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La ‘agro-mafia’ de la UE, fraguada a base de subvenciones

El programa agrícola de la Unión Europea es uno de los mayores sistemas de subsidios a nivel mundial: distribuye cerca de 65.000 millones de dólares en ayudas a agricultores y comunidades rurales, suponiendo un 40% de los gastos totales de la Unión. Sin embargo, lo que debería suponer un salvavidas para las regiones agrarias, ha acabado convirtiéndose en la principal forma de subvención de las llamadas ‘mafias de la agricultura’.

Según una investigación de The New York Times, la mayoría de los subsidios agrícolas en la Europa de los 28 va a parar a un grupo de ‘oligarcas y mecenas políticos’, sobre todo, en Hungría, República Checa y Bulgaria. Un ejemplo de ello podría ser el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Durante su mandato, el gobierno de Hungría ha vendido propiedades agrícolas estatales a familiares, socios cercanos y conocidos, los cuales se benefician de las ayudas europeas. En República Checa, las empresas propiedad del primer ministro Andrej Babis han recibido casi 38 millones de euros en subsidios agrícolas.

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El programa agrícola de la Unión Europea es uno de los mayores sistemas de subsidios a nivel mundial. Foto: Getty Images.

Los gobiernos no han sido los únicos en gestionar los fondos de la UE de forma fraudulenta, puesto que ciertas organizaciones criminales también se han aprovechado de esta situación. La Oficina de la Lucha Europea contra el Fraude (OLAF), que investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la Unión Europea, investigó en 2018 a un grupo organizado que ofrecía ayuda a ganaderos de varios países para promocionar sus productos fuera de la UE. En realidad, este grupo se dedicaba a crear empresas pantalla o empresas fantasma, inflar los precios al máximo para recibir subsidios por servicios que no prestaban y, por último, blanquear las ayudas recibidas. Un ejemplo de la llamada ‘agro-piratería’, que también puede hacer uso de otros tipos de engaño, como los ‘rebaños fantasma’ o los ‘falsos granjeros’, siempre con el mismo objetivo: financiarse a costa de los fondos europeos.

¿Cómo reacciona la UE al respecto?

La Comisión Europea ha propuesto incrementar el presupuesto destinado a las ‘nuevas y urgentes’ prioridades para el periodo 2021-2027, lo que se traduce en un mayor gasto en investigación e innovación, juventud, economía digital, gestión de fronteras y seguridad y defensa. Se ha planteado reducir la financiación de la PAC (Política Agraria Común) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Cohesión entre un 5 y un 7%, a los que se destinarían 365.000 y 273.000 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, esta medida está lejos de solucionar el problema, puesto que no va a destinada a acabar con el fraude en ningún caso. Una reducción de las subvenciones no conlleva una reducción de su uso indebido, solo provoca que los grupos de oligarcas y las mafias amasen unas cantidades de dinero algo menores.

La OLAF ha criticado duramente esta situación, señalando la carencia de medidas efectivas por parte de la UE. Más que recortar en gastos, añade, se deberían intensificar los esfuerzos a la hora de castigar a los auténticos culpables, además de establecer reglas más estrictas para prevenir el uso fraudulento de los fondos en el futuro. Sin embargo, a pesar de la ventaja de poder realizar investigaciones independientes, el poder de esta organización es limitado, puesto que no puede hacer más que recomendaciones. Sus propuestas van a parar a investigaciones penales a nivel nacional, que acaban siendo desechadas en la mayoría de los casos, especialmente, en países con un alto nivel de corrupción institucional.

Por tanto, pese a que este sistema de subvenciones está alimentando la corrupción, se requiere una acción real, no solo sugerencias. Todo podría empezar por una revisión completa del programa. Sin embargo, cambiarlo requeriría la actuación conjunta de todos los miembros de la UE, algo que, cómo no, todavía no forma parte de los asuntos urgentes de Bruselas.

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