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El Gobierno anticipa recortes en energía, salud y educación

·4  min de lectura
Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández prometieron que no habrá ajuste en el gasto para atender los compromisos del FMI
Ignacio Sánchez

El nuevo año arranca con ajustes en el gasto público. Sin los ingresos extraordinarios que percibió a lo largo de 2021 –entre ellos, lo recaudado por el impuesto a la riqueza-, el gobierno de Alberto Fernández se vio obligado a disponer fuertes recortes en distintas partidas presupuestarias, incluso las más sensibles como las del gasto social.

La magnitud del ajuste totaliza casi $225.000 millones según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En dicho informe se analiza la Decisión Administrativa 4 que dictó el Poder Ejecutivo la semana pasada, por la cual distribuyó los recursos y los créditos correspondiente a la prórroga del presupuesto 2021, luego que el Congreso rechazara en diciembre pasado el proyecto de presupuesto que enviara el Poder Ejecutivo para este año.

En aquella decisión administrativa, el Ministerio de Economía admitió que en 2022 caerán los ingresos totales en poco más de $627.000 millones. Esto obedece, en primer lugar, a que ya no contará con los ingresos extraordinarios que percibió el año pasado, entre ellos los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $422.174 millones que recibió la Argentina de acuerdo a su cuota de participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho monto fue eliminado del rubro transferencias corrientes de organismos internacionales, como así también de las aplicaciones financieras.

Además, el ministerio que conduce Martín Guzmán también eliminó del rubro ingresos otros $204.640 millones provenientes del llamado “aporte extraordinario y solidario” -conocido como el impuesto a la riqueza-, un gravamen de emergencia que impulsó el kirchnerismo en el Congreso por única vez en virtud de la pandemia. Dicho aporte fue afrontado por aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones.

Según los últimos datos del Ministerio de Economía, al último mes del año pasado dicho gravamen había recaudado $247.503 millones. Como este aporte extraordinario ya caducó, las partidas que se nutrían de este gravamen quedaron seriamente recortadas: la Secretaría de Energía, por caso, tendrá una merma de $60.190 millones, mientras que los ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social perderán $48.150 millones respectivamente.

Sin embargo, los recortes abarcarán también otras áreas. El Ministerio de Desarrollo Social, un área clave que maneja partidas millonarias para atender la urgencia social, tendrá una poda de $4847 millones. En tanto, el rubro “Obligaciones a cargo del Tesoro”, desde donde se realizan las transferencias a provincias y a empresas del sector público, tendrá una merma de poco más de $3000 millones.

En la Decisión Administrativa 4, el Gobierno también eliminó de los créditos asignados al Ministerio del Interior los gastos correspondientes a las elecciones primarias y generales que se realizaron el año pasado. Dicha suma totaliza $19.532 millones.

La única cartera que esquivó el ajuste y, por el contrario, recibió un aumento en su partida es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié: este año recibirá un extra de $4847 millones, con lo que la partida totalizará $16.771 millones.

Así las cosas, con la readecuación presupuestaria para este año, la estimación de los ingresos arranca con un total de $7,9 billones (-627.025 millones respecto del 31 de diciembre de 2021), mientras que los gastos primarios –esto es, sin contemplar el pago de intereses de la deuda- totalizarían $10 billones (-$224.889 millones). Ergo, se profundizaría el rojo fiscal primario en 2022, que se incrementaría a poco más de $2 billones (+$402.136 millones respecto del cierre del año fiscal 2021).

Estos números no implican que, necesariamente, esta política de recorte en el gasto se mantenga a lo largo del ejercicio actual. Muy por el contrario, la oposición espera que, tal como hizo en los dos años anteriores, el Gobierno vaya readecuando las distintas partidas por medio de decretos de necesidad y urgencia conforme aumente la recaudación por efecto de la inflación.

Por caso, a lo largo del año pasado, sobre todo durante el último cuatrimestre, el Gobierno dio rienda suelta al gasto como consecuencia de la campaña electoral e incrementó las partidas presupuestarias en 2,6 billones de pesos –un 31%- respecto de los créditos iniciales. Buena parte de esta suba se explica por la fuerte expansión del gasto de capital (obra pública principalmente) y de los subsidios económicos (en especial, los energéticos) que, hasta noviembre pasado, se incrementaron en un 21% y un 29% en términos reales respectivamente.

A pesar de este fuerte incremento del gasto, el ministro Guzmán logró una mejora en el déficit fiscal primario, que el año pasado se situó en torno al 3% del PBI. Ello fue merced a los ingresos extraordinarios que percibió el Tesoro (los DEG del FMI y el impuesto a la riqueza), que este año no se computarán. También es probable que el fisco recaude menos en concepto de retenciones al campo; si bien este rubro fue clave en el aumento de la recaudación el año pasado por la cosecha récord de la soja, la sequía podría jugarle una mala pasada al Gobierno este año: según la Bolsa de Comercio de Rosario, el Estado Nacional dejará de recaudar derechos de exportación por US$ 1038 millones por la caída en la producción agropecuaria.

como así también por un aumento en las retenciones por la cosecha récord de la soja. Sin embargo, la recaudación por retenciones

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