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Legislatura estudia permitir a Florida transportar inmigrantes desde cualquier lugar del país

Migrantes, con los rostros oscurecidos, afuera del avión que los transportó de Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts. Los contribuyentes de la Florida pagaron el vuelo chárter.

Ante varias demandas que cuestionan la operación encubierta del gobernador Ron DeSantis para reubicar a migrantes desde la frontera de Texas hasta Massachusetts, la oficina del gobernador ahora quiere que los legisladores revisen la ley para eliminar las disposiciones potencialmente inconstitucionales y dar al gobernador más autoridad para usar los fondos de los contribuyentes para transportar a los migrantes por todo el país.

Un borrador de propuesta redactado por la oficina del gobernador y proporcionado a los legisladores crearía un nuevo estatuto para establecer el llamado Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados que permitiría al estado usar fondos de los contribuyentes “con el fin de facilitar el transporte de extranjeros no autorizados inspeccionados, dentro de Estados Unidos, en consonancia con la ley federal”.

La propuesta será considerada durante un período especial de sesiones la próxima semana que también abordará la legislación para revertir su decisión de disolver el distrito fiscal especial de Walt Disney World y más bien aprobar una junta estatal para supervisarlo. También se pedirá a los legisladores que solucionen los problemas de una ley estatal relativa a los deportistas universitarios que suscriben contratos promocionales y que aprueben leyes que aclaren el papel del estado en la fiscalización del fraude electoral, según los memorandos de la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, y del presidente de la Cámara, Paul Renner.

Si los legisladores aprueban la nueva medida sobre la inmigración, la Florida podría transportar a inmigrantes a cualquier lugar del país si estos se ofrecen voluntariamente para ser reubicados y muestran documentación que acredite que han sido procesados y liberados por el Departamento de Seguridad Nacional tras cruzar ilegalmente la frontera.

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El borrador de la propuesta, obtenido por el Herald/Times, se apartaría de lo que está en vigor actualmente. En lugar de especificar que los migrantes tienen que ser reubicados “desde este estado” —un mandato que el estado no ha cumplido—, DeSantis está proponiendo que los migrantes estén “dentro de Estados Unidos”.

En el borrador de la propuesta, la oficina de DeSantis argumenta que el programa es necesario porque el gobierno federal ha “fallado en asegurar la frontera de la nación y ha permitido que una oleada de extranjeros no autorizados entren a Estados Unidos infringiendo la ley”.

También argumenta que la situación en la frontera ha “producido efectos perjudiciales” para el estado, como el aumento de los costos para los floridanos a través de servicios que incluyen la educación y la asistencia médica. El mismo argumento se ha esgrimido en una demanda federal que la Florida presentó contra el gobierno del presidente Joe Biden, pero la capacidad del estado para demostrar los perjuicios durante un juicio de cuatro días celebrado el mes pasado sigue siendo indeterminada.

El senador demócrata Jason Pizzo presentó una demanda en la que acusaba al gobernador de la Florida de usar ilegalmente fondos de los contribuyentes para transportar por avión a inmigrantes desde Texas hasta Martha’s Vineyard, Massachusetts, en septiembre pasado.

Dijo que el proyecto de ley propuesto es un esfuerzo para hacer que su demanda sea discutible y “ampliar la autoridad [del gobernador] porque ahora ya no requiere que haya un nexo directo con la Florida”.

Pero reemplazar la ley que requería que el dinero se usara para sacar en avión a los migrantes de la Florida con una estipulación que permita al estado reubicar a los migrantes en cualquier parte del país, “es un problema mayor”, dijo Pizzo. “Ahora él [DeSantis] puede gastar dinero en los esfuerzos de reubicación a Idaho si le da la gana”.

Dijo que se ha redactado un proyecto de ley para que el período especial de sesiones reemplace la legislación fallida aprobada el año pasado.

La Florida ha pagado $1.5 millones a una empresa con sede en Destin y con conexiones políticas para que volara dos aviones con migrantes venezolanos en su mayoría, incluidos niños, a Massachusetts desde Texas. La Florida trató de enviar un segundo vuelo, pero después de un intenso escrutinio de los medios y una investigación de un jefe de Policía de Texas, el vuelo fue cancelado.

Los registros obtenidos por el Florida Center for Government Accountability, el Miami Herald y otras organizaciones de noticias han arrojado luz sobre la operación encubierta que involucra al personal del gobernador, que trabajó con el proveedor de servicios de transporte Vertol Systems Company para eludir el requisito presupuestario de que la Florida usara el dinero para enviar los migrantes fuera de la Florida, no a los que vivían en algún otro estado.

La administración de DeSantis parece haber frenado sus esfuerzos de reubicación y ahora cuenta con más de $10 millones para seguir transportando migrantes. El miércoles, el gobernador dio a conocer su propuesta de presupuesto para 2023-24 y está pidiendo a los legisladores estatales que aprueben otros $12 millones para trasladar a migrantes de todo el país.

Los vuelos han sido denunciados como un truco político por los críticos del gobernador y, al mismo tiempo, ayudaron a DeSantis a cimentar su estatura como un firme conservador entre los electores republicanos mientras estudia una potencial candidatura a la presidencia en 2024.

Un juicio en la demanda de Pizzo estaba programado para el 30 de enero, pero fue pospuesto debido a una enfermedad del juez. La oficina del gobernador presentó una petición de juicio sumario para aplazar el caso otros 40 días.

Pizzo dijo que el gobierno de Biden debería intervenir y decirle a la Florida que deje de involucrarse en una función federal —la inmigración y la detención— porque esa actividad viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal, que sostiene que la ley federal tiene precedencia sobre las leyes estatales en conflicto.

“Yo argumentaría que el gobierno federal tiene plena competencia y autoridad sobre la inmigración, no ustedes”, dijo. Al trasladar a Martha’s Vineyard a 49 inmigrantes solicitantes de asilo en Texas, el estado de la Florida los dejó fuera de los procedimientos federales de inmigración, argumentó. “Efectivamente los volvieron incapaces de comparecer cuando sea necesario ante un tribunal de Texas”.

Pizzo sostiene que la ley de asignaciones estatales de 2022-23 que financió los controvertidos vuelos usó indebidamente el presupuesto para crear un nuevo programa sustancial en lugar de autorizarlo mediante una ley independiente. Bajo los antiguos principios de la Constitución de la Florida, las políticas y programas sustanciales deben ser autorizados primero en una ley separada para que puedan ser ampliamente discutidos y revisados por los legisladores.

DeSantis firmó el presupuesto el 8 de junio, incluyendo la disposición que asigna $12 millones en intereses percibidos del estado sobre los fondos de asistencia por el COVID para pagar por “servicios de reubicación” a cargo del Departamento de Transporte de la Florida “para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados desde este estado”.

Cuando se les preguntó en repetidas ocasiones sobre si los vuelos fueron ilegales según la ley estatal, los legisladores han esquivado las preguntas. El mes pasado, la comisión del Senado encargada de supervisar el presupuesto del Departamento de Transporte estatal se abstuvo de preguntar al secretario del Departamento, Jared Perdue, sobre los vuelos encubiertos.