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Evasión fiscal de la Organización Trump: detrás de las investigaciones penales que acechan al expresidente

Evasión fiscal de la Organización Trump: detrás de las investigaciones penales que acechan al expresidente

Donald Trump ha pasado décadas tratando de evitar cargos penales al acusar a sus enemigos políticos de iniciar investigaciones falsas a pesar de una lista creciente de acusaciones creíbles de irregularidades.

Menos de tres semanas después que anunció su campaña para la nominación presidencial republicana de 2024 —una postulación alimentada por agravios y su fracaso para anular las elecciones que perdió hace solo dos años y vista en gran medida como un intento de protegerse de las investigaciones penales que se avecinaban— su empresa familiar homónima fue tildada de criminal.

El 6 de diciembre, un jurado en su ciudad natal de la ciudad de Nueva York encontró a la Organización Trump culpable de los 17 cargos en su contra, culminando así un esquema de evasión fiscal de años de duración reforzado por la “cultura de fraude y engaño”, según los fiscales.

Horas antes, el presidente del comité selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, aún más motivado por las mentiras electorales de Trump, reveló que el panel está preparado para emitir referencias penales al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mandato del comité selecto de la Cámara está por expirar, y es probable que una Cámara entrante controlada por los republicanos disuelva y socave los hallazgos del panel y el testimonio condenatorio de los testigos. Pero las crecientes investigaciones penales y las revelaciones de las investigaciones federales, y ahora múltiples condenas, ensombrecen una campaña presidencial anunciada recientemente que ahora está sumergida en la autocracia de extrema derecha y el nacionalismo blanco.

Días después de anunciar su candidatura presidencial, Trump cenó con un supremacista blanco y un agresivo antisemita en su propiedad de Mar-a-Lago. Se ha negado a condenar a ninguno de ellos. Durante el fin de semana, escribió una declaración explícitamente antidemocrática respaldando la “cancelación” de la Constitución de los Estados Unidos por sus afirmaciones falsas de que le “robaron” las elecciones de 2020. Dos días después negó haber dicho exactamente eso.

El fiscal especial que el Departamento de Justicia designó recientemente ordenó citaciones para funcionarios electorales en varios estados claves del complot del expresidente para socavar el resultado de las elecciones de 2020.

Es terreno fácil para los aspirantes a 2024 que se preparan para desafiarlo, pero las condenas recientes también podrían reforzar la investigación penal más amplia de Bragg sobre las prácticas comerciales del expresidente.

El martes, un jurado determinó que dos empresas protegidas por el imperio comercial de Trump, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, ejecutaron un complot criminal de 13 años para otorgar a los ejecutivos lujosas ventajas y beneficios de compensación mientras ocultaban intencionalmente dichos beneficios a las autoridades para evitar pagar impuestos sobre ellos, según los fiscales.

“Las empresas del expresidente ahora están condenadas por delitos. Eso implica consecuencias”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, durante una conferencia de prensa después del veredicto. “Enfatiza que en Manhattan tenemos un estándar de justicia para todos”.

En una declaración separada, dijo que el caso era una cuestión de “codicia y engaño”.

Es probable que la multa resultante sea inferior a US$2 millones, pero podría afectar a las operaciones comerciales futuras de la empresa.

Es probable que el veredicto también le dé cierta influencia a una contundente demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó al expresidente y a su imperio empresarial de inflar “brutalmente” el valor de su patrimonio neto en miles de millones de dólares en un esfuerzo por obtener de manera fraudulenta beneficios fiscales y otros beneficios de aseguradoras e instituciones financieras.

Su demanda busca recuperar US$250 millones en ingresos perdidos y multas, así como la orden de un juez que prohibiría permanentemente a los Trump ocupar cargos en empresas del estado.

Un juez de Nueva York que supervisa ese caso también impidió que Trump y su compañía transfirieran activos sin notificar primero al tribunal y a la oficina de la fiscal general. Un monitor independiente también está supervisando el cumplimiento de la orden.

“No podemos tolerar que las personas u organizaciones que violen nuestras leyes se llenen los bolsillos”, dijo James en un comunicado luego del veredicto en el juicio penal por fraude fiscal.

“Este veredicto envía un mensaje claro de que nadie ni ninguna organización está por encima de nuestras leyes”, agregó.

Una declaración de la Organización Trump culpó a Weisselberg, quien según la compañía “testificó bajo juramento que ‘traicionó’ la confianza que la empresa había depositado en él”.

“La idea de que una empresa pueda ser considerada responsable de las acciones de un empleado, para beneficiarse a sí mismo, en sus propias declaraciones de impuestos personales es simplemente absurda”, agregó la declaración.

Traducción de Michelle Padilla