HSBC y la sensación de impunidad de los bancos

Lenny Breuer, subprocurador del Departamento de Justicia de EEUU, anuncia el 11 de diciembre del 2012 en Brooklyn que HSBC aceptó pagar 1.900 millones de dólares para resolver una demanda en la que se lo acusaba de lavar dinero de carteles mexicanos de la droga. Ni el banco --cuyas ganancias del 2011 fueron de 17.000 millones de dólares-- ni sus ejecutivos recibieron otras sanciones. (AP Photo/Richard Drew, File)

The Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Cuando el Departamento de Justicia conminó al banco británico HSBC a pagar una multa de 1.900 millones de dólares, los fiscales dijeron que se estaba dando un golpe duro a una institución grande acusada de lavar dinero de Irán, Libia y de los carteles de las drogas de México.

Algunos ex fiscales, sin embargo, lo ven de otra manera: para ellos, el gobierno nuevamente decidió no enjuiciar por lavado de dinero a un banco grande y a sus ejecutivos, en parte porque se ha difundido la noción de que semejantes juicios podrían forzar el cierre de esas instituciones, lo que se considera inaceptable.

Afirman que se repite el razonamiento usado cuando se adoptaron rescates financieros para evitar le debacle de varios grandes bancos estadounidenses al estallar la crisis económica del 2008.

"Esto es una vergüenza. El Departamento de Justicia debería avergonzarse", declaró Jimmy Gurulé, ex fiscal federal que ahora es profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame.

HSBC y sus ejecutivos "despejaron el camino para que grandes carteles internacionales de las drogas pudiesen continuar con sus operaciones", expresó. "Si eso no justifica un castigo penal, no sé qué lo justifica".

El senador demócrata Jeff Merkley envió una carta al secretario de Justicia Eric Holder en la que dijo que el gobierno "parece haber sentado un firme precedente de que ningún banco ni ningún empleado ni ejecutivo bancario puede ser enjuiciado por graves acciones delictivas si el banco es una institución grande e importante para el sistema financiero".

Neil Barofsky, otro ex inspector general del Programa de Ayuda a Bienes Comprometidos (Troubled Asset Relief Program), sostuvo que los bancos grandes pueden interpretar este caso como un indicio de que tienen "licencia para robar".

Desde el 2009, varios bancos europeos han pagado grandes sumas para resolver demandas según las cuales transferían dinero para gente o empresas que figuran en una lista negra de Estados Unidos: Credit Suisse pagó 536 millones de dólares, Barclays 298, Lloyds 350, ING 619 y el Royal Bank of Scotland 500 millones de dólares por el supuesto lavado de dinero en el banco holandés ABN Amro.

Mientras que esos casos involucraron manejos con países como Irán, Libia, Cuba y Sudán, lo notable del episodio de HSBC es que se le acusó también de ayudar a lavar 881 millones de dólares generados por carteles mexicanos de las drogas.

Los fiscales dijeron que no podían demostrar que los ejecutivos de HSBC se confabularon para ayudar a los carteles o a naciones en listas negras. Las fallas en los controles de seguridad ocurrieron en forma gradual, a lo largo de varias décadas, y fueron motivadas no por el deseo de delinquir sino por el afán de lucro, de acuerdo con los fiscales.

Además, los fiscales dijeron que, de haberse llegado más lejos con las sanciones, se podría haber hundido una empresa que emplea decenas de miles de personas y que está fuertemente ligada a las economías de unas 80 naciones.

Ya ha habido casos en los que a una empresa sospechosa de haber cometido delitos graves le cayó todo el peso de la ley, como el de Arthur Andersen, enorme firma de contabilidad que en el 2002 fue acusada de destruir documentos relacionados con Enron, antes del desplome de esta compañía. Se la obligó a entregar su licencia y no pudo seguir realizando auditorías públicas. Unas 85.000 personas fueron despedidas en todo el mundo antes de que el caso se ventilase en los tribunales. En última instancia, la Corte Suprema anuló un fallo de culpabilidad, muy tarde para salvar la empresa.

"Desde un punto de vista político, los argumentos son bastante fuertes", opinó Kevin O'Brien, ex fiscal federal que ahora tiene una práctica privada. "La gente pierde su trabajo, las ciudades donde se encontraban estas firmas son afectadas negativamente, los accionistas --entre los cuales hay gente ordinaria-- pierden sus ahorros y nada de esto es justo. Incluso una multa grande puede afectar negativamente a los empleados y los accionistas".

Bill Black, ex regulador financiero que cumplió un papel importante en las investigaciones de la crisis de instituciones de ahorro y préstamo de los años 80, rechaza de plano ese argumento. "Seamos serios", afirmó. "¿Queremos que estos delincuentes sigan al frente de los bancos para proteger la estabilidad de los bancos?".

Para Black y otras personas en desacuerdo con la posición del gobierno, el caso de HSBC es casi un calco de lo que sucedió inmediatamente después de la crisis financiera del 2008, cuando los principales responsables de la debacle rara vez fueron castigados. Ningún ejecutivo bancario de renombre fue a la cárcel ni se trató de retirarles las grandes bonificaciones que cobraron en medio del derrumbe.

En el caso de HSBC, el banco rescindió las compensaciones diferidas de este año para la mayoría de sus altos ejecutivos y acordó postergar parcialmente esos bonos destinados a los mismos mandos de la entidad en el futuro.

"El tipo que miente en su declaración de impuestos seguramente pasa cinco años en la cárcel", dijo Gurulé. "Y estos tipos que hicieron negocios con Irán, que podrían haber comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos, ni siquiera son enjuiciados. La equidad de este sistema parece bastante sospechosa".

Los fiscales pintaron un panorama lúgubre, en el que HSBC era acusado de burlar las leyes sistemáticamente y a sabiendas.

HSBC se abstuvo de mantener programas antilavado y de estudiar a sus clientes y el origen de su dinero, según el gobierno. Documentos presentados durante el proceso demostraron que el banco permitió el traspaso de unos 200 billones de dólares entre el 2006 y el 2009 sin casi vigilar su origen, incluidas transferencias por más de 670.000 millones de dólares a México, lo que hizo que la institución fuese una de las favoritas de los carteles. Al mismo tiempo, le dio a México su calificación más baja en relación con el riesgo de lavado de dinero. En otras palabras, dijo que el riesgo de que hubiese lavado allí era muy bajo.

Una subcomisión senatorial de investigaciones permanentes emitió en julio un informe que coincide en buena medida con la imagen que presentaron los fiscales.

Menciona, por ejemplo, un correo electrónico en el que un ejecutivo de HSBC presiona para reanudar tratos con un banco de Arabia Saudita que había sido vetado por posibles vínculos con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Henry Pontell, criminólogo que enseña en la Universidad de California-Irvine, dice que la multa de 1.900 millones de dólares es intrascendente en vista de que HSBC tuvo ganancias del orden de los 17.000 millones el año pasado.

"La noción de que una multa grande como esa asustará a los demás es absurda", expresó Pontell. "Los individuos que hicieron todo eso no pagaron la multa. El banco la pagó".

"¿Se supone que eso actuará como elemento disuasorio?", preguntó. "El gran temor de los altos ejecutivos (proclives a delinquir) es terminar en la cárcel".

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El reportero de la Associated Press Michael Weissenstein colaboró en este informe.

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