La guerra del desayuno: el debate sobre el bienestar animal llega a las mesas norteamericanas

Un senador lo ha llamado la “guerra al desayuno”. También ha sido bautizado el “caso del bacon (panceta)”. Entre numerosas cuestiones de alta carga política, al Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado este el caso de los “Productores Nacionales de Cerdo contra Ross”. Los granjeros impugnan una ley de California que impone requisitos a la cría de cerdos y gallinas para que sus productos puedan venderse en su estado. Lo que está en juego no es solo si el desayuno sale un poco más o menos caro, sino cómo se entiende la unidad de mercado en Estados Unidos.

La llamada Cláusula de Comercio de la Constitución estadounidense reserva al Congreso federal la facultad de regular el comercio exterior e interestatal. En la vista pública del caso recién celebrada en el Tribunal Supremo, los granjeros sostuvieron que la ley, que aún no ha entrado en vigor, “viola la Cláusula de Comercio casi por definición, porque es una regulación extraterritorial que condiciona la venta de cerdo a que los ganaderos de otros Estados adopten métodos de cría preferidos por California”.

California concentra el 13% del consumo nacional, pero apenas tiene producción porcina. Su ley impone un espacio de 24 pies cuadrados (2,22 metros cuadrados) por cerdo, entre otros requisitos. Estados como Iowa, el mayor productor de cerdo del país, están indignados con la regulación.

“Un granjero de Iowa no sabe dónde se venderá la carne de sus cerdos. Los cerdos van a un criadero, a un procesador y luego a un matadero, donde se los corta en partes que se venden en todo el mundo según la demanda. El único camino seguro sería criar todos los cerdos a la manera de California”, protestaba el abogado de los granjeros, Timothy S. Bishop.

De seguir ese camino, alegaba, Nueva York puede pedir que los cerdos tengan más espacio aún, Oregon puede reclamar que todos los trabajadores implicados tengan un salario mínimo o Texas puede condicionar las ventas a que se contrate solo a residentes legales. “En ese punto, realmente habremos abandonado la idea de los padres fundadores de un mercado nacional”, agregó. Bishop pidió al tribunal anular la ley “para evitar la balcanización y que California imponga sus puntos de vista filosóficos en otros Estados”.

La norma fue aprobada por los votantes de California con un apoyo del 63% para evitar el sufrimiento animal. También alegan que con ello se combaten potenciales amenazas derivadas de que los cerdos estén demasiado agolpados en las granjas. California ya aprobó una ley que entró en vigor en 2012, que en la práctica prohibió el foie gras y cuya validez fue ratificada por el Tribunal Supremo. Quizá por eso el abogado de los granjeros centra sus argumentos en que el Estado puede prohibir los productos de cerdo si quiere, pero no puede imponer al resto del país cómo se deben criar los animales.

El Gobierno federal también rechaza la norma porque, en su opinión, “invita al conflicto y a las represalias y amenaza con la balcanización” de la economía, según expuso su abogado, Edwin S. Kneedler. El interés de un Estado en proteger la salud y la seguridad de sus residentes puede justificar una ley estatal si ese interés local es sustancial y no se ve superado por sus efectos en el comercio, alegó, añadiendo que, en este caso, no hay respaldo científico para la regulación que propone California. Además, recordó que hay una normativa federal de etiquetado que permite a los consumidores optar por el consumo de cerdos criados sin confinamiento si así lo desean.

Los jueces del Supremo preguntaron si se trataba de un asunto moral. La jueza Elena Kagan puso como ejemplo la prohibición de carne de caballo, que no es peligrosa sanitariamente, pero se prohíbe por razones morales. Si se puede prohibir la carne de caballo, argumentó, ¿por qué no se puede prohibir la de cerdo producida sin cumplir ciertas reglas? El abogado federal insistió en que en este caso estaba en juego el comercio interestatal y que si se abre esa puerta, un Estado podría exigir, también por cuestiones morales, que los trabajadores de otro Estado cobren un cierto salario mínimo para que puedan vender sus productos en el suyo, algo que el Supremo ya rechazó.

El abogado de California, Michael J. Mongan, contestó: “Los votantes de California eligieron pagar precios más altos para servir a su interés local en negarse a proporcionar un mercado a productos que consideran moralmente objetables y potencialmente inseguros”. Y añadió: “Los productores pueden seguir vendiendo carne de cerdo a otros estados utilizando diferentes métodos de producción”.

Jeffrey A. Lamken, abogado de The Human Society, también intervino en defensa de California, argumentando que “el consumo de carne producto de la crueldad animal es en sí mismo inmoral” y que hay empresas, como los supermercados Whole Foods y los restaurantes de Burger King, que ya lo toman en cuenta.

Según Lamken, la prohibición de California no es tan excepcional. Hay nueve Estados, dijo, que prohíben los cosméticos probados en animales: ocho que prohíben los huevos de gallinas enjauladas y nueve prohíben ensayos con tejido fetal que proviene de abortos. También puso como ejemplo los “diamantes de sangre” o la capacidad de prohibir productos fabricados por esclavos. “La alternativa es que los estados no puedan prohibir bienes basados en su moralidad, que si un estado piensa que es ético comer carne de cerdo, pero no es ético comer carne de cerdo criada de forma inhumana y cruel, ¿solo puede prohibir la carne de cerdo por completo?”, cuestionó.

Los jueces del Supremo sometieron a interrogatorio a todas las partes. Tratar de adivinar el sentido de las sentencias a partir de las intervenciones en las vistas orales es un deporte de riesgo, pero la mayoría de los jueces cuestionaron con dureza los argumentos de California.

“Equivalente a un embargo”

El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, replicó: “Creo que la gente de algunos estados, tal vez los que producen una gran cantidad de carne de cerdo, como Iowa o Carolina del Norte o Indiana, puede pensar que hay un valor moral en proporcionar a la gente una fuente de proteína de bajo costo, en particular en tiempos de aumento de los precios de los alimentos. Pero, bajo su análisis, es la visión de California de la moralidad la que prevalece sobre los puntos de vista de la gente en otros estados debido al poder de mercado que tienen”.

Clarence Thomas, conservador, también fue en esa línea: “¿Podría extenderse a un estado que tiene, por ejemplo, diferentes puntos de vista políticos sobre ciertos temas que son importantes para sus votantes?”. Mongan dijo que no, que eso sería una ley discriminatoria, “equivalente a un embargo”, pero los jueces lo pusieron en aprietos para encontrar dónde está la frontera. Kagan, progresista, le preguntó: ¿podría exigirse que los trabajadores no estén sindicados o una determinada política migratoria?

“Vivimos en un país dividido y la balcanización de la que se preocupaban los fundadores está sin duda presente hoy en día”, dijo, y agregó: “¿Queremos vivir en un mundo donde (...) Texas está en guerra con California y California en guerra con Texas?”.

El también conservador Samuel Alito, preguntó a Mongan: “¿California, como es un gigante, puede intimidar a los otros estados sin preocuparse por las represalias?” Y también señaló que las damnificadas serían las pequeñas empresas. Amy Cohen Barrett, la última magistrada del Supremo nombrada por Trump, siguió tirando de la cuerda de la supuesta moralidad de unos productos frente a otros y planteó si sería admisible que un estado prohíba vender carne fabricada por empresas que no exijan la vacunación obligatoria de sus empleados, que no den cierta cobertura sanitaria a sus empleados o que no financien la cirugía de cambio de género de sus trabajadores. Mongan se defendió diciendo que esas serían restricciones no ligadas al producto en sí, pero los jueces no parecieron mostrarse muy convencidos.

La progresista Ketanji Brown Jackson, la última en incorporarse al tribunal, tras ser nombrada por el presidente Joe Biden, planteó si no sería más eficaz poner unas grandes etiquetas que permitan a los consumidores identificar y elegir los productos que quieran. En parecida línea, la también progresista Sonia Sotomayor dijo: “Ya hemos comercializado carne de cerdo marcada como ecológica, libre de jaulas, libre de antibióticos y libre de agonistas beta [broncodilatadores]. No tengo ni idea de lo que eso significa”, dijo, provocando las risas en la sala.