Yahoo Finanzas El terror de la violencia ataca a México, no importa si AMLO gobierna esta vez
Se hizo presente la violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La agresión se llevó a cabo la semana pasada en las ciudades más pobladas de esas entidades. Los delincuentes lograron el efecto del miedo, calificado por diversos medios como terror o narco terror. Incendiaron transportes públicos y vehículos de particulares, quemaron establecimientos comerciales, dispararon en contra de civiles y demás. El saldo es de personas muertas en esas localidades, algunos delincuentes capturados, millones de pesos en pérdidas materiales y la ausencia total de las autoridades “responsables” de la seguridad pública, en el momento de los hechos.
Las autoridades federales respondieron enviando a cientos de elementos de la Guardia Nacional a cada entidad con la consigna de patrullar, generar certidumbre, crear un ambiente de seguridad, arrebatado por la delincuencia y prevenir hechos violentos.
La secuencia de violencia inició en Jalisco y Guanajuato, siguió en Chihuahua y terminó en Baja California, puso en evidencia la coordinación de los delincuentes para llevar a cabo acciones similares en esas entidades, independientemente de las motivaciones locales que hubieran tenido para realizarlas. Mostró su capacidad de fuego, organización estratégica, personal dispuesto a matar y morir, suficiencia financiera para cumplir sus metas y habilidad para mantener en operación un sistema de contrainteligencia que les avisa sobre las intenciones del gobierno.
La violencia desatada y la difusión nacional e internacional que tuvieron los acontecimientos permitió a la delincuencia enviar el mensaje, al Estado, de no aceptación de cambios en la política de seguridad -abrazos no balazos- que los ha beneficiado, fortalecido y permitido diversificar sus actividades a otros campos como el tráfico de drogas y personas, secuestros, extorsión y demás.
Algunos analistas interpretan que el contexto de la violencia en esas entidades está dado por la reciente visita del presidente López Obrador al presidente Joe Biden, en los Estados Unidos, la captura de Rafael Caro Quintero, su posible deportación y la determinación de adscribir en el ejercito a la Guardia Nacional que, según algunos críticos, implica el reconocimiento del presidente de que su política de seguridad publica fracasó, aunque no lo diga en su discurso, pero si en los hechos que perfila. Los especialistas señalan que estos acontecimientos significarían para los líderes de los grupos delincuenciales que la política de seguridad podría cambiar y que estarían en peligro.
Los días recientes mostraron la violencia en cuatro entidades, pero no son las únicas en las que la delincuencia actúa, Michoacán, Zacatecas, Colima, Veracruz, Guerrero, Sonora, Quintana Roo y demás, son otras. Es un hecho que la falta de continuidad en la política de seguridad pública, responsabilidad de los tres niveles de gobierno, ha fracasado desde hace décadas. La inseguridad y percepción de los ciudadanos de que el Estado falló en su objetivo de garantizar la vida y bienes de los ciudadanos es real y cierta.
Observamos las consecuencias de la irresponsabilidad de los políticos de hoy y antes, en el tratamiento frívolo que dieron al tema de la seguridad, al haberlo politizado y convertido en bandera para ganar votos, además escatimar recursos para profesionalizar a los cuerpos de seguridad de los municipios, estados y la federación.
Si hoy muchos mexicanos tienen miedo es porque la violencia está cerca de su vida cotidiana. Sucede porque el Estado renunció a combatir a fondo a los grupos delincuenciales. Sucede porque los largos brazos de la corrupción de los delincuentes alcanzaron a los políticos con ambición de poder, que aceptaron sus “favores”, a cambio de la impunidad que hoy disfrutan. Sucede porque los enormes recursos financieros de la delincuencia alcanzan para “comprar” puestos de elección popular, imponer candidatos y eliminar a los que se oponen a su dominio. Sucede porque el Estado permitió que los delincuentes ocuparan los vacíos de poder que los gobiernos, de los tres niveles, cedieron.
Hoy la discusión de si la seguridad publica corresponde a los civiles o debe ser entregada al ejército continúa estancada porque sigue pudriéndose en el discurso político. En la percepción ciudadana los políticos hace muchos años que renunciaron a la administración de la seguridad pública, cuando la utilizaron para realizar sus ambiciones y traicionaron su deber de cuidar a quienes son la fuente de su poder.
El uso de la fuerza es una prerrogativa irrenunciable del gobierno. No es opcional utilizarla para garantizar la seguridad, vida y bienes de los ciudadanos. No hacerlo va en contra de la esencia misma del Estado y solo beneficia a los que atentan contra los gobernados.
La experiencia reciente indica que es inútil enviar a la Guardia Nacional a “garantizar” la seguridad pública en aquellas entidades aquejadas por la violencia, si este corporativo tiene instrucciones de no atacar la fuente que difunde el miedo con sus actos de terror.
