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Edesur: los peritajes de la furia que la Corte demora y no entrega

Apenas se conoció la intervención administrativa de EDESUR, en manos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, los ejecutivos que reportan a la italiana ENEL se enteraron que el Gobierno quiere ejecutar 2.700 millones de pesos en multas por la mala calidad del servicio.

El punto confirma que la controversia judicial que tiene en sus manos la jueza María Eugenia Capuchetti desde 2019 encierra una verdadera inflexión para la concesión. El caso fue iniciado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y no avanza desde hace tres años, aunque el expediente tiene una serie de pericias ordenadas por la jueza en mayo de 2021 que nunca avanzaron. 

Los análisis son una verdadera auditoría judicial sobre los números actuales de la concesión de la distribución eléctrica del Gran Buenos Aires que opera desde 1992 y quedó en manos de EDENOR y EDESUR. En el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, hubo una renegociación del contrato que establecía un parámetro de calidad media del servicio.

Si las empresas no cumplían con el nivel acordado entonces deberían afrontar multas que tenían que ser devueltas a los usuarios afectados. El tema no se activó hasta 2018, cuando la administración de Mauricio Macri, pactó con las firmas la readecuación de la concesión. De ese acuerdo surgió la denuncia de Tailhade, que es tramitada por Capuchetti. 

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El diputado denunciante acusó a la jueza por "pisar" la denuncia. En el expediente, al que accedió iProfesional, hay una demostración del freno que tiene la causa.

Controversia judicial y análisis

Data del 18 de mayo de 2021 y es una pericia solicitada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que depende de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada le pidió al organismo "la realización de un estudio interdisciplinario" y un análisis integral del acuerdo que firmaron el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui junto a Juan Antonio Garade, que estuvo al frente de la secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación. 

Edesur: los peritajes de la furia que la Corte demora y no entrega

Con ese disparador, Capuchetti le pidió a los peritos de la corte que analicen casi todos los acuerdos, decretos y resoluciones de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE). Lo hizo para que determinen "los montos en concepto de sanciones que fueron aplicadas a las concesionarias" originadas por el servicio eléctrico y "las penalidades aplicadas como consecuencia de los reglamos de los usuarios". También quiere conocer "los resarcimientos determinados por el ENRE por daños a instalaciones y artefactos de propiedad del usuario". 

En la pesquiza también solicitó que "los profesionales intervinientes propongan posibles fórmulas de actualización de los montos que tengan relación con con tasas de financiamiento del período" y si es acertado usar la tasa activa del Banco Nación para actualizar el monto de las multas. Cuando la DAJuDeCO haya llegado a esa instancia la jueza le pidió que "en caso de que sea técnicamente posible, se deberá efectuar un cuadron comparativo entre esos montos, los reconocidos en los acuerdos de regularización y los montos de inversiones" pactadas. 

Además le pide que analice "la experiencia regulatoria de nuestro país o de regímenes contractuales similares", para saber sobre el derecho de los usuarios "a percibir bonificaciones por apartamientos a la calidad del servicio durante el período 2005-2016" pero también que le digan si "la percepción por parte de los usuarios de las penalizaciones de calidad de servicio, con tarifas congeladas, no implicaría un doble beneficio para el usuario".

En ese punto Capuchetti toma el argumento de las empresas: que las penalidades no tienen validez porque los estándares de servicio no se podian cumplir con tarifas congeladas. Sobre ese punto al jueza también le pidió opinión a los peritos de la Corte. 

En otra parte del estudio la magistrada solicitó saber cuánto le deben las dos firmas a la distribuidora mayorista CAMMESA y, entre otros puntos, pidió que indaguen sobre "el monto que el Estado Nacional adeuda a las concesionarias por el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018".

Agregó indagar sobre "el monto que el Estado Nacional adeuda a las concesionarias por la diferencia entre el costo de la energía que debían abonar las distribuidoras y lo que podían facturar a los usuarios con topes en su factura por tarifa social". 

Edesur: la jueza que investiga multas por $35.000 millones contra la concesionaria pidió un estudio que cumplirá dos años sin ver la luz.

Todos esos ejes deben ser entregados al juzgado con sus respectivos cuadros comparativos, aunque el nudo del peritaje pasa por "establecer los montos totales que se comprometieron a abonar cada una de las partes en función de las renuncias, desestimientos, indeminidad y compromisos económicos asumidos" en el acuerdo de regularización firmado en 2018. 

Se cumplen dos años

El oficio que Capuchetti le mandó a los peritos de la Corte cumplirá dos años en mayo próximo. Hace un año y 10 meses que no hay movimientos sobre esos análisis. Por el volumen del pedido la jueza decidió transformar esa pericia en una piedra angular del expediente, pero la complejidad del estudio puede estirar el caso sin freno. 

La controversia surge de las "Actas Acuerdo de Renegociación Contractual", firmadas hace 17 años que establecieron con retroactividad "un período de transición de la concesión entre el 6 de enero de 2002 y el 31 de julio de 2006 para EDENOR S.A. y 1° de julio de 2006 para EDESUR S.A". Ese plazo fue prorrogado al año siguiente por la secretaría de Energía en 2007, que estableció que sería aplicable hasta que se implementara la "Revisión Técnica Integral". El reclamado cuadro tarifario por las empresas entró en vigencia diez años después, a partir del 1° de febrero de 2017, cuando Macri descongeló las tarifas de servicios públicos.

Habían pactado "un régimen de calidad para la prestación del servicio, y se determinó una calidad media de referencia consistente en el promedio de los índices de calidad de prestación del servicio registrados durante el período de los años 2000 – 2003, expresado por los indicadores de frecuencia y duración de interrupciones".

En caso de incumplimiento las firmas pagarían multas que deberían descontarle a los usuarios. Tailhade recordó en su denuncia que "EDENOR S.A. sólo ha cumplimentado con los parámetros de calidad en el semestre vigésimo de la concesión (período comprendido entre marzo a agosto 2006) y en el semestre vigésimo segundo (marzo a agosto 2007), mientras que "EDESUR S.A. sólo ha cumplimentado con los parámetros de calidad en el semestre vigésimo (marzo a agosto 2006)".

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, hubo una renegociación del contrato que establecía un parámetro de calidad media del servicio

Tal como contó iProfesional, el denunciante estima que "el total actualizado de las multas ascendería a 35 mil millones de pesos". Sería un crédito de 7 mil pesos para los usuarios de EDESUR, aunque el ENRE sostirne que son 7 mil millones de pesos. 

El cálculo final depende de la pericia que pidió Capuchetti y que, si es entregada, podría aportar y actualizar costados desconocidos de la privatización de la distribución eléctrica de 1992. El problema es que los resultados podrían demorarse aún más y seguir frenando un expediente que incomoda a las dos concesionarias.