Intervención de Edesur: difícil equilibrio entre el gesto político a la militancia y evitar el riesgo de un juicio

La intervención de Edesur por 180 días refleja la situación delicada en la que se encuentra el Gobierno tras los mega apagones que dejaron sin servicio y alteraron la vida cotidiana de más de 120.000 usuarios: por un lado, tiene que cumplir con la demanda de "hagan algo" que le recuerda a diario su base militante; pero, por otra parte, tiene que asegurarse que los privados sigan al frente de la operación, tanto para evitar sanciones como por su propia conveniencia política.

Es así que la medida resulta una solución política a la medida de esta crisis: cumple la demanda de una acción política de fuerte contenido simbólico, pero no altera la propiedad de la compañía -ni desplaza a las autoridades en la operatoria-. De esta manera, el Estado argentino queda a cubierto de un eventual diferendo legal en tribunales internacionales como el Ciadi, donde el país tiene una larga tradición de perder juicios.

De hecho, se estima que, por la ola de demandas iniciadas en 2002, por cambios en las reglas de contratos en los servicios privatizados, tras la caída del régimen de convertibilidad, el país terminó pagando más de u$s1.200 millones. Al día de hoy, Argentina lidera el ranking de países demandados en el Ciadi, con 56 casos.

El Gobierno no quiere agregar un caso más, y por eso puso especial cuidado en comunicar que los propietarios de Edesur -donde la italiana ENEL cuenta con la porción mayoritaria- no tienen motivo alguno para sentir que sus derechos han sido menoscabados.

Lo cierto es que el hecho de que ENEL haya colgado en noviembre pasado el cartel de venta a sus negocios en Argentina puso una nota extra de suspicacia. Entre las teorías conspirativas que circularon en los últimos días, no faltaron quienes argumentaron que la propia Edesur no parecía preocupada por resolver rápidamente la crisis, y que eso podría obedecer a que estaría buscando alguna negociación política a su situación en el país.

Según esa versión, la crisis facilitaría el ingreso rápido de los nuevos accionistas privados. Y se mencionó específicamente a Nicolás Caputo, el empresario amigo de Mauricio Macri que ya era socio de ENEL. Su nombre volvió al tapete en febrero, cuando una empresa de la cual es accionista se quedó con Central Costanera, uno de los activos que los italianos habían puesto en venta.

El propio Sergio Massa se hizo eco de esas versiones al justificar la intervención: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de ENEL de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio".

La adopción de medidas políticas contundentes era una demanda de la base militante kirchnerista, que se había intensificado con las protestas por los apagones

Antes, había sido sugestiva una comparación que la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, había establecido entre la cuestionada Edesur y su competidora Edenor, de quien destacó que "tuvo mucho menos cortes", a pesar de haber operado en las mismas condiciones tarifarias y con la misma emergencia climática.

"A esta altura del partido, la empresa no puede alegar nada, después de haber tenido las tarifas dolarizadas y con un aumento de tarifas del 3.000 por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri, nunca realizó las inversiones que tenía que realizar", dijo la vocera Cerrutti, dejando en claro la estrategia comunicacional centrada en la falta de inversiones.

Un "crescendo" a pedido de la militancia

La medida de la intervención no resultó sorpresiva, dado que ya se venía en una escalada de sanciones: en febrero, ante cortes masivos y protestas de los usuarios, se había dispuesto el ingreso de veedores en la compañía, que además había sido multada en $1.000 millones.

Ya en aquella oportunidad, desde el peronismo se había reavivado el debate sobre la reestatización. Y de hecho el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se había puesto  al frente de un grupo de intendentes de la zona sur para "armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas de mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale". La promesa consistía en ponerse "al frente de la inversión que hace falta para terminar con la desidia de esta empresa".

Ahora, con la nueva crisis, el Gobierno dio un paso más, con la denuncia penal contra el directorio de Edesur, por los cargos de abandono de persona, malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Pero esa medida no resultó suficiente para calmar la demanda sobre una señal política más fuerte. Es así que se volvieron a escuchar reclamos desde la interna de la coalición gobernante, en el sentido de pasar a una estatización. Hubo dirigentes políticos que se adelantaron a la auditoría del ENRE y al debate en el Congreso, y reclamaron que el Gobierno, por decreto, revocara ahora mismo la concesión a Edesur. Fue el caso de Teresa García, senadora provincial en Buenos Aires, quien planteó que estaban dadas las condiciones para una medida de ese tipo.

Y se agregaron otras propuestas que no implican la estatización completa, sino que apuntan al modelo mixto. Es el planteo del dirigente piquetero -y posible pre candidato presidencial- Juan Grabois: "Lo de Edesur y Edenor está entre la negligencia y el boicot. Tomemos el modelo YPF: 51% público, 49% privado con las definiciones estratégicas en favor del pueblo y administración eficiente controlada por los accionistas".

Según los críticos del Gobierno, la intervención de Edesur es una forma de esquivar la discusión de fondo sobre la cuestión tarifaria

Y hasta el propio interventor del ENRE, Walter Martello, insinuó cuál podría ser la fórmula que está en mente de parte del Gobierno: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobras, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control", dijo en una entrevista radial.

El funcionario sostuvo que "la política tiene que discutir el modelo de determinación de la distribución energética, sobre todo en el AMBA, hacia qué modelo se quiere ir".

El efecto decreciente de desviar culpas

Sin embargo, en contraste con la pirotecnia verbal de los funcionarios, la expectativa en el ámbito empresarial es que no haya definiciones importantes hasta el recambio gubernamental de diciembre.

Y el motivo es claro: además de no exponerse a la eventualidad de demandas judiciales, el mantener el suministro eléctrico en manos privadas le permite al Gobierno seguir "tercerizando" hacia las empresas distribuidoras los problemas de diseño de su política energética, en la cual la cuestión tarifaria es parte central.

"Para decirlo burdamente: hoy esas empresas están en el negocio de "poner la cara" por el fracaso del "modelo" kirchnerista que imperó en las últimas décadas", plantea Diego Dillenberger, experto en comunicación política.

En una columna publicada en iProfesional, Dillenberger argumenta que el kirchnerismo no llegará al extremo de expropiar la compañía porque le resultaría perjudicial desde el punto de vista político.

"El usuario recibe su factura de Edesur y Edenor, y la única participación del Estado es la de ser ‘el bueno’ que pone el sello de ‘tarifa subsidiada por el Estado nacional’. Toda la culpa del fracaso del modelo económico pasa mágicamente a las distribuidoras, y el ‘Estado presente’ solo aparece ayudando ‘a los que menos tienen’ poniéndoles plata a las empresas", apunta el experto.

En la misma línea, Nicolás Gadano, economista especializado en política energética, escribió un irónico tuit: "Ah pero Edesur", junto a un gráfico en el que se compara el aumento en el precio del servicio de Edesur para el consumidor subió alrededor de 30% desde que empezó la gestión Fernández, mientras la inflación orilla el 340% y el tipo de cambio un 220%

También hubo reacciones desde la oposición política. Como la del diputado Martín Tetaz, quien escribió en las redes: "El gobierno se hace el enojado e interviene Edesur, pero el propio Alberto Fernández firmo el decreto 815/22 suspendiendo la revisión tarifaria integral, que es la instancia en la que se acuerdan las inversiones y se compromete la calidad".

Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda y ex ministro de Vivienda, será el encargado de la intervención estatal en Edesur

Hasta ahora, la postura del Gobierno ha sido acusar a Edesur por no haber realizado inversiones suficientes, sobre todo después de ser beneficiada con los "tarifazos" de la gestión macrista -un período en el que pudo presentar balances con ganancias, una situación inédita en casi dos décadas de pérdidas-.

En contra del argumento estatal, desde Edesur alegan que en los últimos cinco años se invirtió u$s850 millones, pero que el retraso tarifario la puso en el límite de sus posibilidades para mejorar el mantenimiento de la red. El último balance presentado por Edesur, para el período enero-septiembre de 2022 arrojó una pérdida de $9.712 millones, aun cuando las ventas de electricidad se habían incrementado un 5%, medidas en volumen.

Según la compañía, no es poco el ajuste que hace falta: en el acumulado de los últimos tres años el incremento de costos se ubicó en 320% pero que las tarifas apenas variaron 31,5%.

En las recientes audiencias para revisión de las tarifas, las dos grandes compañías eléctricas pidieron para este año aumentos por 260%, como condición para un mantenimiento de las inversiones. Y Edesur, en su presentación de flujo de fondos para 2023 proyectó un déficit de $103.000 millones.

No será un desafío sencillo para Jorge Ferraresi -ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y ex intendente de Avellaneda-, quien tomará la función de interventor. Aunque no tendrá poder sobre la operación de la compañía, sí poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.

Es una situación que implica un riesgo eventual para el mediano plazo, sobre todo si el clima sigue trayendo problemas: con un interventor estatal dentro de la compañía, probablemente no resultará tan fácil el desvío de las culpas cuando se produzca la próxima crisis del sistema eléctrico.