¿Por qué garantizar empleos en el gobierno de EEUU sería una salida a la crisis?

¿Qué debería hacer el presidente con respecto a los empleos?

Así que tras una crisis causante de la pérdida de millones de empleos, un verano de manifestaciones urbanas que hizo evidentes las carencias que sufren las comunidades negras y otras elecciones presidenciales que expusieron las profundas divisiones económicas y sociales existentes, algunos responsables de diseñar políticas públicas reconsideran en este momento una herramienta que no se había utilizado desde la Gran Depresión: que el gobierno federal proporcione empleo directamente a quienes lo necesiten.

A primera impresión, la política parece tan estancada como siempre. El senador Cory Booker , demócrata de Nueva Jersey, presentó en 2018 y 2019 proyectos de ley con el objetivo de establecer programas piloto en 15 ciudades y regiones que ofrecieran capacitación y empleo garantizado a quienes lo quisieran, por cuenta del gobierno federal. Ninguno de esos proyectos prosperó.

Además, después de que los demócratas progresistas del Congreso propusieron un programa de empleos federales como parte de su Nuevo Acuerdo Verde en 2019, la representante Liz Cheney de Wyoming, la tercera republicana con mayor influencia en la Cámara de Representantes, preguntó: “¿Están dispuestos a darles al gobierno y a algunos burócratas anónimos que ocupan escaños en Washington D. C. la autoridad necesaria para tomar esas decisiones que afectan su vida?”.

No obstante, en lo referente a la intervención del gobierno en la economía, los parámetros políticos han cambiado. Un sistema que se opuso a aprobar un paquete de estímulo de un billón de dólares tras la crisis financiera de 2008 no tuvo ningún problema en aprobar un paquete de rescate de 2,2 billones de dólares en marzo pasado, y de 900.000 millones de dólares más en diciembre. El presidente Joe Biden está haciendo todo lo posible para sumarle a esa cantidad un paquete de 1,9 billones de dólares.

“Los límites del discurso político se ampliaron bastante como consecuencia de la pandemia”, aseveró Michael R. Strain, economista del grupo conservador de expertos American Enterprise Institute.

En la izquierda, se percibe una disposición a aprovechar la oportunidad de experimentar con opciones nada ortodoxas. “Quizá no sea necesario ni políticamente viable ofrecer una garantía de empleo”, opinó Lawrence Katz , profesor de Harvard que fungió como economista jefe del Departamento del Trabajo durante el gobierno de Clinton. “De cualquier forma, me encantaría ver más experimentación”.

Por su parte, los estadounidenses parecen estar dispuestos a considerar la idea. En noviembre, Carnegie Corp. contrató a Gallup para realizar una encuesta sobre las actitudes en torno a la intervención del gobierno con el propósito de ofrecer oportunidades de empleo a quienes perdieron su trabajo durante la pandemia de COVID-19. El estudio reveló que al 93 por ciento de los encuestados les parecía una buena idea, entre ellos el 87 por ciento de los republicanos.

Incluso en los casos en que los encuestadores mencionaron que esa acción tendría un costo hipotético de por lo menos 200.000 millones de dólares, casi nueve de cada diez encuestados afirmaron que los beneficios justificaban el costo. Además, grandes mayorías tanto de demócratas como de republicanos también expresaron que preferían empleos en el gobierno a prestaciones por desempleo más generosas.

Lo que está por verse es si el gobierno de Biden está dispuesto al respaldar una política que no se ha utilizado desde la época del New Deal.

“Intentamos establecer como mínimo la garantía de un empleo federal”, comentó Darrick Hamilton , profesor de economía en la Nueva Escuela de Investigación Social y uno de los asesores del senador Bernie Sanders que colaboraron con representantes de Biden antes de las elecciones de noviembre para diseñar una estrategia económica que todo el partido demócrata estuviera dispuesto a respaldar. “Fue la piedra angular de nuestra contribución”.

En el papel, al menos, si se garantizan empleos se aligerarían drásticamente las recesiones, pues los trabajadores desplazados por la recesión económica tendrían una opción gracias al gobierno. No obstante, a diferencia de los programas del presidente Franklin D. Roosevelt cuya meta era ofrecerles empleo a millones de desplazados por la Gran Depresión, ahora la idea no es solo abordar la falta de empleo, sino mejorar el empleo incluso en épocas de bonanza.

Si el gobierno federal ofreciera empleos pagados a 15 dólares por hora, más seguro de salud, obligaría a las empresas privadas interesadas en conservar a su personal a pagar salarios al menos del mismo nivel. Garantizar empleos en el gobierno federal “fija estándares mínimos para el trabajo”, explicó Hamilton.

El presidente no parece estar listo para llevar esta política al extremo. “Sospechábamos que no tendría ese alcance”, dijo Hamilton.

El plan de recuperación de Biden incluye actividades para capacitar a un grupo de nuevos trabajadores del sector de salud pública y financiar la contratación de 100.000 empleados de tiempo completo para los departamentos de salud pública. Su compromiso de ampliar el acceso a guarderías infantiles y servicios de cuidado de adultos mayores va de la mano con la promesa de crear buenos empleos, bien pagados, para los cuidadores. Por si fuera poco, se comprometió, aunque sin haber propuesto programas concretos, a promover la creación de diez millones de empleos de calidad en el sector de energías limpias.

“Existen varias propuestas que consisten en coordinar programas de empleo para los ciudadanos con las necesidades de la nación”, señaló Heather Boushey, integrante del Consejo de Asesores Económicos de Biden.

Con todo, la idea de una garantía de empleo amplia todavía es una innovación demasiado ambiciosa. Para empezar, sería muy costosa.

Hamilton, quien apoya la idea de una garantía de empleo en el gobierno federal, fue uno de los autores (con Mark Paul, William A. Darity Jr. y Khaing Zaw) de un estudio dado a conocer en 2018 cuyo objetivo fue calcular el costo. Con base en cifras de empleo de 2016 y la premisa de un costo promedio por empleo de 55.820 dólares, con todo y prestaciones, el estudio descubrió que costaría entre 654.000 millones y 2,1 billones de dólares al año, y se compensaría en cierta medida con el aumento en la producción económica y la recaudación fiscal, así como los ahorros en otros programas de ayuda como los vales para alimentos y el seguro de desempleo.

Encima, la posibilidad de una intervención gubernamental a gran escala en el mercado laboral genera preguntas controvertidas.

En primer lugar, habría que determinar qué tipo de empleo podría ofrecerles el gobierno a los ciudadanos para cumplir con la garantía de empleo. Los proyectos de infraestructura y cuidado de la salud requieren trabajadores con habilidades específicas, y lo mismo sucede en el caso de los cuidados de buena calidad para los adultos mayores y los niños. Por ejemplo, los empleos en mantenimiento de parques o de auxiliares escolares podrían traslaparse con las acciones que ya emprenden los gobiernos locales.

Más aún, la disponibilidad de empleos en el gobierno federal cambiaría drásticamente la ecuación laboral para las empresas que ofrecen salarios bajos como McDonald’s o Walmart. Strain argumenta que una garantía universal de empleo en el gobierno federal con un salario de 15 dólares por hora más servicios de salud “destruiría el mercado laboral”.

Algunos países ricos cuentan con garantía de empleo para los adultos jóvenes. Desde 2013, la Unión Europea ha aplicado un programa para garantizar que todos los menores de 25 años reciban capacitación o se les ofrezca empleo. Sin embargo, esos programas se basan en subsidios al empleo privado, no en ofrecer empleos en el gobierno.

Un análisis sobre distintas investigaciones en torno a la eficacia de las políticas del mercado laboral realizado en 2017 por David Card de la Universidad de California, campus Berkeley; Jochen Kluve de la Universidad Humboldt en Berlín; y Andrea Weber de la Universidad de Viena, concluyó que los programas que buscan mejorar las habilidades de los trabajador tienen los mejores resultados, mientras que los “subsidios al empleo en el sector público por lo regular tienen un impacto promedio reducido o incluso negativo” para los trabajadores. Uno de los motivos es que los patrones privados, al parecer, no aprecian la experiencia que obtienen los trabajadores en la nómina del gobierno.

Otro economista, David Neumark, de la Universidad de California, campus Irvine, no cree que se requieran nuevas políticas para garantizar que los trabajadores tengan un nivel de vida decente. En su opinión, programas como el crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC, por su sigla en inglés), que complementa el sueldo de los empleados de bajos ingresos, solo necesitan ser un poco más generosos.

“No creo que nos falten herramientas”, indicó. “Más bien, hemos sido muy tacaños con las herramientas que ya tenemos”.

Neumark subraya que la actitud hacia la idea de que el gobierno intervenga para ayudar a los trabajadores estadounidenses es cada vez más favorable, incluso en la derecha. “Los republicanos por lo menos hablan más de que necesitan hacer algo positivo por los ciudadanos de bajos ingresos”, dijo. “Quizás sea posible llegar a algunos acuerdos”.

En cuanto a Strain, del American Enterprise Institute, si bien se opone a una garantía amplia, reconoce que es posible aplicar nuevas estrategias. “Si la pregunta es si necesitamos políticas más agresivas para el mercado laboral que permitan ofrecerles más oportunidades a las personas, la respuesta es que sí”, afirmó. “Según lo veo, es imperativo en el aspecto moral más que desde la perspectiva económica”.

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This article originally appeared in The New York Times.

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