Qué es la economía popular, a quiénes agrupa y cuál es el debate sobre su futuro

El Gobierno avanza en su idea de que se podría formalizar a los trabajadores de la economía popular con un “monotributo productivo”, que apuntaría, según se dice, a “facilitar la inclusión social y el acceso a jubilación y a la cobertura de salud” y a habilitar el acceso a líneas de financiamiento especiales. En la Argentina, según datos oficiales, hay unas 6 millones de personas en el sector, de las que 2,8 millones están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).

¿Qué se entiende por “economía popular”? El concepto apunta a un modo de producción diferente al “tradicional” que tiene su eje en la relación empleador-empleado. La “popular” se inicia con el trabajo de los “propios protagonistas”, algunas veces de manera organizada, y otras no. Desde ahí se genera el vínculo con el resto de los recursos productivos. “No es un empleo, no es en relación de dependencia”, dicen quienes están en el tema.

Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, dice que es un segmento que “vino para quedarse” y que sus protagonistas no tienen por qué ser pobres, sino que pueden “ascender”, con un modelo diseñado para ese fin. Plantea que la economía “no genera trabajo en ninguna parte del mundo desde hace 40 años, salvo en China, que es casi un continente” y que en esa crisis nace la “economía popular”.

“No existe más el empleo pleno, aparecen nuevos, pero son de más rápida la destrucción –agrega–. El sistema capitalista está subordinado a la impronta financiera global; es más negocio poner plata en ese sistema que en producir. En la Argentina se suma la inflación de décadas, salvo algunos períodos, y la administración macrista que aceleró los problemas. Hay que formalizar lo que existe”.

Esa mirada del oficialismo difiere de la de otros, que entienden a la economía popular o social como un lugar “de tránsito”. El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sostiene esa postura. “Se debe avanzar hacia el trabajo digno, con inversión y educación”, afirma. Y subraya que para llegar a esa meta se debe “resolver” la macroeconomía impulsando un “gran acuerdo” sectorial.

Rafael Rofman, director del área de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), plantea que el modelo de la economía popular es, básicamente, el de trabajadores organizados en actividades de “muy baja productividad, con alto aporte del Estado”.

El perfil de los anotados en el registro

De los inscriptos en el ReNaTEP, 57,4% es mujer. El último informe indica que la feminización del sector contrasta “notablemente” con la masculinización del mercado laboral asalariado privado. Del total de los anotados, además, 64,2% tiene entre 18 y 35 años.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires lidera con 35,6% de los inscriptos en el registro. Le siguen Tucumán (6,2%), Santiago del Estero (6,1%), Salta (6,1%) y Chaco (5,8%). Del resto de las provincias ninguna alcanza el 5%. Hay un dato clave: en algunas jurisdicciones del NOA y el NEA, la cantidad de inscriptos es significativamente mayor a la de trabajadores registrados: pasa en Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Seis de cada diez anotados trabajan en servicios socio comunitarios, personales y oficios (este último rubro concentra 32,8%). El resto está en ramas como el comercio popular y los trabajos en espacios públicos (12,1%) y la construcción y la infraestructura social (9,2%).

Casi la mitad (48,1%) de los inscriptos en las ocupaciones contempladas en el ReNaTEP está en comedores y merenderos, realizan servicios de limpieza o son agricultores y vendedores ambulantes. En los dos primeros casos el ingreso principal está en los planes sociales.

Hace tres meses, el Ministerio de Trabajo aprobó los estatutos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que, con Esteban “Gringo” Castro a la cabeza reúne a cuatro organizaciones sociales: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (Somos) y el Frente Popular Darío Santillán. La conformación genera alguna resistencia entre dirigentes sindicales tradicionales que integran la CGT, que esgrimen que esas actividades ya tienen representación gremial.

Aún no hay definiciones respecto de la obra social que deberían tener los trabajadores de la economía popular; el punto es cómo financiar un sistema con aportantes de ingresos bajos, cuando ya el resto del modelo está en crisis. El antecedente es la Obra Social de Trabajadores de la Economía Popular aprobada en 2016 sobre la base de Senderos, mutual fundada en 2012 por la CTEP.

El economista Pablo Chena, director Nacional de Economía Social, repasa los diferentes pasos que tiene la escalera de “formalización creciente” de la economía popular diseñada por el Gobierno: el primero es el ReNaTep, que ya funciona; le sigue el anunciado “monotributo productivo” (el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley a Congreso). Después, se busca avanzar en “proyectos productivos” con esos actores y en la constitución de cooperativas de inclusión social.

Chena dice que si el esquema terminara creando una “relación laboral tradicional” ya abandonaría el modelo: “El primer paso para la formalización fue el ReNaTep, la creación de la forma fiscal implicará otro avance, para después llegar a proteger jurídicamente los emprendimientos; estamos buscando formas incluso para los que son muy chicos para conformar cooperativas; podría ser una Sociedad Autogestionada de la Economía Popular”.

El desafío productivo

De los anotados en el ReNaTEP, hoy el 59,5% se desempeña de manera individual; el resto está en formulaciones colectivas como organizaciones comunitarias/sociales (23%), cooperativas (7,9%), pequeños emprendimientos familiares y no familiares (6,7%), proyectos productivos o de servicios inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social (1,8%) y agricultura familiar (1,1%).

Para Rofman el debate de fondo no es sobre si se genera una forma jurídica particular, como el monotributo, sino sobre el “desafío” de lograr que los trabajos sean productivos, algo que es una exigencia tanto para una multinacional privada como para un emprendimiento familiar. “No deben depender de que lo financien, sino que deben ser sostenibles”, añade.

Navarro subraya que el monotributo legalizaría a los trabajadores populares pero que, además, se sumará capacitación para posibilitar mejoras en el mismo segmento o bien para pasar al segmento formal, y que se otorgarían créditos no bancarios para capital de trabajo.

Grafica que quienes trabajan en los cordones verdes de las ciudades podrían producir con mejor calidad y mejores costos; lo mismo con la economía del cuidado, que en la Argentina está mucho menos formalizada que en Europa o Estados Unidos (“las mujeres lo hacen por afecto o necesidad”, dice el funcionario), con cartoneros que pueden constituirse en cooperativas para “reciclar y comercializar” y con pescadores artesanales. “Son servicios que hacen al buen vivir”, agrega.

El sacerdote Gustavo Irrázabal, asesor del Instituto Acton para el Estudio de la Religión, la Libertad y la Economía, entiende a la economía social como una “manera” de relación, una “solución transitoria” para incorporar a las personas al ámbito “más vasto”. “Ya se llamó distribucionismo, pero nunca se planteó qué capacidad de producción y de innovación tiene, es un paso para avanzar en la integración de los más marginados”.

“Es un camino hacia la integración de la economía formal –define–; es una solución de emergencia que no puede ser de permanencia, y menos hay que creer que puede sustituir a la formalidad. Por supuesto que el Estado debe facilitar ese acceso, pero debe también facilitar la iniciativa de la gente no ‘matándola’ con impuestos, hacer que ser parte del circuito formal convenga”.

Rofman describe que el problema es que la Argentina -desde hace años- no crea empleo. “La gente que quiere trabajar no necesariamente consigue y el Estado instrumenta transferencias de ingresos para que puedan comer e intenta que ese esquema se vincule en una forma de reinserción laboral”. Para que haya demanda, subraya, se requiere del crecimiento económico y de la aparición de nuevas empresas, cualquiera sea el tamaño.

“Como eso no funciona o funciona mal -añade- se fue desarrollando la economía popular, que se organiza como puede y hace lo que puede con actividades de muy baja productividad y baja sostenibilidad; en su mayor parte funciona por subsidio explícito o implícito del Estado; eso no está mal pero no parece sostenible en el largo plazo”.