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Millones se quedarían sin hogar al levantarse moratorias de alquileres

BROOKLYN, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS – 05/07/2020: un manifestante sostiene una pancarta con el mensaje “Si no puedo pagar, no pago”. Inquilinos y activistas en defensa de la vivienda se reunieron en el parque María Hernández para celebrar un acto y marcharon por las calles de Bushwick para pedir al gobierno de la ciudad que cancele inmediatamente los alquileres debido a que, para muchos neoyorquinos, la situación económica sigue siendo la misma, sin dinero y sin trabajo (Foto de Erik McGregor / LightRocket a través de Getty Images).

Grupos de apoyo legal y activistas en defensa de la vivienda se preparan para un aumento de los desalojos a medida que los gobiernos comiencen a levantar las moratorias que aplazaban los pagos de alquileres para millones de inquilinos que han perdido sus empleos debido a la pandemia.

En Michigan, donde el estado tiene previsto levantar la moratoria el próximo miércoles, Ruthie Paulson ha visto un aumento del 76 % en las llamadas que ella ha recibido en el centro de llamadas 211, el cual brinda servicios sociales a quienes más lo necesitan. A nivel nacional, el volumen de llamadas ha aumentado un 200 %.

“Muchos de los inquilinos viven con miedo, día a día, sin saber si van a recibir un cheque de estímulo, sin saber si van a recibir una prestación por desempleo”, dice Paulson. “Saben que se acerca la fecha, cuando legalmente el propietario podrá conseguir una orden judicial para desahuciarlos oficialmente. Saben que no van a poder pagar ese dinero”.

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Los estados que ya han levantado la moratoria han visto un aumento brutal de los casos de desalojo. En Memphis, los tribunales del condado de Shelby tuvieron que hacer frente a un total de 9000 casos acumulados al reanudarse las audiencias el mes pasado. Según datos de Eviction Lab, en Milwaukee, las solicitudes de desahucio aumentaron un 15 % desde que se levantó la moratoria en la ciudad. En Columbus, Ohio, se ha reconvertido el centro de convenciones de la ciudad en una sede judicial donde se pueda respetar la distancia social para preparar la inminente ola de desalojos y personas sin hogar.

“En muchos sentidos, la ola ya ha empezado. Tenemos que trabajar para detenerla antes de que se convierta en un tsunami y ya llegamos tarde”, dijo Diane Yentel, presidenta de la Coalición Nacional para Viviendas de Bajos Ingresos. “Ahora estamos viendo una confluencia francamente terrible de un aumento de los desahucios en estados en los que están aumentando los casos de coronavirus”.

20 millones de inquilinos en riesgo de desahucio

Según el Proyecto de Defensa de los Desahuciados por COVID-19 (CEDP, por sus siglas en inglés), más de 20 millones de personas, es decir, uno de cada cinco de los 110 millones de estadounidenses que viven de alquiler, se encuentran en riesgo de desahucio hacia finales de septiembre. Si bien los cheques de estímulo económico y el seguro por desempleo han permitido a los inquilinos permanecer en sus hogares durante la pandemia, el cofundador del CEDP, Zach Neumann, dice que es probable que cambie drásticamente, ya que el seguro por desempleo ampliado se termina a finales de este mes.

Las familias negras y latinas son las que más riesgo tienen de ser desahuciadas, de acuerdo a Yentel.

Los que buscan ayuda no son solo familias de bajos ingresos, sino también jóvenes profesionales que ahora están sin trabajo.

“Hay mucha gente que tiene unos ingresos altos, en muchos casos de cinco cifras o seis cifras [los salarios]. No tienen muchos ahorros, han perdido sus trabajos o han sido despedidos temporalmente y no se les ha indemnizado, pero tenían unos alquileres que iban acorde a los salarios que ganaban”, dijo Neumann. “La cartera de clientes es económicamente muy diferente a la que era antes”.

Audiencias de desalojo realizadas por Zoom

La amenaza de quedarse sin vivienda coincide con un aumento preocupante en los casos de coronavirus en el sur y el oeste del país, lo cual deja a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad. Según Yentel, en Tucson, donde un aumento de las infecciones ha hecho alcanzar a los hospitales el máximo de su capacidad, los tribunales están procesando más de 52 casos de desalojo al día, una carga de casos entre dos y cinco veces mayor a la que atendieron en el mismo período del año anterior. Un aumento inquietante en los casos y hospitalizaciones por COVID-19 llevó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a retroceder en su plan de reapertura del mes pasado, pero las audiencias de desalojos avanzan en Zoom. Eso ha complicado aún más la defensa legal de los inquilinos afectados, ya que no tienen acceso a la tecnología.

Los derechos de los inquilinos varían en cada estado, condado o ciudad, lo cual solo crea más confusión. En algunas jurisdicciones, no poder conectarse con la audiencia mediante videollamada allana el camino a los propietarios para avanzar con el desalojo.

Con una audiencia a través de Zoom no siempre puedes acceder a un abogado, hablar con alguien que te pueda aconsejar para explicarte cómo funciona el proceso. Así que aumentan las probabilidades de no disponer de todos los derechos que contempla la ley o de no contar con representación legal”, dijo Neumann, quien ofrece apoyo legal a los inquilinos de Colorado. “Incluso antes del COVID ya era un gran problema: el 98 % de los propietarios iban al juicio con un abogado y solo el 2 % de los inquilinos hacían lo mismo. Esperamos que ese 2 % caiga incluso más, lo cual obviamente tiene sus consecuencias en todo el sistema”.

Se agrava la falta de viviendas

Los activistas en defensa de la vivienda dicen que la pandemia ha agravado una crisis de disponibilidad de viviendas asequibles que ya estaba atravesando el país antes del COVID-19. Yentel dice que ocho millones de hogares, o lo que es lo mismo, unas 25 millones de personas, estaban pagando al menos la mitad de sus ingresos en alquiler todos los meses.

“Cuando tienes unos ingresos tan limitados y ya estás pagando demasiado por tu casa, siempre estás al filo de no poder pagar el alquiler si surge una emergencia, exponerte a un desahucio y, en el peor de los casos, quedarte en la calle”, dice Yentel.

La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren presentó un paquete de leyes para ampliar la moratoria de 120 días en la Ley CARES de marzo de 2021. Aunque las disposiciones iniciales, que vencen el 25 de julio, solo cubren las viviendas asistidas por el gobierno federal, es decir, alrededor del 30 % de inquilinos en todo el país, la propuesta de Warren amplía el plan para incluir a la mayoría de los inquilinos.

Pero el hecho de que el Congreso esté en receso hasta el 20 de julio hace que cualquier medida se tome demasiado tarde para los inquilinos que viven en ciudades en las que las moratorias ya se han levantado.

“Estamos llegando tarde”, dice Yentel. “Lo que nos jugamos en este momento es mucho y cada día de inacción hace que las personas con bajos ingresos corran más peligro de perder sus hogares”.

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Akiko Fujita