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Los empresarios se suman al rechazo del proyecto del Gobierno que quiere suspender las empresas express

·5  min de lectura
Martín Migoya
Ignacio Sanchez

Los empresarios se sumaron al rechazo del proyecto oficialista para revisar las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), una ley que se sancionó en el gobierno de Mauricio Macri que permite constituir empresas en 24 horas a través de internet.

El primero en declarar contra la inicativa del senador Oscar Parrili fue Martín Migoya , CEO de Globant y miembro de Endeavor Argentina, la red que une a los emprendimientos más importantes del país, que incluye a Mercado Libre, Despegar y Grupo Prima entre otros.

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“Que pena me da que se esté proyectando en diputados hacerle la vida más complicada a los que quieren comenzar su nueva empresa. Argentina necesita más empresas que creen más trabajo, no más leyes que las impidan”, publicó el titular de Globant en Twitter.

El proyecto de Parrilli

La Asociación Argentina de Emprendedores (ASEA) y otras más de 40 asociaciones solicitaron a los diputados que rechacen la iniciativa del oficialismo. Consideran que la posible creación de un registro especial de emprendedores deja a discrecionalidad del Estado la posibilidad de hacer negocios, que resulta un retroceso inédito la vuelta al soporte papel en los trámites ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y que hará peligrar puestos de trabajo e impulsar la economía hacia la informalidad.

De convertirse en ley se suspenderá por seis meses la constitución de las SAS y podrán declararse nulas las inscripciones de las más de 40.000 firmas que se crearon desde el 2017 bajo esa modalidad.

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“Es un proyecto que promueve la informalidad. Desaparece la posibilidad de constituir una sociedad en 24 horas y entrás en la burocracia, y en llenar trámites estatales. Con el proyecto actual conviene más ser una empresa informal o una sociedad de hecho antes que una SAS”, dice Alejandro Ramirez, responsable de Políticas Públicas de ASEA, a LA NACION.

Luego, agrega: “Se mete con facultades no delegadas de las provincias como son los registros de empresas, que cada una tiene el propio. Un cordobés, por ejemplo, que quiera armar una compañía va a tener que viajar a Buenos Aires para anotarse como emprendedor en un registro en el Ministerio de Desarrollo Productivo y después volver a su provincia a registrarse. Es avasallante contra el federalismo y es inconstitucional. El Estado no puede definir quién es o no emprendedor”.

Para ASEA el problema de la creación del registro, además de dejar a discreción de las IGJ cuáles empresas se pueden formar, implica un consecuente pago de tasas de registro. De acuerdo con Ramírez el proyecto también afecta a los fondos de inversión, ya que las SAS no podrán tenerlos como socios, porque no van a ser considerado emprendedores. La situación afectará a las pymes y startups que suelen acudir a incubadoras, fondos semilla o aceleradoras para financiarse y evitará que universidades u organismos públicos, como el Conicet, puedan invertir en este tipo de empresas y desarrollos.

“La Argentina era ejemplo de esto y por lo bien que funcionó en el país fue tratado en la ONU y en la OEA. Ecuador, Uruguay y Paraguay inspiraron sus leyes de SAS en la Argentina y las sancionaron con éxito. Son las sociedades que más se usan en esos países”, sostiene Ramírez.

Hace trece meses ASEA interpuso un recurso de amparo para evitar que avance la medida y le concedieron una medida cautelar en primera instancia. La IGJ, que conduce Ricardo Nissen, quien fue abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, apeló y el expediente se encuentra pendiente de que defina su destino la Corte Suprema de la Nación.

Suspensión de empresas y vuelta al papel

Con la ley vigente, las SAS se constituyen con el GDE, el sistema de documentos electrónicos de todo el Gobierno Nacional que se creó en 2016. El proyecto busca traspasar el GDE, que depende ahora del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a la IGJ. Desde el sector sostuvieron que la maniobra busca eliminar la digitalización de la administración pública.

El sistema digital para inscribirlas utiliza blockchain, una tecnología descentralizada similar al que se utilizan en las criptomonedas y que permite seguir la trazabilidad de los documentos. Si se aprueba el proyecto, los trámites que se hicieron con firma electrónica ante la IGJ se van a tener que volver a presentar mediante un escribano en la entidad. Se vuelve a los libros contables en soporte papel que puede significarle a los emprendedores un gasto de entre $10.000 y $15.000 para rubricarlos.

Todavía se pueden constituir SAS en todas las provincias del país menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde este tipo de empresas representaban un 60% de las que se estaban creando. El porcentaje pasó a cero por la resolución interna de la IGJ que ahora está judicializada. De acuerdo con un reporte de ASEA por la resolución de la IGJ, el costo de abrir una empresa se multiplicó seis veces y pasó de $8438 a $52.437.

Entre los puntos más polémicos del proyecto están las sanciones que impone a las SAS por demora en presentar los estados contables ante la AFIP que ascienden $100.000, un monto que es 20 veces superior al que rige para sociedades anónimas que ronda cerca de los $5025.

Los analistas jurídicos destacan que la iniciativa del oficialismo pretende además que se apliquen 268 artículos de la ley de sociedades que en caso de que se apruebe en Diputados desnaturalizarán un mecanismo que agiliza y desburocratiza la creación de nuevas empresas.

En ASEA señalaron que desde la sanción de la ley de SAS se crearon 55.000 puestos de trabajo formales. Según sus últimas cifras, si bien la Argentina es el país con menos empresas per cápita en la región, las SAS fue el tipo societario más elegido por las pymes durante 2019 y 2020, lo que representó el 50% de las sociedades que se constituyeron. En provincias como Córdoba y Mendoza el número se elevó al 90%. Córdoba tiene más de 8000 SAS generadas y más de 600 que se pusieron en marcha en el primer trimestre de 2021.

Desde el oficialismo el mayor argumento para avanzar con el proyecto es para evitar que se constituyan empresas que funcionen para el lavado de activos.

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