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Límites a la fusión Disney-Fox y posible vuelta de Fútbol para Todos: los millones de pesos que hay en juego

·16  min de lectura

"Todo tiene que ver con todo", decía Pancho Ibáñez, no por casualidad presentador del primer programa de la empresa que inventó el fútbol codificado en la Argentina.

La ligazón entre el deporte y la política no es un hecho nuevo ni exclusivo de un país, en razón de su potencial movilizador y comunicacional para la "generación de consenso", como dicen los politólogos. Y también por la danza de los millones involucrada.

Pero en la Argentina esta relación parece alcanzar el nivel de un alto asunto de Estado, donde terminan politizados hasta sus últimos detalles, con las consiguientes ramificaciones e impactos: propaganda y negocios con recursos públicos que dependen siempre de la discrecionalidad del poder político.

En los últimos días se produjeron dos hechos concurrentes: los condicionamientos impuestos en la Argentina por el organismo antimonopolio a la fusión global entre los gigantes Disney y Fox, concretada en 2019 y el proyecto legislativo kirchnerista para relanzar Fútbol para Todos.

Un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que debía ser avalado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, como efectivamente ocurrió, estableció que Disney debe desprenderse de sus contenidos deportivos más relevantes en Argentina.

Mientras tanto, el proyecto legislativo del kirchnerismo, impulsado por el senador Oscar Parrilli implicaría, de materializarse, una cuasiestatización de la tercera parte de los derechos del fútbol.

La fusión Disney y Fox tuvo condicionamientos en varios países, como Brasil o México (muy pocos en Chile) y aun en su lugar de origen, los Estados Unidos. En la Argentina, según el dictamen de la CNDC, se consideró que en esa fusión Disney se quedaría con 64% del share de las señales básicas de TV deportivas (hasta el momento eran Fox 32,7%, ESPN -Disney- 31,3% contra un 32,4% de Torneos -TyC- y un 3,4% de la estatal DeporTV).

Pero además Disney es titular del 50% de los derechos de la Liga Profesional Argentina de Fútbol (primera división, ex Superliga). El otro 50% es de TNT Sports, empresa de Warner-Discovery, spin off de la telefónica estadounidense AT&T.

TNT Sports quedó fuera de la compra que el grupo argentino Werthein hizo en 2021 del proveedor DirecTV Latin America. En cambio, en Torneos, AT&T sí vendió su parte —mayoritaria— a los Werthein.

Los derechos de la Liga Profesional conforman lo que fue el insumo del antiguo Fútbol para Todos (FPT), que a partir de 2009 implicó la compra por el Estado de los derechos de televisación de la AFA, a un precio casi tres veces mayor al que estaban dispuestos a ofrecer empresas privadas para transmitirlo por canales premium, como se hacía hasta entonces

Hasta su cancelación en 2016, FPT fue objeto de denuncias múltiples por sobreprecios, beneficio a productoras afines al kirchnerismo, gastos injustificados y el uso político de fútbol como sustento de propaganda. Varios de estos hechos son aun investigados por la justicia.

Los millones de pesos que hay en juego

El "pack futbol" implica el pago de derechos a la AFA por 45 millones de dólares para Disney y una suma similar para TNT, aunque los vencimientos de los contratos son distintos: para Disney el 2030 y para TNT 2022 (con opción a renovación hasta 2027).

Por otro lado, los sistemas de TV paga poseen aproximadamente 2 millones de abonados a dicho pack, lo que en un país en donde casi las tres cuartas partes de los hogares tienen 9,6 millones de conexiones a la TV por cable o satelital (ATVC y Enrique Carrier, datos para fines de 2021) no es una cifra desdeñable. Y aun cuando se hable cada vez más de "cord cutters" y "cord nevers" (quienes se desuscriben o nunca tuvieron TV paga).

Se estima que el "pack fútbol" recauda al día de hoy unos 2.000 millones de pesos al mes, por lo cual constituye un negocio interesante para las empresas de TV paga, pero también es fuente de ingresos para la AFA y los clubes de fútbol.

Fuera del "pack fútbol", la CNDC dice en su dictamen que las señales de Disney y ahora de su incorporada Fox —presumiblemente sólo las deportivas, aunque no lo aclara— representan el 20% (Personal/Flow, Telecentro u Claro), el 35% (Telefónica) y hasta el 50% en operadores pequeños del total que los sistemas de cable o satelitales pagan por el conjunto de todas sus señales básicas.

De acuerdo al dictamen de la CNDC, Disney tiene dos semanas para presentar una oferta de desinversión aceptable para la CNDC y la Secretaría de Comercio Interior. Y un año y medio para hacer efectiva esa desinversión.

Es decir, limitarse a 4 canales básicos, ofrecer las señales a los cableoperadores sin paquetización, no imponer condicionamientos de suscriptores mínimos y transferir a terceros los "contenidos fundamentales" como la Copa Libertadores o la Fórmula 1.

Mientras no lo hagan, Disney deberá dar acceso a esos mismos contenidos a la TV abierta. También a dos partidos del "pack fútbol" por fecha, uno de los cuales deberá ser de Boca o River, seleccionados por la CNDC por ser "los dos principales equipos en términos de convocatoria", dice el dictamen.

Se estima que el "pack fútbol" recauda al día de hoy unos 2.000 millones de pesos al mes

Si a los 18 meses no se efectiviza la desinversión, todas esas emisiones para TV abierta se extenderán por 5 años, casi un equivalente a inviabilizar el "pack futbol". Para muchos, es una invitación a una negociación amplia entre el gobierno y la empresa.

En conclusión, el dictamen de la CNDC le permitiría a Disney conservar el "pack fútbol" si su propuesta de desinversión cumple los condicionamientos. En cambio, si se aprueba el proyecto de Parrilli de cuasiestatización no compensada para transmisión abierta del 30% de los partidos, el valor del "pack fútbol" se diluiría hasta hacerlo impracticable.

Si no sale por ley, nada impide que pueda aprobarse por DNU o por decreto: es solo declarar la aplicación de un artículo de la ley de medios ya existente. Tampoco cabe descartar una posible judicialización del tema.

Al margen de todo esto, el gobierno podría también impulsar a una "empresa nacional" a comprar los "pack futbol". Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el gobierno preferiría abiertamente que eso ocurriera. ¿Telecentro, los mismos Werthein?

La postura nacionalista que se sensibiliza porque empresas extranjeras manejen las transmisiones deportivas resulta poco defendible en el actual mundo global. Importantísimos equipos de fútbol europeos son manejados por jeques árabes o millonarios rusos, quizás más cuestionables que el ratón Mickey o las películas de TNT. Y en una Francia siempre nacionalista, aun el París Saint Germain es propiedad de un fondo de inversión de Qatar.

De todas maneras, seguir viendo al fútbol como un asunto de Estado que justifique otro agujero por el cual se vayan dineros públicos o más discrecionalidad de "capitalismo de amigos" es más que incomprensible en una nación con el nivel de pobreza, deterioro y necesidades de Argentina: es un gol en contra del país.

FPT, en el centro de la polémica

Pese a tratarse de una actividad estatal, la información de FPT brindada fue siempre fragmentaria, pero la Auditoria General de la Nación calculó en 2018 que se gastaron sin ningún ingreso compensatorio unos 1.200 millones de dólares (en parte solventados por ANSES y el Banco Central).

La promesa inicial del ex y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández era que el programa "no le costaría un centavo" al erario.

Es lo mismo que explica hoy de su iniciativa el senador kirchnerista neuquino, quien pretende reactivar Futbol para Todos en una versión light y utilizando otros mecanismos.

En su proyecto, Parrilli —de cuya condición de alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner no queda ninguna duda— propone declarar de "interés relevante" un 30% de los partidos de la Liga Profesional, usando una poco conocida disposición de la ley de medios, lo que obligaría a trasmitirlos por TV abierta.

El artículo 77 la Ley 25622, en efecto, indica que el gobierno determinará cada año los "acontecimientos de interés relevante" que deberán transmitirse en "forma gratuita y en directo".

Esta facultad no implica estrictamente una estatización de los derechos de transmisión, pero obliga a cualquier titular de derechos televisivos de TV paga, sin compensación alguna, a cederlos, venderlos (o malvenderlos) de modo tal que se puedan emitir por TV abierta.

La disposición fue usada en forma generalmente limitada (por ejemplo, para partidos de la selección argentina o en Campeonatos Mundiales de Fútbol). Pero nada en la ley impide que se pueda declarar de "interés relevante" un número ilimitado de contenidos, a discreción del gobierno.

Es decir que, siempre de acuerdo al proyecto de Parrilli, los actuales titulares actuales de esos derechos (Disney y TNT) deberán vender obligatoriamente a la TV Pública los derechos de esos partidos.

Además, podrán hacerlo a cualquier otro medio privado interesado de TV abierta, siempre que uno de estos últimos no supere el 30% de la audiencia. Del proyecto se desprende que podrá insertarse libremente publicidad en cada etapa.

La diferencia con el antiguo FPT, es que en su primera encarnación los derechos fueron adquiridos completamente por el Estado a la AFA (sin necesidad de la declaración de "acontecimiento relevante") y eran cedidos discrecionalmente a los canales privados (excepto a los medios de Clarín). Estos canales no podían insertar publicidad, ni alterar la propaganda gubernamental incluida.

Al margen de esto, se denunció ante la justicia en 2020 que Fútbol para Todos incluía "publicidad pirata" a través de enfocar planificadamente las pantallas LED en los estadios. Este proceder habría beneficiado también a empresas encargadas de vender los segundos respectivos al margen de todo control, resultando en una defraudación al Estado —según la denuncia— por millones de dólares.

Parrilli propone ahora que los montos publicitarios del nuevo FPT vayan un 50% a desarrollo de infraestructura para poblaciones juveniles vulnerables (las mismas que hoy padecen un 54,3% de pobreza según el Indec), un 30% para la AFA y un 20% para la misma TV Pública.

Promesas similares se hicieron en oportunidad del primitivo FPT para "recuperar los goles secuestrados", pero ni siquiera los clubes de fútbol (a quienes la AFA debía distribuir el dinero) vieron mucho dinero.

Ningún sector vulnerable o necesitado se benefició tampoco de ningún aporte, salvo que con una gran dosis buena voluntad se considere el ahorro del premium para ver fútbol, aunque a veces por parte de personas que podían carecer de lo mínimo.

Por último, Parrilli propone la creación de una autoridad de aplicación para este proyecto, con "cargos de carácter extraescalafonario en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros", cuando ya existe el regulador Enacom para lo mismo.

Un dictamen de la CNDC estableció que Disney debe desprenderse de sus contenidos deportivos

¿Coordinación u oportunismo?

Habrá quienes piensen que las condiciones impuestas por CNDC y la propuesta de revivir Fútbol para Todos se trata de un acto coordinado. Otros supondrán que es una maniobra de oportunismo para montarse sobre un dictamen antimonopólico que al fin de cuentas es parecido al que se adoptó en distintos países.

El especialista en fusiones Marcelo Celani, de la Universidad Torcuato di Tella, dijo que la "CNDC subordinó la fusión Disney-Fox e impuso medidas conductuales adicionales". Esta posición, agregó, "está en línea con los cambios de aire a nivel internacional en materia de fusiones".

Sin embargo, no pueden dejar de considerase algunos hechos. Si la fusión propuesta entre Disney y Fox en principio "infringe el artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia 27442", como dice el dictamen de la CNDC, el propio Estado también infringe los artículos 18 y 19 de esa misma Ley, ya que tenía que crearse hace rato un organismo autónomo e independiente que reemplace a aquella comisión: la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Con un "blindaje" y designaciones por concurso para alejarla de presiones políticas (y empresarias), la ANC debió haber sido constituida hace cuatro años pero ni este gobierno ni el anterior lo hicieron. El incumplimiento de la ley es claro y continuo.

Para peor, el kirchnerismo presentó en 2021 un proyecto a través de la senadora camporista Ana Almirón, que recortaba sustancialmente la independencia de la aun inexistente ANC, así como los concursos de selección. Además, la colocaba nuevamente bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior.

Por lo tanto, sigue existiendo la anterior CNDC, organismo carente en lo legal de toda autonomía y que funciona como una mera oficina de dictámenes de la Secretaría de Comercio, a cargo de otro cristinista como Parrilli: el no menos polémico Roberto Feletti, implementador de los recientes congelamientos de precios.

Aunque los dictámenes de la CNDC en estas condiciones pueden aún ser correctos o razonables, nunca dejarán de ser discrecionales del principio al fin: los emite un organismo de que depende jerárquicamente de la Secretaría de Comercio Interior y los convierte en normativa el mismo secretario de Comercio Interior.

Esto significa una misma estructura, cuyo titular de aprobación es nombrado por el ministro del ramo, que a su vez es nombrado por el Presidente y, en la Argentina actual, sujeta también a la dualidad de poder que detenta la Vicepresidenta. Así, ese conjunto CNDC-SCI-Ministerio será juez, parte y fiscal al mismo tiempo. A través de una resolución de tercer nivel, se decide si una empresa accede, conserva o se desprende de negocios de millones de dólares.

Es cierto que la CNDC impuso, en lo sustancial, condiciones no muy diferentes a las de otros países para la fusión Disney-Fox. Pero la mayoría de los organismos antimonopolio en otros países son realmente independientes, al contrario del argentino.

Desinversiones y tramas políticas

Hay dos ejes en la cuestión. El primero es que el dictamen objeta que Disney termine controlando los 7 de los 9 canales de deportes que están en la grilla básica de la Argentina: los ya operados por Disney (ESPN, ESP2, ESPN3 y ESPN+) y los que eran de Fox incorporados a aquella por la fusión global de 2019 (FoxSports, Fox Sports2 y FoxSports3), con dos tercios de share.

Como remedio, el dictamen indica que Disney solo podrá tener un máximo de cuatro canales básicos deportivos "lineales" en la grilla, de modo que debía cerrar o deshacerse de tres. Esto no le costará demasiado, ya que desde la fusión los canales de Fox fueron vaciados de contenido, eliminéndose de ellos emisiones en vivo.

El otro eje son los canales premium que transmiten la Liga Profesional, que no están considerado en el cómputo anterior: Fox Sports Premium y TNT Sports, que compraron los derechos a la AFA desde que se canceló Futbol para Todos

Contrariamente a lo que muchos equivocadamente creen, el dictamen de la CNDC no dice que Disney deba desprenderse de los derechos de la Liga Profesional (excepto para la emisión de partidos de Boca Juniors y River Plate y hasta que se consume la desinversión). Los eventos de los que debe desprenderse son la Copa Libertadores, Champions League, Fórmula 1, el fútbol americano de la NFL, el World Rugby Seven y hasta el ATP250 de Córdoba.

Sin embargo, la obligación de ceder a a la TV abierta los derechos de Boca o River tendría por efecto inmediato la cancelación de muchos abonados del premium, el llamado "pack fútbol", afectando su ecuación económica.

En realidad, el dictamen convoca a Disney a una audiencia con la CNDC en 15 días, en la cual la empresa puede hacer una oferta para desinvertir y que podría ser (o no) transferir el "Pack" de su 50% de la Liga Profesional a una tercera empresa, pero ineludiblemente debe desprenderse de los otros acontecimientos deportivos importantes mencionados antes.

Mientras tanto, desde TNT Sports, titular del otro 50%, sus voceros dicen en privado que nada de esto la afecta. Disney y TNT Sports se turnan para emitir los partidos de Boca y River, que la última no debe ceder a la TV abierta ya que no es alcanzada por el dictamen. Sin embargo, es obvio que podrían verse afectados por cancelaciones masivas del "pack futbol".

El dictamen de 138 páginas no está publicado en el sitio de la CNDC, como correspondería, sino en el sitio del poder ejecutivo, argentina.gob.ar (una metáfora sobre la falta de independencia de aquel organismo). Tiene la fecha de 23 de diciembre de 2021, pero se hace efectivo ahora cuando el secretario Feletti lo convalida por Resolución 11/2022.

Previamente hubo un "informe de objeción", una suerte de predictamen del 5 de noviembre de 2020 (que es lo último que publicó la CNDC en su sitio) donde se determinaba que la operación era cuestionable desde el punto de vista de la concentración e intimaba a Disney a presentar "remedios".

Disney ofreció a lo largo de 2021 varias alternativas, ninguna aceptada por la CNDC: la última fue desprenderse de algunos eventos en favor de la española MediaPro —con quien ya hace negocios— pero la CNDC la rechazó por considerar que no alcanzaba a mitigar los efectos de la concentración.

En el interín, la AFA le renovó los derechos a Disney hasta el año 2030, culminando un fugaz conflicto entre la empresa y la entidad futbolística presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, cuando esta última intentó retirarle los derechos en forma unilateral pero breve en 2020. La AFA sostenía que la compra de Fox por Disney alteraba los términos del contrato.

Esa renovación a Disney implicó rechazar una oferta de Telecentro (el exdirigente peronista Alberto Pierri), aunque la AFA no informó oficialmente los montos.

Frente a denuncias que Telecentro había ofrecido 10 millones de dólares más, convirtiendo en inexplicable su condición de perdedora, se dijo extraoficialmente que las ofertas no eran comparables por las condiciones de pago. Hasta qué punto intervino la política en todo esto es cuestión de especulaciones.

El CEO de Disney, Diego Lerner, es amigo del expresidente Mauricio Macri. Asimismo, el periodista Enrique Sacco, pareja de otra figura del PRO, la exgobernadora María Eugenia Vidal, se incorporó el año pasado a la sección local de TNT Sports.

Bajo presión del gobierno, Disney cedió a la TV Publica algunos partidos de la Liga Profesional a partir de 2021. TNT Sports se resistió, pero más adelante cedió. En todo este proceso fue nada menos Sacco quien actuó como negociador de esta última señal.

Si bien en ambos casos se cedían los cotejos con la menor convocatoria, había quienes se preguntaban, invocando la "seguridad jurídica" (un término "horrible", dijo el entonces ministro Axel Kiciloff en 2014), ¿por qué una empresa debía regalarle al gobierno algo por lo que pagó legítimamente?

Algunos creen ver en todo esto una puja entre Macri (fútbol codificado) vs. Cristina Kirchner (Futbol para Todos) para expresarlo en términos de cancha o dialéctico-hegelianos, que por esta única vez coinciden.

Pero el asunto no es tan sencillo, porque el CEO de Disney es también cercano a Sergio Massa, a quien responde también Claudio Ambrosini. A pesar de carecer de todo antecedente y credenciales en temas de regulación de comunicaciones (solo realizó prensa y tareas afines), Ambrosini fue designado presidente del Enacom por influencia del presidente de la Cámara de Diputados.

Es por eso que una parte del gobierno no veía del todo mal la renovación del acuerdo AFA-Disney, más todavía después de la cesión de partidos a la TV Pública. Esto podría también explicar también la demora para solicitarle y para rechazar a Disney alternativas de desinversión. Y también podría explicar por qué el proyecto de Parrilli busca crea una autoridad reguladora del Futbol para Todos al margen del Enacom.

Sólo a partir de la presencia del cristinista Feletti en la secretaría de Comercio la CNDC comenzó a objetar la activamente la fusión en términos de concentración.

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