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El Gobierno se abstuvo de votar una denuncia de Bachelet a China por violaciones a los derechos humanos

Alberto Fernández con Xi Jinping, en China, durante la visita del presidente argentino, en febrero
Alberto Fernández con Xi Jinping, en China, durante la visita del presidente argentino, en febrero - Créditos: @Presidencia

El gobierno argentino se abstuvo hoy de votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe que denuncia la persecución del gobierno chino a la minoría musulmana uigur. El informe, que resultó rechazado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue firmado antes de finalizar su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Organizaciones internacionales le habían pedido respaldo a la Argentina.

El informe de Bachelet, que la Argentina no respaldó, era apoyado por los Estados Unidos y rechazado de plano por China. Acompañarlo implicaba confrontar con el gobierno de Xi Jinping. No hacerlo no solo tiene impacto en materia de derechos humanos; también, porque la Casa Blanca es un jugador clave en las negociaciones con el FMI. La votación terminó 19 a 17, con 11 abstenciones. Brasil y México fueron algunos de los países que se abstuvieron. Por fuera de la región, también optaron por la abstención Ucrania, Armenia, Benín, Gambia, India, Libia, Malawi, y Malasia.

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A favor votaron República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Somalia, Reino Unido y Estados Unidos.

Bolivia, Camerún, China, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Kazajstán, Mauritania, Namibia, Nepal, Paquistán, Qatar, Senegal, Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela se expresaron en contra de tratar el informe de Bachelet.

En una carta dirigida al canciller Santiago Cafiero, organizaciones como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, entre otras, habían instado al Gobierno “a apoyar una resolución durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que posibilite que el Consejo reciba y analice el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China” . Y, en la misma misiva, se subrayó que también “debería ser de agenda prioritaria” la moción por la renovación del mandato de la misión que investiga la situación de los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro.

El 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos comenzó el 7 de septiembre y terminará el viernes.

Tanto las cuestiones vinculadas con China como con Venezuela son temas espinosos para el gobierno de Alberto Fernández. En el caso venezolano, se mostró oscilante, con votos encontrados en distintos foros internacionales.

El texto que recibió Cafiero es una carta que las organizaciones de derechos humanos hicieron llegar a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Argentina ostenta actualmente la titularidad de ese Consejo, con Federico Villegas Beltrán como presidente.

El informe de Bachelet -según la carta que recibió a Cafiero y lleva la firma, por ejemplo, del subdirector ejecutivo de Incidencia de HRW, Bruno Stagno- “pone de manifiesto una campaña sistemática del gobierno chino dirigida contra miembros de la comunidad uigur y otras minorías predominantemente musulmanas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de religión y expresión, y al disfrute de su propia cultura ”. Esos hechos podrían constituir “crímenes contra la humanidad”, advirtió.

“El informe explica que aquellas personas a quienes se considera ‘en riesgo de extremismo’ son objeto de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades, como detenciones arbitrarias, torturas, tratamientos médicos involuntarios, trabajo forzado, separación familiar, injerencia en los derechos reproductivos, e intimidación, amenazas y represalias”, se remarcó en la carta que se envió a la Cancillería.

Bachelet difundió su informe sobre la persecución china a los uigures a fines de agosto y recibió una dura respuesta del gobierno de Xi Jinping. “El supuesto informe crítico que usted mencionó está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales, es totalmente ilegal e inválido”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa tras la difusión de los datos recopilados por la saliente Alta Comisionada para los Derechos Humanos.