El gobierno italiano media para salvar la mayor acería de Europa

El jefe de gobierno italiano, Mario Monti, los ministros de Desarrollo, Medio Ambiente, Trabajo y Salud se reunieron este jueves con los sindicatos, administradores locales y representantes de la siderúrgica Ilva, en el sur de Italia, para intentar salvar a la mayor acería de Europa.

"Es un desafío para el país", reconoció Monti, al inicio de la reunión tras invitar a las partes a encontrar una manera de "proteger el trabajo y la salud, respetar las decisiones de los magistrados y mantener la producción de la acería", dijo.

"Es difícil imaginar que el país abandone un patrimonio industrial que ofrece tanto empleo, creando además problemas para el medio ambiente insolubles", aseguró el ministro para el Medio Ambiente, Corrado Clini, poco antes de la reunión.

La justicia italiana ordenó el cierre de parte de las instalaciones siderúrgicas así como la detención de varios funcionarios y empresarios por considerar que Ilva es una "fábrica de muerte", debido a que causa cerca de 90 decesos por año en Taranto, la ciudad sureña de la región Pullas, de 200.000 habitantes.

Unas 12.000 personas perderían el trabajo en caso de cierre, lo que ha provocado una crisis social sin precedentes, dividiendo a la población entre aquellos que defienden el derecho al trabajo y aquellos que piden que se preserve ante todo la salud.

Según fuentes del Instituto Superior de Sanidad, con datos del año pasado, el promedio de muertos por cáncer de pulmón en la zona es superior en un 30% al del país. También mueren un 50% más de hombres y un 40% más de mujeres por enfermedades respiratorias agudas.

La crisis se agudizó el lunes pasado cuando la producción fue detenida por orden de la justicia y los dueños de la acería anunciaron la suspensión también de las actividades llamadas a "frío", lo que provocó la reacción de los trabajadores y obligó al gobierno a convocar una reunión extraordinaria.

Según fuentes de prensa italiana, los ministros estudian un decreto urgente que obliga a la acería a funcionar durante los próximos dos años y al mismo tiempo empezar a "sanear" el territorio con notables inversiones para que Ilva se convierta en "una industria limpia y tecnológicamente avanzada".

El decreto podría ser aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.

Un grupo de trabajadores de Ilva, cerca de unos 300, manifestaron este jueves ante la sede de gobierno para pedir que se salve el sector siderúrgico.

"Estamos aquí para pedir al gobierno que acelere la adopción de un decreto que salve a Ilva de Taranto, porque de esa fábrica dependen otras de Génova y Novi Ligure, al norte", contó a la AFP Moreno Vacchina, de 46 años, uno de los manifestantes.

Para Tonio Anselmo, 47 años, quien llegó de Génova, "hay que estudiar los dos problemas al mismo tiempo, tanto el del medio ambiente como del empleo. No se puede producir sin respetar la salud de los obreros y el medio ambiente en que viven", dijo.

"La familia Riva, propietaria de la acería Ilva, hizo por años lo que quiso, ganando cifras millonarias y nunca se interrogó sobre el hecho de que estaba envenenando la ciudad", agregó.

Italia, enfrentada a una grave crisis social y económica, debe resolver uno los casos más complicados y preocupantes de la península, ya que es urgente impedir que se siga contaminando el ambiente pero a la vez se teme una revuelta social impredecible si miles de empleados y sus familiares quedan desocupados en un momento de recesión en el viejo continente.

"Hay que resolver el caso Ilva antes de que se produzcan otras situaciones igualmente graves", advirtió Stefano Fassina, responsable de asuntos económicos del Partido Democrático (PD, izquierda).

Muchos observadores y editorialistas coinciden en subrayar de que se evitaron tomar por décadas las medidas necesarias, aún si muy costosas, hasta que la justicia ordenó secuestrar en julio las primeras instalaciones.

Otros reconocen que nunca se revisó ni modernizó el modelo industrial. Según un informe de la asociación de Lega Ambiente, existen cerca de veinte grandes instalaciones industriales en la península que no tienen la Autorización Integrada Ambiental (AIA) del ministerio del Medio Ambiente, por lo que Italia corre el riesgo de ser condena por la Unión Europea.

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