Exmilitar argentino alude a "defensa propia" en un juicio en EE.UU. por una masacre

Miami, 27 jun (EFE).- El exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar la "masacre de Trelew" hace 50 años, basará su defensa en el juicio que comenzó este lunes en Estados Unidos en que actuó para defender su vida.

Durante la primera jornada del juicio de cinco días, que comenzó hoy en una corte de Miami, ambas partes escogieron a los miembros del jurado que determinará la responsabilidad de Bravo en la matanza ocurrida en 1972 en la base naval Almirante Zar de Trelew.

Bravo, de 79 años y quien también tiene la ciudadanía estadounidense desde 1987, acudió a la vista con un traje negro, el pelo canoso recogido en una cola de caballo y un dispositivo electrónico en una de sus piernas.

Tras varias horas dedicadas a la selección de jurado, la defensa y el acusado comenzaron en la tarde los alegatos iniciales del juicio, presidido por la jueza Lauren Louis.

El abogado de los demandantes, Ajay Krishnan, describió como un "acto de maldad" y "una trágica injusticia" lo ocurrido en la base naval durante "el brutal régimen militar" de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) al tiempo que mostraba fotos de las víctimas y planos de las celdas donde murieron.

En agosto de 1972, un total de 25 insurgentes de izquierda huyeron de un penal y 19 de ellos fueron capturados de nuevo y ubicados en la base de Trelew, unos 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Según las autoridades argentinas, 16 de ellos murieron al ser ametrallados y 3 sufrieron graves heridas, en una matanza que ha sido declarada crimen de lesa humanidad.

Krishnan aseguró que fue un hecho premeditado, que se trataba de jóvenes y que hasta el día de hoy se desconoce exactamente de qué estaban acusados durante una época de "violaciones a las libertades civiles" en Argentina.

Recordó que los tres sobrevivientes narraron lo ocurrido, entre ellos Alberto Camps, cuya hija, Raquel Camps, una de las demandantes, estuvo presente en la audiencia.

Bravo enfrenta en Miami, donde reside, una demanda civil interpuesta en 2020 por Camps, como también por los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron durante la matanza.

El abogado de los demandantes señaló que tras la masacre hubo encubrimiento por parte de los militares y amenazas a los sobrevivientes y sus abogados para "silenciarlos".

Sin embargo, en 2012 un tribunal argentino condenó a cadena perpetua a los excapitanes de fragata Emilio Del Real y Luis Sosa y al cabo Carlos Marandino, como "coautores responsables del homicidio con alevosía".

Krishnan subrayó que Bravo es el único que no ha enfrentado la Justicia argentina y que estuvo en paradero desconocido durante muchos años.

Por su parte, el abogado defensor, Steven Wayne Davis, aseguró durante el juicio que el exmilitar, que vive desde 1973 en Estados Unidos, nunca se ocultó.

Señaló que la masacre fue un "hecho horrible" y pintó a su cliente como el más joven de los oficiales, alguien inexperto con las armas y que "actuó en defensa propia", siguiendo las órdenes del oficial a cargo, Sosa, uno de los condenados y que ya murió.

Relató que fue Sosa quien "inexplicablemente "ordenó sacar a los 19 reos al mismo tiempo en un muy estrecho pabellón con 10 celdas y que tras el ataque de uno de ellos, su cliente debió acudir a los soldados que respondieron con fuego.

La demanda en Estados Unidos fue presentada en 2020 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés).

Según el CJA, el Ejército argentino dijo que los 16 murieron en un intento de fuga, pero María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, los sobrevivientes, "contaron una historia diferente".

El CJA detalla que en los años siguientes, los tres fueron asesinados o desaparecidos.

Los abogados de los demandantes pedirán al jurado, integrado por cuatro hombres y tres mujeres, varios de ellos de origen latino, que declare responsable legal a Bravo y "conceda daños compensatorios" para las víctimas y familiares de estos "opositores políticos" muertos y heridos.

En 2008, la Justicia argentina fracasó en un pedido de extradición de Bravo.

El exmilitar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.

(c) Agencia EFE