Juez niega protocolo contra tortura a July Raquel, acusada del asesinato de rectora en Veracruz

“Estoy desesperada”.

Es lo primero que dice July Raquel Flores nada más atender la llamada desde el penal de Pacho Viejo, Xalapa, donde lleva presa más de cinco meses tras ser vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, a pesar de que, tal y como documentó Animal Político en un reportaje publicado el pasado 22 de febrero, hay numerosas pruebas y testimonios que contradicen las imputaciones de la Fiscalía veracruzana en su contra.

En estos cinco meses, July cuenta que ha tenido que aprender a sobrevivir en la cárcel y, sobre todo, ha tenido que aprender a vivir con la angustia psicológica que le provoca estar encerrada y continuar padeciendo las secuelas físicas que, denuncia, le dejaron los cuatro agentes del ministerio público veracruzano que la detuvieron arbitrariamente con lujo de violencia, y la agredieron sexualmente durante las siete horas de traslado de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, al penal veracruzano donde la presentaron directamente ante un juez.

Un traslado, además, en el que July denuncia que fue sometida a toques eléctricos, golpes en las costillas, y asfixia, para que confesara el asesinato de la rectora ocurrido el pasado 29 de junio.

La familia y el abogado de July Raquel explican en entrevista que para demostrar que fue torturada y agredida sexualmente es fundamental que se le realice el protocolo de Estambul, que es un dictamen médico-psicológico que hacen peritos especializados y certificados para determinar si una persona fue torturada para que aceptara la culpa o su implicación en un delito.

En este caso es fundamental, subrayan, porque de acreditarse la tortura, se tendría que poner a July en libertad inmediata, puesto que nada de lo que hubiera firmado o declarado ante los ministeriales bajo coacción sería válido en un juicio.

Sin embargo, el juez de distrito que vinculó a proceso a July, Marco Antonio Rodríguez Lobato, le acaba de dar un nuevo revés: a pesar de que el abogado defensor René Rodolfo Paratte le solicitó desde el pasado 13 de enero que se aplicara el protocolo de Estambul a July, este, por medio de un oficio respondió el pasado 5 de abril, casi tres meses después, que no era procedente la realización de esta prueba por parte de una perito contratada por la familia de la detenida porque la petición “carece de su debida fundamentación y motivación” y, por lo tanto, “no se ajusta a derecho”.

Por lo que July tendrá que esperar a la próxima audiencia intermedia para defenderse. Esto, luego de que en la audiencia inicial su anterior abogado de oficio le aconsejara que guardase silencio, para luego abandonar el caso.

Pero hay otro problema, apunta René Rodolfo Paratte, el abogado actual de July. Y es que, a pesar de que ya se cumplió el plazo estimado en la audiencia inicial para que la Fiscalía terminara su investigación, aún no hay una fecha para la audiencia intermedia, ya que la Fiscalía solicitó otra ampliación de un mes para completar sus pesquisas del caso. Y esto está provocando un gran desgaste emocional en July y su familia.

“Para las autoridades es muy fácil decir espérate otro mes para que acabe la investigación, pero cuando estás viviendo un infierno todos los días por un delito que no cometiste, esperar, aunque sea un día, es una eternidad”, asegura desesperada la mujer desde Pacho Viejo.

“Además, no sé para qué quieren más tiempo si no tienen pruebas -añade enojada al otro lado del teléfono-. En cambio, nosotros, que sí tenemos pruebas y testigos no nos dejan presentarlos, ni me quieren realizar el protocolo de Estambul. Solo están alargando el proceso, dejando que los días pasen, para así decir que ya no tiene caso que me hagan la prueba porque ya pasó mucho tiempo”.

Pero, aunque ya pasaron cinco meses, tanto July como su abogado señalan que apenas el pasado lunes 4 de abril fue nuevamente revisada por doctores del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio (CAE) en Xalapa, a petición de la comisión estatal de derechos humanos que abrió el expediente 822DOQ por este caso, que acreditaron que aún sufre continuos sangrados en la vagina, motivo por el que le recetaron medicamentos e inyecciones con el fin de cortar las hemorragias.

“Los médicos me dijeron que no es normal el sangrado continuo que tengo, y que incluso me puede dar anemia por tanta sangre que estoy perdiendo”, asegura July.

“Está sufriendo daños severos en prisión”, recalca el abogado Paratte. “Ha presentado sangrados internos continuos, y es obvio que una persona no está sangrando a cada rato. Y si lo hace es porque aun tiene daños de la agresión sexual de la que fue víctima”.

Además, el abogado recuerda que, en cuanto conoció el caso, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer de Veracruz, que abrió una carpeta de investigación por la presunta agresión sexual, y otras dos ante la Fiscalía anticorrupción y la fiscalía para delitos de tortura, que abrieron las carpetas 002/2021 y 63/2021, respectivamente, aunque por el momento se desconocen los avances de las pesquisas.

Lo único que se sabe oficialmente es lo que dijo la fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns, quien el pasado 24 de febrero, dos días después de la publicación del reportaje de este medio, aseguró por medio de un comunicado que la detención de July se produjo “con apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos”.

Aunque acto seguido, en ese mismo comunicado, matizó “que se sigue un procedimiento administrativo en contra de cuatro elementos que llevaron a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión (de July Raquel) con la finalidad de investigar cualquier falta al debido proceso en su actuar para que, en caso de ameritarlo, sea aplicada la sanción correspondiente y se proceda conforme a lo que dicta a la ley”.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político preguntó a la Fiscalía en qué estado se encuentra ese procedimiento administrativo y si los elementos investigados han sido separados de su cargo o si siguen en activo. Como respuesta, la Fiscalía señaló que el caso de July Raquel Flores y el del asesinato de la rectora se encuentran en proceso de investigación y que no harán declaraciones al respecto para no violentar el debido proceso.

Buscan investigar a hermano de detenida

Por otra parte, el abogado René Rodolfo Paratte asegura que tuvieron conocimiento de que la Fiscalía veracruzana también está investigando a uno de los hermanos de July Raquel por el caso de la rectora asesinada.

“La Fiscalía no tiene elementos para tener vinculada a July, y ahora nos resulta inaudito que también quieran investigar a un hermano. Creemos que es una cacería de brujas, como se dice coloquialmente. La Fiscalía se ha mantenido firme en mantener encerrada a July Raquel a cómo dé lugar”, denuncia el letrado.

Martín Flores, papá de July, mostró a este medio fotografías de la ubicación en tiempo real que ese 29 de junio, el día del homicidio de la rectora en Xalapa, su hijo le mandó a su pareja. De acuerdo con las imágenes, el hermano de July inició su ubicación en tiempo real a las 7.42 de la mañana cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, apenas una hora antes de que, a 300 kilómetros de distancia, asesinaran ese 29 de junio a la rectora.

Cabe recordar que a July Raquel la incriminan en el caso del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid por un coche Honda Civic blanco, que sí estuvo en el lugar del asesinato, y que July rentaba para dar servicio de chofer de Uber a un hombre de iniciales E.R.G con domicilio en el Estado de México.

Para incriminar a July, la única prueba que este hombre entregó a los ministeriales veracruzanos fue un contrato de compra-venta que los policías dieron por válido, a pesar de que al momento de interrogarlo, el pasado 30 de julio de 2020, los agentes tenían constancia de que quien aparecía ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) como dueño del Honda era este hombre y no July Raquel.

En la carpeta de investigación, a la que este medio también tuvo acceso, tampoco hay rastro de una factura de la compraventa del coche, ni de un comprobante de la transacción, ni un estado de cuenta con el supuesto ingreso por la venta, y no hay constancia por escrito de la presencia de un testigo en la firma, ni de un notario.

Por si fuera poco, la supuesta firma de July Raquel en el contrato es distinta a la que figura en su INE y en otros múltiples documentos que este medio tuvo a la vista. Incluso, es diferente a la que aparece en el acta que firmó July Raquel tras su aprehensión, y que forma parte de la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió en su contra, la 294/2020.

Además, testigos declararon por medio de oficios, de los que este medio guarda copia, que July Raquel estuvo trabajando haciendo labores de jardinería junto a su padre, hermano, y su pareja, el día del homicidio en un kínder de Cuautitlán Izcalli, a más de 400 kilómetros de donde fue asesinada la rectora, en Xalapa. Y aportaron copia de los chats que mantuvieron con ella ese día, e incluso el boucher de la transferencia bancaria que le realizaron ese 29 de junio por los trabajos de jardinería.

A pesar de lo anterior, la Fiscalía sostiene que July Raquel estuvo en el lugar de los hechos, basándose en el contrato de compra venta ya señalado, y en la declaración de varios testigos y los videos de la tienda de autoservicio.

Pero en estas pruebas también hay inconsistencias.

La más contundente: en las imágenes de la tienda que hay en el expediente del caso, se observa una mujer con una blusa de manga corta que le deja a la vista ambos brazos desnudos y limpios de tatuajes. July Raquel, en cambio, tiene hasta nueve tatuajes; cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas. De hecho, en su perfil de Facebook, que la Fiscalía investigó antes de detenerla, hay múltiples fotografías de ella con tatuajes en los brazos.

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