del gobierno nacional creció un elevadísimo 87%, a todas luces un ritmo incompatible con cualquier pretensión de llevar el fisco al equilibrio y de atacar de raíz el problema inflacionario de nuestro país. De esta forma, el gasto público medido en términos reales ya se sitúa un 25% por encima del registrado en el mismo mes de 2019 y vuelve a 22% del PBI. Se cancela así el esfuerzo llevado a cabo entre 2015 y 2019 que había permitido reducirlo desde 24% hasta 18,5% del PBI. Con este crecimiento del gasto, el déficit primario de abril sumó $79.000 millones, desde un superávit primario de $500 millones alcanzado en abril de 2019.

La razón del deterioro fiscal es obvia: los subsidios económicos, que habían bajado entre 2015 y 2019 desde US$19.500 millones a a US$7000 millones, ahora totalizan US$18.500 millones. Y el déficit operativo de las empresas públicas, que mediante un minucioso trabajo de racionalización y management profesional había bajado desde US$2900 millones en 2015 a US$1700 millones en 2019, se sitúa ahora en US$4000 millones. Nótese lo ineficiente e inequitativo de este crecimiento del gasto, concentrado en un subsidio generalizado al consumo de energía y el transporte, y en empresas públicas gestionadas ahora por la política y ya no por profesionales, y en donde la única baja del gasto se ha logrado merced a una licuación de las jubilaciones, por casi dos puntos del PBI.

La inflación de los primeros cuatro meses del año ha sumado 23%, a un promedio mensual de 5,4%, corriendo a un ritmo anualizado de 88%. El tipo de cambio atrasado y las tarifas que ya no cubren ni 25% del costo del servicio solo auguran que, lamentablemente, la inflación de 2023 será más elevada que en 2022 y rondará los tres dígitos por primera vez desde 1990. La imposibilidad de acumular reservas aún durante los meses de la cosecha forzará en los próximos meses al Banco Central a acelerar el ritmo de devaluación del peso. Por su parte, las tarifas deberán ser actualizadas, impactando sobre el IPC y, en caso contrario, el aumento del déficit resultante de los mayores subsidios y la emisión monetaria terminarán generando inflación.

Los bancos, que dedicaban hasta agosto de 2019 el 41% de su activo a prestarle al sector privado, ahora solo le prestan el 30%, dedicando el resto de su balance a absorber el festival de bonos comandado por el Banco Central, que emite tres puntos del PBI al año en intereses de sus Leliqs, y por la fiesta de bonos ajustables por inflación que emite el Tesoro, cuyo stock crece al 58% anual acumulado (cifra medida en dólares a tipo de cambio oficial), pasando desde el equivalente de US$24.400 millones en 2019 a US$73.200 millones en la actualidad.

Ocurre todo esto en el marco de los términos de intercambio -la relación entre nuestros precios de exportación e importación- más elevados desde la posguerra de los años ‘40. En efecto, nuestros precios de exportación se sitúan 8% por encima del pico anterior de 2012. A pesar de ello, en el primer trimestre de este año las exportaciones medidas en cantidades apenas son 1% más elevadas que en el primer trimestre de 2019, mostrando un estancamiento absoluto de la variable que debería comandar el crecimiento de la Argentina junto a la inversión.

Mientras tanto, con un PBI muy similar al de 2019, las cantidades importadas han crecido en el mismo periodo un 31%. ¡¿Quién lo hubiera pensado?! Es que el cepo cambiario y la brecha que este genera actúan como una retención adicional de 45% sobre las exportaciones y como un subsidio similar para las importaciones. No debemos sorprendernos entonces de que las exportaciones, en cantidades, se hayan estancado. Y que las importaciones exploten por el aire. Un aumento de las importaciones puede reflejar un proceso virtuoso de crecimiento y de la inversión o puede ser la manifestación de un profundo desequilibrio en la macroeconomía. Este es el caso en esta triste actualidad de nuestro país.

Tal es la explosión de las importaciones que es hoy el Banco Central junto a otras dependencias del Estado quien decide quiénes acceden a los dólares subsidiados y quiénes no. Junto a las intervenciones cambiarias en el mercado de contado con liquidación efectuadas en 2020 y 2021, el Gobierno bate el récord de oscuridad y discrecionalidad en el acceso a los dólares baratos. Una vez que hay discrecionalidad y se asigna por cantidades, hay espacio para las injusticias y la falta de transparencia.

En 2022 las exportaciones van a sumar cerca de US$91.000 millones. Si las importaciones hubieran seguido el mismo ritmo de aumento en cantidades que las exportaciones, de 13% respecto de 2019, aun computando el crecimiento en sus precios, el superávit de comercio de 2022 debería situarse entre US$25.000 y US$30.000 millones. Pero este año será de sólo US$10.000 o 15.000 millones. Claro, para ello deberían eliminarse las distorsiones del cepo, que exacerba el deseo de acceder a importaciones subsidiadas. También debería detenerse la fuga generalizada del peso hacia la importación de bienes, provocada por la vigencia de una tasa de interés muy negativa que desincentiva el ahorro. Todo ello en un contexto de elevadísimo déficit fiscal y megaemisión de pesos que exacerba la huida de la moneda nacional. Con una oferta ilimitada, nadie quiere pesos. Con un subsidio cercano al 50% en el precio del tipo de cambio oficial, todos quieren importaciones.

Es una oportunidad increíble la que nuestro país está dejando escapar. Con una conducción económica responsable y austera, si el resultado fiscal de la Argentina se situara al menos en equilibrio primario, hoy la Argentina podría acumular reservas por cerca de US$15.000/20.000 millones al año. Téngase en cuenta que, ajustando el resultado fiscal por el ciclo actual de precios de las commodities, la Argentina debería, sin dudas, mostrar un superávit primario en sus cuentas públicas. Sin embargo, el desmanejo fiscal, monetario y cambiario no nos deja ver lo extraordinario del contexto externo: las circunstancias especiales que atravesamos como país productor de alimentos son realmente inéditas. Porque a ello debemos agregarle que, si el consumo de energía no fuera exacerbado por los precios artificiales y las exportaciones de petróleo no fueran castigadas por el cepo, mantendríamos aún el autoabastecimiento logrado en 2019.

En agosto de 2019, hasta las PASO, el riesgo país se situaba en 800 puntos, pero solo porque había alguna chance de que el kirchnerismo ganara. Si no hubiera sido así, hubiera regresado a los 300 puntos de 2017. La inflación se situaba en 2,1% en julio de 2019, con tipo de cambio libre y sin tarifas atrasadas, y las dos primeras semanas de agosto indicaban que ya se acercaba a 1%. De haberse continuado con nuestro programa fiscal y de no haberse anunciado que restructuraría la deuda, se pagaría a los jubilados con Leliqs y anunciado que saldría del programa con el FMI, la Argentina podría tener hoy una inflación de un dígito, estar disfrutando del activo estratégico que significa ser un gran exportador de alimentos en una zona alejada del conflicto bélico y podría generar una reserva externa similar a la que los noruegos acumularon cuando descubrieron el petróleo en el Mar del Norte.

Menos comprensible es aún que hayamos cerrado el Aeropuerto de El Palomar, cancelado la licitación para realizar el gasoducto desde Vaca Muerta, prohibido la constitución de sociedades simplificadas, dado vuelta la reforma tributaria de 2017 y el Consenso Fiscal o vuelto a la pésima fórmula de ajuste de las jubilaciones que les ha quitado dos puntos del PBI en los dos últimos años. Tampoco tiene justificación el haber cerrado la economía permitiendo aumentos de precios increíbles en la indumentaria, o haber repuesto el impuestazo tecnológico para favorecer a unos pocos empresarios a costa de millones de consumidores que en la pandemia, más que nunca, necesitaban productos de electrónica e informática a precios accesibles.

Destruir sobre lo construido no debe ser la norma nunca más. Juntos por el Cambio deberá hacer un esfuerzo enorme en 2023 para, si es posible, no reestructurar la restructuración de la deuda de 2020 a pesar de que la misma ha sido un rotundo fracaso, con el riesgo país en 2000 puntos y con los vencimientos que empiezan a caer apenas asuma el nuevo Gobierno después de una vacación en los pagos de capital e intereses de cuatro años. Será una ocasión para demostrar que la Argentina respeta sus compromisos siempre que no gobierne el kirchnerismo. De manera dolorosa, la aceleración inflacionaria de los últimos años nos muestra que no hay estabilización posible sin un fisco ordenado. Y que no hay alquimias monetarias y cambiarias que reemplacen el duro trabajo de hacer los deberes todos los días.

La sociedad argentina estaba haciendo un esfuerzo muy saludable a través del cual se había corregido el desequilibrio del tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos y se había llevado el déficit primario desde cuatro puntos al equilibrio y el gasto público consolidado desde 42% a 36% del PBI. Lo que se dilapida ahora es ese esfuerzo que no era obra de un gobierno sino de la sociedad en su conjunto.

*El autor fue ministro de Economía de la Nación (2017-2019).