España considera un "acto inamistoso" la expropiación de SABSA en Bolivia

El Gobierno calificó este lunes de "acto inamistoso" la decisión del ejecutivo boliviano de nacionalizar la empresa aeroportuaria SABSA, filial de las españolas Abertis y Aena, y advirtió de que se va a "replantear el conjunto de las relaciones bilaterales" con La Paz.

Por su parte Abertis, propietaria del 90% de la compañía expropiada, negó las acusaciones de falta de inversión lanzadas por el presidente Evo Morales, denunció incumplimientos por parte de su gobierno y afirmó esperar "una compensación adecuada".

Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, esta expropiación es "un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia", afirmó un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, en el que "deplora profundamente" la decisión del gobierno boliviano.

"Ante esta reiteración de decisiones que cuestionan la voluntad del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todas los ámbitos, el Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió también desde Bruselas de que "una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de indemnización requerida en caso de expropiación tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales".

España "no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio", valorado de forma independiente, y lamenta el uso la fuerza pública para ocupar las sedes de la compañía, según el comunicado.

El presidente boliviano, Evo Morales, anunció este lunes la nacionalización de SABSA, que administra los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, alegando la falta de inversiones por parte de sus gestores, las españolas Abertis, que cuenta con el 90% de la compañía, y AENA, el organismo gestor de los aeropuertos españoles.

Debo "informar, comunicar al pueblo boliviano la nacionalización del paquete accionario de SABSA", indicó Morales que además ordenó "el control militar de los aeropuertos en resguardo del interés público" y advirtió de que quienes impidan la medida de nacionalización serán "procesados de conformidad con el código penal".

Unos periodistas de la AFP constataron que en los tres aeropuertos, donde se reforzó la presencia militar, las operaciones se realizaban este lunes con normalidad.

"En el período 2005-2012, SABSA invirtió 12,6 millones de dólares (...) además de pagar cánones a la autoridad concedente por importe de 38,6 millones de dólares e impuestos por 9,4 millones", aseguró Abertis en un comunicado, poniéndose a disposición de La Paz "para comenzar las negociaciones".

Morales también ha prometido pagar indemnizaciones por la expropiación en unas negociaciones que deben comenzar en un plazo de 180 días.

Abertis "confía en llegar a un acuerdo para alcanzar una compensación adecuada", subrayó la compañía española, que aprovechó para denunciar "los diversos incumplimientos del Estado de Bolivia", entre ellos el régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje, por el que reclama 90 millones de dólares en el marco de un procedimiento de arbitraje internacional iniciado en 2011.

Por su lado, el delegado en La Paz de la Unión Europea, Timothy Torlot, declaró tras conocer la decisión que "la comunidad internacional quiere transparencia, y una compensación justa para las empresas involucradas".

SABSA se convierte así en la tercera nacionalización que afecta a capitales españoles en menos de un año en el país sudamericano. En mayo de 2012, Bolivia expropió la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones y, en diciembre pasado, nacionalizó cuatro empresas vinculadas al sector de la electricidad gestionadas por la firma privada española Iberdrola.

Previamente, en 2006 el gobierno boliviano había afectado las inversiones de la gigantesca petrolera española Repsol, en el marco de una masiva nacionalización de sus hidrocarburos.

El grupo español Abertis-Airports se hizo cargo en 2005 de la empresa SABSA, que se adjudicó la administración de los tres aeropuertos bolivianos en 1997, los únicos con tráfico internacional, durante una etapa de privatizaciones de empresas estatales. "En esa época (1997) pagaron 26.050 bolivianos correspondiente a 2.603 acciones... para administrar un patrimonio de 420 millones de dólares", operación que Morales calificó de "robo o saqueo".

Según el mandatario, en todo ese lapso, SABSA obtuvo una "ganancia exorbitante para un capital irrisorio".

El gobierno boliviano había pedido a SABSA desde el año pasado "más inversiones", porque las que planteaban eran demasiado bajas, según el ministro de Obras Públicas y Transporte, Vladimir Sánchez. "No podíamos permitir el deterioro de nuestros aeropuertos, el mal servicio que estaban cumpliendo, fundamentalmente porque nuestros aeropuertos son pequeños", señaló Sánchez.

SABSA había ofrecido invertir unos 36 millones de dólares hasta 2022, cuando concluía el contrato de administración de los tres aeropuertos más importantes de Bolivia: Viru Viru, en Santa Cruz (este); Cochabamba (centro) y El Alto, que sirve a La Paz.

El gobierno boliviano exigía, en cambio, que se invirtieran 53 millones en toda la extensión del contrato. Según Sanchez, el consorcio español, "de 2006 a 2011 sólo invirtió 5 millones" de dólares.

Tras la nacionalización, el ministro de Transporte boliviano adelantó que el gobierno se hará cargo de volcar los fondos que se requieren para mejorar los servicios aeroportuarios y aplicará un programa de inversión de "56 millones de dólares" en los próximos años.

El representante de los empleados de SABSA, Boris Terceros, indicó: "estamos de acuerdo (con la) nacionalización (que) viene de la denuncia de los trabajadores. Pusimos una demanda que está en la Fiscalía por enriquecimiento ilegítimo", señaló.

SABSA tiene una plantilla nacional de unos 800 empleados.

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