Yahoo Finanzas Documentos reservados. El Gobierno puso bajo la lupa un proyecto del macrismo con Naciones Unidas
El gobierno de Alberto Fernández aceleró los pasos para cuestionar a la gestión de Mauricio Macri en uno de los terrenos que más le duele: la transparencia en el uso de fondos públicos.
La polémica está centrada en el proyecto denominado Pisos Tecnológicos, que buscaban instalar redes de datos de cierta complejidad en las escuelas. Estaba liderado por el Ministerio de Educación, que le pidió ayuda a un organismo de Naciones Unidas (ONU). Tenía un presupuesto original superior a los $2000 millones para darle amplia conectividad a miles de escuelas en el país, pero el Gobierno considera que hubo irregularidades en el manejo de $600 millones.
La iniciativa abrió una disputa entre los ahora exfuncionarios que la actual gestión de la Casa Rosada recogió para avanzar en una investigación complementaria. El síndico general adjunto, Máximo Borzi de Lucía, ordenó un trabajo sobre los manejos financieros del proyecto que se terminó el 24 de junio pasado y fue girado semanas atrás a la cartera de Educación, a cargo de Nicolás Trotta. De ella depende el uso político de la información.
En el pasado reciente, investigaciones similares derivaron en denuncias del ministro de Salud, Ginés González García (por el hallazgo de más de cuatro millones dosis de vacunas vencidas) y del propio Trotta (por computadoras supuestamente abandonadas), algo que despertó una dura respuesta por parte de sus antecesores macristas.
LA NACION corroboró con documentos oficiales que entre enero y julio pasado se concluyeron al menos cuatro auditorías más sobre la gestión de Mauricio Macri que aún no fueron dadas a conocer. Una de ellas investiga a la ex Secretaría de Modernización, que manejó Andrés Ibarra, otra a la Aduana, hay un trabajo sobre la venta de terrenos del Estado y la última se refiere al programa de Pisos Tecnológicos, el más polémico según los funcionarios del Frente de Todos.El 13 de julio de 2017 se firmó un convenio entre Educación, la empresa pública Educ.ar y el Enacom (el ente que regula las comunicaciones). Disponía un presupuesto de $2300 millones para instalar pisos tecnológicos en 18.320 establecimientos. Se puso en marcha a fines de ese mes con la transferencia de $600 millones del Enacom a Educ.ar.
El 2 de marzo del año siguiente, el Ministerio le informó al Enacom que se había utilizado a la Unops para hacer contrataciones. Se trata de un organismo de la ONU encargado de ayudar a países en la realización de proyectos. La Unops requería fondear toda la licitación antes de iniciar las adjudicaciones, algo que producía una incompatibilidad con el convenio firmado en 2017 por los organismos públicos.
El convenio se suspendió a fines de 2018 a través de una norma del Enacom que llevaba la firma de su presidenta, Silvana Giudici. Allí criticaba que se le había girado el anticipo a la dependencia de Naciones Unidas sin consentimiento previo del ente. Para el equipo del exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sin embargo, el acuerdo se terminó por la inflexibilidad del Enacom.El último informe de la gestión kirchnerista sostiene que los fondos girados a la cuenta corriente del Banco Nación destinada exclusivamente al proyecto Pisos Tecnológicos luego se transfirieron a otra del Citibank a cargo de la Unops, donde también había dinero de otros proyectos, algo que dificultó el seguimiento del uso correcto de los recursos.
Finocchiaro le envió una nota al Enacom justificando esas decisiones. Sostenía que habían permitido ahorrar un monto sustancial y darle alcance y publicidad internacional a las licitaciones.
La última auditoría de la Sigen cuestiona la afirmación anterior, entre otras cosas, porque se le pagó al organismo de la ONU US$3,5 millones en comisiones, según su información. Y la transferencia de fondos desde el Banco Nación a la cuenta del Citi ocasionó el pago de impuestos a los créditos y débitos bancarios por unos $3 millones.
Por último, la gestión actual cuestiona el criterio del pago a proveedores por parte de la Unops, dado que no a todos se les dio anticipo. Otro punto en esa dirección cuestiona demoras de 30 días en los pagos. Especialistas consultados por LA NACION estimaron que se trata de un dato menor, dado que es un lapso mínimo en comparación con los tiempos que suele manejar el Estado argentino.
El proyecto educativo despertó cuestionamientos cruzados en la administración de Mauricio Macri. El 2 de octubre de 2019, cuando el resultado de las elecciones primarias de agosto de ese año ya auguraba un triunfo del Frente de Todos en los comicios del 27, el director del Enacom Guillermo Jenefes le envió una nota a Giudici y a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, donde volcaba sus cuestionamientos al proyecto. "Destaco que ha pasado prácticamente un año desde la reunión en la cual se determinó, con mi voto en disidencia, suspender el convenio en autos y que al momento en el que se nos convoca por primera vez para el tratamiento de la Auditoría de SIGEN, sorpresivamente o no, en un lapso de 24 horas y habiendo confirmado mi presencia en la reunión por el fin de mi licencia por el fallecimiento de mi señora esposa, el tema fue arbitrariamente eliminado", sostiene el documento que vio LA NACION.
Jenefes también aclara que el expediente que trata el tema no estuvo disponible de manera "permanente y transparente" para su seguimiento y control, algo que dificultó el acceso a la información "necesario para el ejercicio pleno de las funciones" para las cuales había "sido designado".
El exdirector del Enacom dice que pasaron dos años "desde la erogación de estos recursos públicos de afectación específica sin que sean utilizados con el fin que fueron girados".
Voceros del exministro rechazaron parte de las acusaciones que están en la auditoría de Sigen y dieron un punto de vista distinto sobre otras, ante la consulta de LA NACION. Según el equipo de Finocchiaro, en diciembre de 2016 se firmó un acuerdo entre el Gobierno y la Unops para el proyecto "Asistencia al Programa 100% Escuelas y Alumnos Conectados a Internet" financiados con recursos del gobierno nacional.
El monto total del convenio es por US$320,16 millones e incluía la compra de 800.000 notebooks y la adquisición de los Pisos Tecnológicos para las 49.000 escuelas del país, entre otras cosas.Según sus términos, no se establecía la forma en que el Ministerio debía contratar. Finocchiaro considera que la participación de Naciones Unidas trajo beneficios. Entre ellos, un ahorro de US$92,88 millones y licitaciones transparentes.
Según el exministro, la Sigen emitió un informe final financiero-contable y técnico "certificando y comprobando la suficiencia y razonabilidad de la aplicación de los fondos del convenio".
Recién en junio pasado, sostienen, apareció el documento complementario hecho por la gestión del Frente de Todos como "un compendio" de observaciones "que fueron respondidas y aprobadas".
Sobre las críticas de Jenefes, el equipo de Finocchiaro sostiene que sus presunciones fueron descartadas de plano por el informe final de la SIGEN, firmado por el Síndico General Alberto Gowland el 13 de noviembre de 2019. "El seguimiento y la trazabilidad de los fondos transferidos siempre estuvieron asegurados, habida cuenta de que UNOPS paga, a través del acuerdo Asistencia al Programa 100% Escuelas y Alumnos Conectados a Internet, por cuenta y orden del Ministerio de Educación", repitieron.
En la práctica, el trámite está en la Oficina Anticorrupción desde fines del año pasado, pero es probable que tome nuevo impulso a partir de la última auditoría que hizo este Gobierno y los tiempos que marque la política argentina.
Frente de Todos investiga
A diferencia del macrismo, que a su llegada canalizó las investigaciones sobre la gestión de Cristina Kirchner a través de los ministerios y la Jefatura de Gabinete, en el caso del Frente de Todos el organismo que parece más activo es la Sigen. De sus escritorios salieron las denuncias por la venta de terrenos públicos a un precio supuestamente bajo, el hallazgo de las vacunas sin utilizar y un análisis del programa de PPP (para inversiones en infraestructura) con críticas a su implementación. A esa lista se suma la existencia de más de 100.000 notebooks abandonadas en un depósito de Tortuguitas, según sus términos.
En el último caso, la investigación señaló también al exministro de Educación Finocchiaro, que respondió en duros términos. Sostuvo que no se trataba de "ningún descubrimiento" porque esos stocks habían sido informados por su cartera a la Sigen y estaba previsto entregarlos este año.
