Empresa prohibe a trabajadores salir de granjas para evitar contagios de covid-19

Se ha prohibido a los trabajadores temporales que salgan, a menos que sean desplazamientos controlados para evitar que contraigan o propaguen la COVID-19. “Es una violación de nuestros derechos”, dijo uno de ellos.

CHERITON, Virginia — Cada primavera, mil o más recolectores de tomates mexicanos llegan a la costa este de Virginia para trabajar en los campos de Lipman Family Farms, soportando largas horas agachados para arrancar la fruta pulposa y luego elevarlas a sus hombros para depositarlas en un camión. Un trabajador hábil llenará un cubo de 14,5 kilos cada dos minutos y medio, y ganará 65 centavos por cada uno.

La región es considerada como la más dura del circuito del tomate: las fuertes lluvias paralizan la cosecha durante días y pueden reducir la producción, lo que es una fuente de ansiedad para las personas deseosas de maximizar sus ganancias en Estados Unidos. El estiércol arruina los zapatos y convierte los pies húmedos en carne molida.

Este año, hay una nueva y aún más difícil condición de trabajo: para evitar que el coronavirus se extienda y ponga en peligro la cosecha, Lipman ha puesto a sus equipos en aislamiento. Con pocas excepciones, se les ha ordenado permanecer en los campamentos, donde los alojan, o en los campos, donde trabajan.

Las restricciones han permitido que las operaciones de los tomates Lipman se desarrollen sin problemas, con un número de casos sustancialmente menor que el de muchas granjas e instalaciones de procesamiento en todo el país, que han luchado por contener grandes brotes. Pero han causado que algunos trabajadores se quejen de que su lugar de trabajo se ha convertido en una prisión.

En Virginia, ya no hay salidas semanales a Walmart para abastecerse de provisiones; a El Ranchito, una tienda de víveres mexicana, para comprar conchas, un pan dulce mexicano; ni a la lavandería para lavar ropa muy sucia.

“Aguantamos tantas cosas. Nunca esperé perder mi libertad”, dijo Martínez, de 39 años, que está en su tercer año de trabajo en los campos de tomate de la costa este. Dijo que los trabajadores pasaron meses enteros sin interactuar con nadie fuera de las granjas, aunque Lipman finalmente cedió y organizó un viaje cuidadosamente controlado para hacer las compras cada semana.

“Eres un esclavo prácticamente”, dijo otro trabajador, Jesús, quien como otros entrevistados para este artículo pidió usar solo un nombre o apellido por temor a perder su trabajo y, con él, su permiso para trabajar en Estados Unidos.

La batalla de Lipman con sus trabajadores subraya uno de los enigmas característicos de la pandemia de coronavirus. Al confinar a sus empleados —una medida drástica que sería intolerable para la mayoría de los trabajadores estadounidenses— parece haber mantenido a salvo tanto a los empleados como a la comunidad. ¿Pero a qué costo?

La gran empresa de tomates ha podido imponer las restricciones a sus trabajadores porque ellos están en deuda con la empresa por su visa, su alojamiento y su salario. Invitados a Estados Unidos bajo uno de los únicos programas de trabajadores temporales que quedan en el país, los empleados que se nieguen a cumplir podrían enfrentarse a la cancelación de sus contratos y a la expulsión inmediata de Estados Unidos.

“Si los empleadores de cualquier industria dijeran a sus trabajadores estadounidenses ‘No pueden abandonar su lugar de trabajo’, habría una protesta social”, dijo Jason Yarashes, abogado principal del Legal Aid Justice Center en Virginia, quien se ha reunido con trabajadores agrícolas preocupados. “Pero, para los trabajadores agrícolas, este nivel de control se considera aceptable”.

Para cuando llegaron a la costa este, un pedazo de tierra que cuelga de la península de Delmarva donde los campos de tomate se extienden hasta el horizonte, los trabajadores ya estaban desmoralizados por las restricciones que habían soportado antes en la cosecha de las granjas Lipman en Florida y Carolina del Sur.

“Los años pasados, cuando no había trabajo, podíamos ir a la playa, encontrarnos con amigos”, dijo Óscar, de 36 años, quien trabaja en Estados Unidos para pagar las facturas médicas de su esposa enferma. “Ahora, no podemos ir a ninguna parte”.

Los trabajadores agrícolas son especialmente vulnerables a las infecciones. A menudo los alojan en barracas o remolques abarrotados, comparten habitación, cocina y baño, y los transportan a los campos en camiones con hasta 40 personas.

Una vez que el coronavirus infecta a un trabajador, es casi imposible evitar que se extienda a todo el equipo. Se han informado de brotes importantes en granjas de vegetales y frutas en Florida y California, así como en plantas empacadoras de carne y productos agrícolas en Dakota del Sur y Washington.

Los investigadores de la Universidad de Purdue estiman que más de 149.500 trabajadores agrícolas contrajeron la COVID-19 hasta el 16 de octubre. Jayson Lusk, el economista agrícola que dirige el estudio en colaboración con Microsoft, calculó que 3750 han muerto.

Muchas operaciones agrícolas dependen de los inmigrantes indocumentados para la gran mayoría de su fuerza laboral; como los ciudadanos estadounidenses, generalmente viven en el campo todo el año y regresan a sus hogares y familias por la noche. Lipman, por el contrario, ha contratado trabajadores de campo bajo el programa de visas agrícolas H-2A, uno de los pocos programas de trabajadores temporales que siguen vigentes después de que el presidente Donald Trump suspendió los demás este año para proteger a los estadounidenses de la competencia por puestos de trabajo.

Bajo este programa, miles de trabajadores que cruzan la frontera de México antes de la cosecha cada año son transportados para recoger fresas en California, manzanas en Washington, tabaco en Carolina del Norte y tomates a lo largo de la costa este.

Los productores patrocinaron un récord de 258.000 trabajadores para visas temporales durante el año fiscal 2019. Lipman, que cultiva miles de hectáreas en varios estados, recibió la aprobación del Departamento del Tesoro para 2658 de esos puestos.

La compañía no reveló el número total de casos de coronavirus, pero los empleados dijeron que no sabían de ningún caso en la operación de Virginia después de unas seis infecciones que ocurrieron antes de la llegada de la mayoría de los trabajadores temporales. Kent Shoemaker, director ejecutivo de Lipman, dijo que la compañía estaba orgullosa de su historial de protección tanto de sus empleados como de las comunidades circundantes.

“A la fecha, no tenemos ningún caso confirmado de COVID-19 en nuestras granjas o en nuestras instalaciones de empaque”, dijo Shoemaker a mediados de octubre.

“Y debido a estas prácticas en los últimos meses”, dijo, refiriéndose a las medidas de confinamiento, “nuestros casos positivos entre los trabajadores agrícolas se han mantenido sustancialmente por debajo de la tasa de positivos en cada una de las comunidades en las que operamos”.

En el curso de la pandemia, el gobierno federal estadounidense aún no ha establecido medidas de seguridad ejecutables para contener la propagación del virus en las operaciones agrícolas.

Solo 11 estados intervinieron para exigir a los productores que hicieran pruebas a los trabajadores, desinfectaran los lugares de trabajo, hicieran cumplir el distanciamiento social y proporcionaran equipo de protección. Cerca de 20 estados emitieron una guía inaplicable, y el resto no hizo nada.

En Lipman, dijo Shoemaker, “actuamos con prontitud para poner en práctica medidas que cumplen o superan las últimas directrices de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, que recomendaban el aislamiento de las personas que se habían infectado y 14 días de cuarentena para los que entraban en contacto con ellas.

Se pudo haber tomado otras medidas

El Programa de Alimentos Justos, una iniciativa con sede en Florida que promueve el trato humano de los trabajadores agrícolas, atribuye al productor el mérito de mantener sanos a los recolectores de tomates restringiéndolos a las granjas.

“Al limitar los posibles contactos de los trabajadores con el coronavirus, la decisión redujo significativamente el riesgo de contagio en los campamentos de Lipman y seguramente contribuyó a que los índices de infección fueran extremadamente bajos”, dijo Laura Safer Espinoza, directora del consejo de estándares de Fair Food.

Pero Yarashes dijo que Lipman podría haber ofrecido a los trabajadores protecciones que no fueran encerrarlos, como asignar menos trabajadores a una barraca, hacer más viajes en autobús a los cultivos y permitir que las autoridades de salud del estado realizaran pruebas generalizadas en los campos.

A principios de abril, cuando se puso en contacto con Lipman, el Departamento de Salud de Virginia fue rechazado para realizar pruebas a gran escala con los trabajadores que se esperaban en gran número al mes siguiente.

“La respuesta que recibimos de Lipman fue: ‘No, no nos interesa hacer pruebas a todos nuestros trabajadores’”, dijo Jonathan Richardson, jefe de operaciones del Distrito de Salud de la Costa Este.

Sin seguro médico o licencia pagada por enfermedad, muchos trabajadores dijeron que temían revelar que tuvieran síntomas y les preocupaba que los exámenes positivos pudieran costarles ganancias, dijo Yarashes. “Les preocupaba estar en cuarentena durante dos semanas sin paga”.

Lipman no proporciona licencia pagada por enfermedad a los trabajadores del campo y no está legalmente obligada a hacerlo.

En las entrevistas, cinco trabajadores de la operación de tomate de Lipman dijeron que se sentían afortunados de haber sido seleccionados para el programa H-2A después de haber sido entrevistados en México por los intermediarios laborales que representan a Lipman. En Estados Unidos podían ganar en un día lo que en casa les tomaría una semana. Si demostraban ser confiables y productivos, serían invitados a regresar año tras año.

“Gracias a Dios tengo este trabajo, pero uno se mata haciendo este trabajo”, dijo Óscar, quien estaba en su cuarta temporada de trabajo para la compañía.

Los trabajadores permanecen en el país de cuatro a diez meses, en promedio. En marzo, “la situación se complicó por la pandemia”, dijo Martínez, quien llegó el año pasado. “Nos mantienen encerrados. Nos dijeron: ‘Si sale lleve sus cosas porque ya no puede entrar de nuevo’”.

Él y otros trabajadores dijeron que varias personas habían sido despedidas por violar la política.

En años anteriores, un camión de la compañía los llevaba una vez por semana a cobrar sus cheques, enviar dinero a casa y comprar en un Walmart. El sábado o el domingo, los llevaba a la lavandería.

Cuando introdujo su orden de “quedarse en el mismo sitio”, Lipman comenzó a proveer alimentos básicos, incluyendo frijoles, arroz, leche y huevos, sin costo alguno. Hizo arreglos para que cajeros móviles y agentes de transferencia de dinero visitaran los campos, para permitir a los trabajadores enviar dinero a casa. Pequeños tenderos en una camioneta trajeron harina para tortillas, atún en lata y otros artículos para vender.

Pero los trabajadores dijeron que los precios estaban inflados, 4,50 dólares por una bolsa de dos kilos de harina para tortilla, comparado con los 2,88 dólares de Walmart. Y, además de comprar comida, querían salir a comprar camisetas, pantalones y ropa interior. Lavar a mano no estaba logrando limpiar su ropa sucia, dijeron.

“Es ilógico. Usamos mascarilla y tomamos las mismas precauciones que todos los demás”, dijo un trabajador agrícola llamado Juan.

A los trabajadores ya no se les permitía hacer autostop a la playa o convencer al “busero”, de ir por pizzas.

“Un ser humano tiene que distraerse un poco”, dijo un trabajador llamado Antonio, en su primer año en el trabajo.

A algunos trabajadores les dio sarpullido por usar ropa sucia, húmeda y con sudor, hasta que los defensores de los trabajadores dejaron vaselina y crema antipañalitis.

Los trabajadores presentaron quejas sobre el confinamiento, y la compañía comenzó en julio a permitir viajes de compras organizados a las tiendas de comestibles locales y algunas visitas a Walmart. Los trabajadores dijeron que los llevaban en camión a Food Lion una vez a la semana, pero a Walmart solo una vez al mes, por capricho de sus jefes. Aún está prohibido salir del campamento de cualquier otra manera.

Varios trabajadores han renunciado antes del fin de su contrato, renunciando a sus salarios y a un vuelo de regreso a México pagado por el empleador. Uno de ellos, un trabajador de campo llamado Manuel, dijo que entendía que era improbable que se le pidiera volver el año que viene.

“Es una violación de nuestros derechos”, dijo. “No podía soportarlo más”.

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Miriam Jordan es una corresponsal nacional cuyos reportajes descorren el telón sobre las complejidades y paradojas de las políticas de inmigración y su impacto en los inmigrantes, las comunidades y la economía. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India. @mirjordan

This article originally appeared in The New York Times.

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