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La verdad sobre la remuneración de los expresidentes españoles

Jaime Quirós – “Rajoy renuncia a cobrar su sueldo vitalicio y sus privilegios”. Es la noticia que corría por medios de comunicación hace un mes y sorprendía a los españoles. Parecía que el expresidente se iba a ‘conformar con su pequeño sueldo’ de 200.000 euros anuales como Registrador de la Propiedad y renunciaba a exprimir sus privilegios, pero Rajoy no ha renunciado a nada.

Tampoco lo hizo ninguno de sus antecesores: Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Así lo ha confirmado Presidencia al portal Maldito Bulo, que presentó una petición de información pública a través del Portal de la Transparencia: “ningún ex presidente ha renunciado a la dotación y D. Mariano Rajoy la ha pedido“, y de momento está “pendiente de tramitación”.

España es uno de los únicos tres países del mundo desarrollado que paga a sus expresidentes y exministros después de dejar su cargo. Por el simple hecho de haber sido presidentes, tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia, a tener chófer, escolta y oficina con cargo a los Presupuestos, entre otros privilegios. Un gasto millonario, engrosado particularmente por la propia remuneración de los expresidentes y por los salarios de los funcionarios y personal de seguridad a su servicio. 

Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y que incluye, además del cobro del 80% de su salario durante dos años, el derecho a disponer de una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscribirán dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. De acuerdo con los datos del Portal de Transparencia, un nivel 30 de la Administración percibe 74.826 euros anuales y el nivel 18 está remunerado con 22.015 euros brutos anuales.

[También de interés: “El truco de Rajoy para no subir más la pensión a los jubilados”].

Foto: El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. EFE/Archivo

Los expresidentes tienen derecho a una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. En los Presupuestos de 2018 se incluye para estos gastos una partida de 223.740 euros, con lo que este año toca repartir cerca de 60.000€ euros para cada uno.

Tienen garantizado asimismo el derecho a entrar en el Consejo de Estado con una remuneración de 100.000 euros anuales. Una posibilidad que de momento sólo ha aprovechado Zapatero y que es incompatible con cobrar de la empresa privada, opción elegida en su día por González y Aznar, en nómina de varias compañías.

El Estatuto establece que el Gobierno deberá poner a disposición de los expresidentes un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado y los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios. Normalmente son vehículos de alta gama con todos los extras, más el gasto en gasolina, seguro, mantenimiento… El coche difícilmente bajará de los 100.000 euros, a lo que hay que sumar el sueldo de los conductores y guardaespaldas.

Además existen otras prebendas cuyo coste es difícil de ponderar, como el ‘pase libre’ en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado o apoyo diplomático de las embajadas cuando viajen al extranjero.

El problema de los privilegios presidenciales exagerados no es que se acepten o se rechacen, es que son muy atractivos y hace falta valor para renunciar a ellos. Teniendo en cuenta que estas dotaciones especiales no existen en los países de nuestro entorno, posiblemente lo más sensato sería reducirlas al mínimo o incluso eliminarlas.

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