Yahoo Finanzas La solución que nos enseña Portugal para resolver el problema de la vivienda y que levanta ampollas
El 2018 cerró en España con los precios de los alquileres un 9,3% más elevados que el año anterior. A pesar de que esto representa una subida mucho menor de la que se experimentó a finales del 2017 (un 18,4%), el hecho de que los precios continúen incrementándose es una fuente de preocupación para muchas personas. La idea de establecer límites a los precios se ha debatido con intensidad en los últimos años. Las propuestas, sin embargo, no han culminado en nada concreto a nivel nacional hasta ahora. Pero lo cierto es que la creciente inaccesibilidad a la vivienda, especialmente para la gente joven o en situación laboral precaria, es un problema grave.
Portugal, ante una coyuntura similar, ha decidido tomar medidas legales para frenar el crecimiento de los precios de las rentas. El elevado coste (superior incluso al de Madrid) no sólo ha afectado a los turistas de Lisboa u Oporto, sino también a los estudiantes y al resto de la población, culminando en protestas sociales de distinto tipo. Y tal como en España, los propietarios terminan prefiriendo alquilar a los turistas que visitan las ciudades lusas, antes que a residentes allí, para así poder adaptar el precio con más frecuencia e incluso subirlos de manera ágil y, muchas veces, desenfrenada.
En consecuencia, el gobierno de izquierdas de António Costa ha optado por limitar el precio del alquiler en función al tipo de vivienda, la zona donde se encuentre y los ingresos del inquilino, a través de una ley que entra en vigor el primero de julio. Para complementar los topes, se han establecido también incentivos fiscales para los propietarios que cumplan con la reglamentación, así como sanciones que penalicen a quienes la ignoren.
Mientras el Gabinete español se ha negado a implementar semejantes medidas alegando no disponer de suficientes datos sobre los valores de las propiedades, el Diario de la República, el equivalente portugués del Boletín Oficial del Estado, ha publicado un estudio a fondo para justificar los precios máximos. De esta manera, un piso de solo una habitación en Lisboa tiene un tope mensual de 900 euros, uno de dos 1.150 euros, uno de tres 1.375, uno de cuatro 1.550, uno de cinco 1.700 y, a partir de ese precio se podría cobrar hasta 150 más por cada estancia adicional.
Críticas a la medida
Las críticas a este tipo de medida son muy ácidas, tanto en Portugal como en España. La principal diatriba es que la medida atenta contra el libre mercado y por tanto puede tener repercusiones negativas. El Banco de España sostiene que “este tipo de medidas no sólo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles”.
Por su parte, Fernando Encinar, jefe de estudios del portal inmobiliario idealista, ha recordado que "en grandes capitales como París o Berlín, las restricciones han provocado que muchos propietarios hayan decidido retirar sus casas del mercado, algo que reduciría todavía más la oferta de viviendas disponibles para alquilar, o busquen maneras de cobrar de alguna manera la diferencia entre el precio máximo y la realidad del mercado. Siempre es peligroso intentar actuar en los precios de manera artificial”.
De todos modos, habrá que ver cómo resulta la iniciativa en Portugal, los obstáculos que se presenten y los efectos positivos y negativos en el mercado y en la población.
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