Fondos buitre: objetivos de la estrategia oficial

El escrito de la Argentina apunta a una estrategia definida de dilatar los plazos, ganar el juicio y luego, en sus términos, lanzar un tercer canje con las condiciones de la operación de 2010, es decir, emitiendo bonos por un monto aproximado de u$s 4.200 millones a pagar en una combinación de años y con bajas tasas de interés a cambio de los títulos en default que tienen un capital cercano a los u$s 6.500 millones y tasas de interés de entre el 9 y el 15 por ciento.

La estrategia es que con el juicio ganado, los holdouts (incluyendo Elliot y Aurelius, los principales fondos buitre) pierdan las armas legales que están usando hasta el momento, es decir, el embargo a los pagos a favor de los tenedores de los bonos canjeados y, por ende, sus intentos de cobro del total de lo adeudado.

Como mínimo, conforme este resultado buscado por el Gobierno deberían ingresar al nuevo canje aproximadamente entre un 3 o 4 por ciento de bonos en default (es decir, quizás mas del 50 por ciento de la deuda en actualmente dicha condición). Los inversores que ingresarían serían inversores argentinos e italianos minoristas y algunos fondos de inversión de Estados Unidos, entre otros. De esta manera, quedarían con deuda en default casi exclusivamente los denominados fondos buitre, quienes quedarían aislados.

La duda sería con los inversores minoristas estadounidenses agrupados en la denominada American Task Force, que ejercen regularmente un fuerte poder de influencia sobre el Congreso, y los Partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos. En este caso, deberá hacerse un especial trabajo de acercamiento y convencimiento.

Bajo esta estrategia no habrá pagos, salvo que haya un nuevo canje, lo que presupone obtener sentencias favorables en el sentido antes indicado. Por ello, y en un escenario de derrota judicial que habilite el nuevo canje conforme la postura del Gobierno argentino, quizás todos los holdouts no tengan otra opción mas que aceptar éste, incluyendo los fondos buitre ya que se buscaría una reversión completa del fallo de Griesa y la Cámara incluyendo el derecho ya reconocido de cobrar el 100 por ciento de lo reclamado.

A los fines de lograr estos resultados, la defensa argentina está basada en (i) tres apelaciones con distintas líneas argumentales, (ii) el apoyo del Gobierno de Estados Unidos (aunque tengo ciertas dudas sobre éste que trataré próximamente), (iii) la presentación de respaldo del Bank of New York Mellon, y (iv) en escritos a su favor de los tenedores de bonos canjeados y varias instituciones financieras públicas y privadas estadounidenses.

Las tres apelaciones vigentes son las siguientes:

Impugnación del fallo de Griesa y de la Cámara conforme el procedimiento que terminará con la audiencia del 27 de febrero, y posterior sentencia. Bajo este marco se presentó el escrito el pasado viernes.

Apelación «en banc» (ante los 13 federales del Segundo Circuito) de la decisión del panel de tres jueces de la Cámara de fecha 26 de octubre. Se busca que resuelva el «plenario» de dicha Cámara y no sólo una «sala» de ésta.

Pedido de intervención ante la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva de York para que defina el término «pari passu» conforme a la legislación de dicho estado. Este pedido es muy reciente, ya que se presentó el mismo viernes pasado y busca tener certeza (favorable) sobre dicho término, así como estirar los plazos en caso de que este pedido sea aceptado.

Asimismo, el escrito argentino se basa en los siguientes puntos principales:

Existe inmunidad soberana bajo las leyes de Estados Unidos (es decir, cualquier activo bajo ésta es inembargable) sobre los fondos que se transfieran desde el Ministerio de Economía hasta la cuenta del Bank of New York en el Banco Central para pagar los bonos canjeados, ya que dicha transferencia se ejecuta fuera del territorio de Estados Unidos y, por lo tanto, fuera del alcance de sus tribunales.

La fórmula de pago de abonarles a los holdouts el 100 por ciento del capital nominal más los intereses a las tasas originales es contraria a los principios de equidad básicos de la jurisprudencia federal de EE.UU. y se opone a la interpretación mayoritaria, histórica y del mercado internacional de la cláusula «pari passu», y a la ley interna argentina.

El fideicomiso con BNY implica que los pagos depositados en dicha institución no son más de la Argentina, sino que se encuentran en un fideicomiso en beneficio de los tenedores de los bonos canjeados, y por lo tanto se embargarían activos de terceros, es decir, los titulares de dichos títulos, lo que violenta principios de derecho patrimonial de Estados Unidos.

La aplicación de la sentencia sobre los demás intermediarios.

La interpretación amplia de la cláusula pari passu perjudica a futuras reestructuraciones de deuda soberana, ya que no habría incentivos a participar en nuevos canjes si los inversores que se quedan fuera de éstos logran cobrar la totalidad de sus bonos más intereses, sin las quitas propias de las reestructuraciones.

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