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Ni Fox, ni Calderón, ni Peña: gobierno de AMLO rompe récord de detención de migrantes

·9  min de lectura

Ya es oficial: ningún gobierno en México ha detenido tantos migrantes en un año como el del presidente López Obrador.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, al último corte de octubre de este 2021 suman 228 mil 115 personas sin documentos detenidas; la cifra más alta para un año en México desde que hace dos décadas, en 2002, comenzó a llevarse registro de estas estadísticas.

La administración de López Obrador superó el récord que ostentaba el gobierno de Peña Nieto con 198 mil migrantes detenidos en 2015, cuando se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur. Es decir, ni con Peña, ni Felipe Calderón, ni con Vicente Fox, se habían detenido a tantos migrantes en un año como ahora.

Y esto, a falta aun de conocer los datos de noviembre y diciembre de este año, ya que, teniendo en cuenta que en los últimos tres meses el promedio de capturas fue de 37 mil migrantes al mes, la cifra total de 2021 podría rozar incluso la barrera de las 300 mil capturas. Algo inédito.

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Cabe exponer que, hasta junio de este mismo año, el promedio de detenciones era menos de la mitad que ahora: 15 mil 700 al mes. El ‘boom’ se produjo a partir de ese mes, coincidiendo precisamente con la visita al país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que el 8 de junio se reunió con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard para firmar un acuerdo de cooperación en materia migratoria que promete fomentar las oportunidades económicas y laborales en Centroamérica; la principal región expulsora de personas por motivos económicos o de inseguridad.

Tras la firma del acuerdo, las capturas en México fueron aumentando progresivamente hasta dispararse: 22% más en julio; 71% más en agosto; 127% más en septiembre, que es el mes con el récord histórico; y 91% en octubre, el segundo mes récord con casi 36 mil migrantes capturados.

Este aumento en las detenciones en México se produce a la par también del aumento de capturas al otro lado de la frontera norte, en Estados Unidos, donde la administración de Joe Biden lleva detenidos de octubre de 2020 a septiembre de este año más de 1 millón 659 mil personas, también la cifra más alta registrada en ese país desde el 2000.

Cabe recordar que organizaciones civiles como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) explicaron que este aumento de las detenciones a ambos lados de la frontera puede estar motivado por los efectos de la pandemia en toda América Latina y la crisis económica y política que se viven en determinados países del continente expulsores de migrantes, y que han desatado una mayor movilidad humana.

“Este aumento en la movilidad puede responder a una gran desesperación humana motivada, en particular, por la crisis económica que desató la pandemia, aunado a que en muchos otros países también se están produciendo crisis de seguridad y crisis políticas, como en Nicaragua, Venezuela o Haití”, expuso Maureen Meyer, experta en migración y vicepresidenta para programas de Wola.

“Es decir, ahora hay niveles históricos de migrantes de otros países (además de mexicanos y centroamericanos), que antes no se habían visto con esta intensidad, como tampoco se había visto una pandemia global, que, aunado a las crisis políticas y de seguridad, vino a complicarlo todo mucho más”, dijo Meyer, quien, no obstante, también señaló que en el actual gobierno estadounidense, como en su par mexicano, “se está priorizando la detención y deportación de personas por encima del acceso a una migración legal, o al asilo”, lo cual también explicaría el aumento en la presión migratoria y en las capturas, mediante la utilización, incluso, de cuerpos de corte militar como la Guardia Nacional.

Se disparan detenciones en la frontera norte

Además, las estadísticas oficiales muestran varios puntos llamativos en relación con las dinámicas de detenciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en años previos.

La mayoría de las capturas de migrantes siguen realizándose en los estados de la frontera sur mexicana con Centroamérica: hasta 103 mil 432, el 45% del total.

Sin embargo, llama la atención el ‘boom’ en la frontera norte: 69 mil 047 detenciones hasta octubre; un aumento del 131% en comparación con 2019, el año previo a la pandemia, cuando las estadísticas muestran un descenso atípico debido a que se instruyó al INM a que evitara detener personas en estaciones migratorias por los riesgos de contagio de Covid 19.

De hecho, mientras en 2019 solo el 18% de las detenciones que hacía el INM se produjeron en los estados de la frontera con Estados Unidos, ahora el porcentaje escaló hasta por arriba del 30%.

En estados como Sonora, por ejemplo, se pasó de 3 mil 487 detenciones en 2019, a 10 mil 633; un alza del 205%.

En Tamaulipas, el aumento fue del 120%.

En Nuevo León, del 85%.

Y en Coahuila, del 65%.

Los municipios del norte con más detenciones son Ciudad Juárez, en Chihuahua, con 6 mil 524 casos; Piedras Negras, Coahuila, con 5 mil 734; y Tijuana, con 3 mil 119.

En cambio, en la frontera sur, estados como Chiapas, la mayor puerta de acceso de la migración que proviene principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, registró un descenso del 5%, aunque con más de 67 mil detenciones sigue siendo la entidad con más capturas debido a su proximidad con Guatemala.

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Palenque, Chiapas, con casi 10 mil detenciones, es el municipio del sur con más capturas; le sigue de cerca Suchiate, con 8 mil 834.

También es de destacar el aumento de las capturas en los estados del centro y El Bajío del país, donde entidades como Tlaxcala experimentaron incrementos de hasta 1,345% (de 593 en 2019 a 8 mil 569 en 2021); mientras que en San Luis Potosí el disparo fue del 162% (de 2 mil 784 en 2019 pasó a 7 mil 305).

Incluso, en estados que no son habitualmente ruta migrante las detenciones también se multiplicaron. Es el caso de Guerrero, que pasó de tan solo 45 detenciones en 2019, a 353 en 2021; un incremento del 684%.

Estos datos muestran que las acciones para detener migrantes, con la cooperación del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina, que en el tercer informe de gobierno de López Obrador informaron que participaron en operativos con el INM para ‘rescatar’ a más de 104 mil migrantes-, no se limitan únicamente a la frontera sur, la principal puerta de entrada, sino que se extendieron ya a buena parte del país. De hecho, a excepción de 8 entidades, entre las que hay estados que no son habitualmente ruta migrante, como Michoacán o Colima, en la mayoría de la República aumentaron las capturas de personas sin documentos, con incrementos en muchos casos por arriba del 100 y hasta el 200%.

En cuanto a las nacionalidades de las personas migrantes detenidas, no hay grandes cambios, aunque con un matiz.

En este 2021, las personas de nacionalidad centroamericana siguen siendo la inmensa mayoría: el 84.5%.

Dentro de este grupo, las personas hondureñas (97 mil detenidos) y guatemaltecas (64 mil) fueron los más detenidos por transitar sin documentos por México.

Donde se aprecia un ligero cambio es en las capturas de personas de nacionalidad africana o asiática: en este año, tan solo el 1% de los detenidos son africanos o asiáticos, mientras que en 2019 el porcentaje era del 7%.

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En contraste, en este año aumentaron las detenciones de personas procedentes de las islas del Caribe, especialmente de Cuba y Haití: 10% eran de esos países, mientras que en 2019 el porcentaje era del 6%.

Por otra parte, los datos de Segob arrojan que hasta octubre de este año van detenidos 48 mil 707 menores migrantes, un 3% menos que en 2019.

De esos casi 49 mil menores, 1 mil 124 viajaban solos; una cifra muy lejana a los 3 mil 733 que fueron detenidos entre enero y octubre de 2019.

Piden no dar más atribuciones al INM

Ante este contexto de detenciones de migrantes indocumentados al alza, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se extiendan las facultades al INM para realizar revisiones migratorias a toda la población mexicana en el país.

Esta petición surge luego de que la ministra Ana María Ríos Farjat, extitular del SAT en la administración de López Obrador, presentara el proyecto de sentencia AR275/2019 -cuya discusión estaba prevista para ayer miércoles y que se pospuso con fecha aun por determinar-, que prevé extender las facultades del INM para realizar revisiones en todo el territorio nacional, y no solo en las fronteras internacionales.

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“Es una propuesta preocupante ya que concede facultades de revisión al INM que no están previstas en la Ley de Migración y viola el artículo 11 de la Constitución mexicana”, expuso el IMUMI.

“La aprobación del proyecto -añadió- implicaría un retroceso en materia de derechos humanos, pues presume que todas las personas en México somos extranjeras y en consecuencia debemos acreditar nuestra nacionalidad ante agentes del INM, ya sea a través de una identificación o por medio de una entrevista”.

La organización civil consideró que esta medida “se sumaría a las acciones discriminatorias que se llevan a cabo durante las revisiones migratorias, donde los agentes del INM, de acuerdo con su percepción, validan quien es una persona mexicana y quién no”. “Lo que tendría como consecuencia la detención arbitraria de la población mexicana que consideren no es mexicana”.

Cabe recordar que, desde 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió diversas recomendaciones contra la detención de personas mexicanas por agentes del INM.

El caso más emblemático fue el de la detención de cuatro personas indígenas tzeltales, dos hombres y dos mujeres, que en septiembre de 2015 fueron detenidas en Querétaro durante una revisión migratoria, luego que agentes de migración consideraron que “no parecían mexicanas”. Fueron llevadas a la estación migratoria de Querétaro y tras una semana detenidas, “siendo hostigadas y torturadas para que firmaran documentos donde aceptaban ser de nacionalidad guatemalteca”, fueron finalmente liberadas tras la intervención del IMUMI y de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

 

  

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